Pujol revela una carta de la fundación del Palau al juez que exoneraría a CDC
El líder de CDC pone en cuestión la existencia de un "delito" por parte del partido y considera que él y el mismo son "víctimas".
Barcelona/El secretario general de CDC, Oriol Pujol, ha revelado que la fundación privada Orfeó Catalá-Palau de la Música y la Asociación Orfeó Catalá han remitido una carta al juez en la que manifiestan que "no tienen nada que exigir a CDC".
En su comparecencia en la comisión de asuntos institucionales del Parlament, solicitada por ERC -sin el apoyo de PSC, PPC e ICV-EUiA, que pedía que el encargado de dar explicaciones fuese el presidente de la Generalitat, Artur Mas-, Pujol ha argumentado que esta comunicación formal, de la que ha tenido conocimiento este viernes, exonera a CDC de toda responsabilidad en el caso Palau.
Además de poner en cuestión la existencia de un "delito" por parte de CDC, según Pujol, la carta remitida al juez pone en duda que de hecho exista alguna "víctima" de la actuación de su partido a la que habría que "compensar", por un importe como el que "se ha obligado a CDC a depositar en forma de fianza".
Convergéncia tuvo que depositar la semana pasada una fianza de 3,2 millones de euros para responder judicialmente por las acusaciones que le vinculan con el caso del desvío de fondos del Palau de la Música y su supuesta financiación ilegal a través de comisiones pagadas por empresas a cambio de adjudicaciones.
En su comparecencia, Pujol ha detallado el contenido del recurso al auto del juez, en el que se declara a CDC como responsable civil "a título lucrativo" del expolio del Palau de la Música.
"Pedimos al juez que deje sin efecto la declaración de CDC como responsable civil", ha afirmado Pujol, que ha insistido por tres veces en remarcar que su partido "nunca se ha lucrado ni de la fundación del Palau de la Música ni del Orfeó Catalá". El recurso presentado por Convergéncia para "defender su honorabilidad" se sustenta sobre tres argumentos principales.
El primero es, según CDC, la "inexistencia de indicios documentados y la debilidad de las pruebas" contenidas en el auto, donde se hace una "aplicación forzada" para llegar a la cifra de 3,2 millones de euros de fianza, que es la cuantía económica estimada del beneficio supuestamente obtenido por el partido.
En este sentido, Pujol ha recordado que el exresponsable de finanzas de CDC Daniel Osácar ha sido imputado "sin conocerse el hecho que se le imputa". En segundo lugar, Convergéncia alega "ausencia de motivación" e "indefensión", ya que el origen de la responsabilidad civil sería un delito de cobro de comisiones por adjudicación irregular de obra pública a la empresa Ferrovial, pero este aspecto que planteaba el fiscal resulta que, "en el auto, el juez no lo determina".
Por último, el recurso considera imposible determinar "quién es la víctima a la que hay que compensar" por la actuación de CDC, como según Pujol demuestra la carta del Orfeó Catalá-Palau de la Música y la Asociación Orfeó Catalá dirigida al juez que investiga el caso.
Arropado en la sala de comisiones por el secretario general de la Presidencia y vicesecretario general de CDC, Francesc Homs, Pujol ha intentado rebatir a quienes, con el argumento de que él no ostentaba ningún cargo de máxima relevancia en el partido cuando se produjeron los hechos investigados, no querían que fuese él quien acudiese al Parlament para explicarse por el caso Palau y exigían oír a Mas.
"Cualquier secretario general de un partido asume todo el legado histórico que pueda arrastrar la organización, para lo bueno y para lo malo", ha razonado, una reflexión que no ha convencido al PSC, que en señal de protesta por la negativa de Mas a comparecer ha renunciado a su turno de preguntas a Pujol: "Esta comparecencia es una farsa", ha exclamado el diputado socialista Jordi Terrades.
Antes de la intervención de Pujol, la comisión ha sometido a votación la petición de ERC e ICV-EUiA para que compareciese también el conseller de Interior, Felip Puig, ex secretario general adjunto de CDC y ex conseller de Política Territorial y Obras Públicas, pero ni PSC ni PPC han apoyado la idea.
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