Rebajan la pena para las acusadas y abren alternativas para Triana y Raquel

La Fiscalía ha ofrecido este lunes una rebaja de pena de un año para las tres acusadas del asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, Montserrat González, su hija Triana Martínez y la policía local Raquel Gago, aunque ha abierto la alternativa de cómplice para las dos últimas e incluso de encubridora para la agente.

El fiscal, Emilio Fernández, ha avanzado en la ultima jornada del juicio, durante la lectura de las conclusiones definitivas, que rebaja un año la pena para Montserrat González, autora confesa del asesinato, así como para su hija, Triana Martínez, y para Raquel Gago, por lo que pasaría de 20 a 19 años.

A estos 19 años habría que sumar otros tres por un delito de tenencia ilícita de armas para cada una de las acusadas en el primera alternativa que ha ofrecido al jurado. No obstante, el fiscal ha ofrecido al jurado otras dos alternativas para que Raquel Gago "sea condenada" porque está "convencido de su implicación en el crimen".

La segunda opción pasa por condenar a Raquel Gago y a Triana Martínez a doce años de prisión como cómplices de asesinato. Finalmente, ofrece como alternativa que Raquel Gago sea condenada a tres años de prisión como encubridora de asesinato.

En ambos casos, habría que sumar otros tres años por el delito del tenencia ilícita de armas para cada una de las tres acusadas.

Fernández ha insistido en varias ocasiones en que con estas opciones lo que pretende es "darles otras posibilidades a los miembros del jurado" para que las tres acusadas por asesinato de Isabel Carrasco sean condenadas.

"Sigo pensando lo mismo que al inicio del juicio, y como no quiero que queden absueltas, les doy estas tres alternativas", ha apostillado el fiscal, quien ha proclamado que no puede arriesgarse a que Triana y Raquel queden absueltas.

"Para mi, las tres han cometido los delitos de asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas, porque las pruebas que aquí se han sustanciado así lo indican", ha remarcado Fernández.

No obstante, ha señalado que para la rebaja de la pena por un asesinato ha tenido en cuenta como atenuante de reparación del daño, la consignación que Montserrat González y Triana Martínez han hecho de 77.622 euros como indemnización a la hija y a la pareja de la víctima.

El fiscal ha llamado la atención del jurado sobre la "incongruencia" de las declaraciones de las acusadas y ha advertido de que desde el principio de la vista quedó claro que Montserrat González ha querido asumir toda la culpa para exculpar a las otras dos acusadas.

Pese a ello, ha insistido en que considera que la participación de Triana y Raquel en el asesinato "es clara" como apuntan las numerosas pruebas analizadas durante el juicio.

Fernández ha sostenido que Montserrat, Triana y Raquel se pusieron de acuerdo para matar a Isabel Carrasco y "todas tienen la misma responsabilidad".

Para ello, las tres planificaron el crimen, hicieron seguimientos a la dirigente política del PP, y realizaron búsquedas en internet para comprar el arma que acabó con la vida de Isabel Carrasco.

Según el fiscal, carece de toda credibilidad la nueva declaración de Montserrat en el juicio en la que afirma que tiró el bolso con el arma en un garaje y que allí lo recogió su hija.

Ha insistido en la culpabilidad de Raquel Gago porque "no se puede creer" lo que ha declarado en el juicio.

"¿Qué hacía esperando junto a su coche en la calle Lucas de Tuy el día del crimen?" se ha preguntado el fiscal, quien no ha dudado en responder que estaba esperando a su amiga Triana para esconder el arma homicida.

También ha llamado la atención sobre que no dijera a nadie que estuvo tomando café con Montserrat y su hija el día del crimen y que el encuentro con la segunda minutos después del asesinato fuera casual.

La ausencia letrado de Raquel fue delito y pide "justificación"

El fiscal ha afirmado que la ausencia el 27 de enero del letrado Fermín Guerrero, que representa a una de las acusadas, fue "un delito" y ha pedido que la "justifique".

Fernández ha cerrado su intervención con la reclamación de que este letrado "justifique de manera adecuada" lo ocurrido porque, ha advertido, en caso de que no pueda hacerlo habrá incurrido en un delito.

"Su ausencia sin ninguna justificación obligó a suspender el juicio y a mí no me basta con una simple disculpa. Es necesaria una justificación al jurado, al fiscal, a León y a toda España que seguía con expectación este juicio", ha apostillado el fiscal.

El letrado murciano Fermín Guerrero, que representa a la agente de policía local Raquel Gago en el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, no asistió al juicio el 27 de enero y, tanto su ausencia como la imposibilidad de contactar por ningún medio con él, levantó una gran alarma.

Fue registrada la vivienda en la que duerme durante los días del juicio y decenas de policías locales lo estuvieron buscando por toda la ciudad hasta que pudo ser localizado a primera hora de la tarde.

Tras ser localizado en una céntrica calle de León por una patrulla de la Policía Local, el letrado fue trasladado a Comisaría, donde declaró que su desaparición había sido voluntaria y se debía exclusivamente a "motivos personales imprevistos" y ajenos a su voluntad". También negó que la ausencia se debiera a ninguna estrategia legal ya que "no beneficiaría en nada" a su patrocinada.

Al día siguiente, tras la reanudación de la vista oral, el abogado pidió perdón en la sala y dijo que había dado las pertinentes explicaciones al presidente del tribunal y a su defendida, quien mantuvo su confianza en el letrado.

Guerrero tendrá que ofrecer esas explicaciones por escrito en una pieza independiente de la causa para determinar si ha incurrido en alguno de los delitos recogidos por la ley para estos casos.

El abogado se enfrenta a una difícil situación si las causas que originaron su ausencia de la vista no están lo suficientemente justificadas.

Si no estuviera argumentada, el Colegio de Abogados de León le abriría un expediente sancionador y se daría traslado del mismo al Colegio Oficial de Abogados de Murcia y, dependiendo de la medida, incluso al resto de colegios de España.