Puigdemont, a un paso del precipicio del 155
El desafío independentista
Tras negociaciones a varias bandas y anuncios frustrados de elecciones, el 'president' se corrige a sí mismo
El Gobierno quería la certeza de que convocar elecciones supondría la renuncia a la independencia
Miquel Iceta asegura que hay tiempo hasta la tarde de hoy y se ofrece a acompañar a Puigdemont al Senado
Barcelona/Carles Puigdemont se tuvo que rectificar a sí mismo. El Gobierno pondrá en marcha este viernes el artículo 155 después de que la negociación abierta con la Generalitat a varias bandas fallase de modo estrepitoso. El Senado dará este viernes el visto bueno. Eso ya es seguro, Rajoy destituirá al Govern con independencia de lo que este viernes haga el Parlamento autonómico, instalado en una comedia de tintes trágicos que pondrá un paréntesis en el autogobierno de Cataluña. Hoy se puede declarar la independencia; sí, eso parece, pero podría ocurrir lo contrario, Puigdemont está sobrepasado. Después de un día entero en el que el presidente de la Generalitat había amagado con convocar unas elecciones anticipadas para dar fin al proceso independentista y evitar el artículo 155, después de dos convocatorias retrasadas, después de que el Íbex votase de alegría ante informaciones fallidas, Puigdemont rompió de nuevo la baraja, no hubo acuerdo.
Una fuente socialista, que estuvo todo el día pendiente de los mensajes cruzados, explicó que la "desconfianza mutua" hizo imposible que se abriese la solución, que pasaba por introducir una enmienda en el dictamen que paralizaba la aplicación del 155 si Puigdemont convocaba elecciones autonómicas.
El líder del PSC, Miquel Iceta, que ha sido clave en esta negociación, todavía explicaba anoche en el Pleno del Parlament que aún hay tiempo. "Si usted decide ir al Senado [por este viernes viernes], yo le acompañaría, aunque no estuviese de acuerdo con su discurso, yo no me puedo rendir y usted, tampoco", le dijo. El portavoz del PP, Xavier García Albiol, le animó a lo mismo: "Vaya al Pleno del Senado, aún hay tiempo". No sólo a Puigdemont le interesaba paralizar el 155, hay quien opina en el Gobierno central que la ejecución va a ser muy difícil, si no imposible, y en el Govern son conscientes de que esa inseguridad existe. Sin embargo, también hay un sector del PP que desea rehacer la historia, parar los pies a los independentistas con una reforma legal para impedirles presentarse a unas elecciones y rectificar el proceso de catalanización en las escuelas.
Media hora antes del mediodía, Puigdemont había aceptado un acuerdo propuesto por el lehendakari Urkullu, mediador entre Madrid y Barcelona. Se iban a convocar elecciones para el día 20 de diciembre, pero a cambio Puigdemont quería la seguridad de que no se iba aplicar el 155, de que las Fuerzas de Seguridad del Estado destinadas estas semanas a Cataluña se iban a retirar y de que los líderes encarcelados de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium recibirían un trato de favor.
La Fiscalía se negó a la puesta en libertad que este jueves pidieron las defensas. Puigdemont creyó tener el acuerdo, citó a los medios a las 13:00 y anunció a sus socios de ERC y de la CUP que la legislatura se acababa. Pero cambió de opinión. Desde el Govern se explica que no han tenido "las garantías necesarias" para celebrar las elecciones. Lo que se cuenta desde la Generalitat es que el PDeCAT habría tenido que renunciar a la independencia como programa de gobierno, de modo que si se alcanzase una mayoría con ERC y la CUP en la nueva Cámara los antiguos convergentes no reiniciarían elprocés. Ya a las cinco de la tarde, el presidente arrojó el bidón de agua fría sobre los moderados y dio más oxígeno a los asfixiados hiperventilados, que lo ponían de botiflers por las calles. El calificativo, tremendamente despectivo, se refiere a los catalanes que apoyaron a Felipe V en la Guerra de Sucesión.
Así lo explicó: "Corresponde al Parlamento decidir cómo responder al artículo 155, nadie tiene derecho a quitar a la parte catalana la voluntad de diálogo, pero una vez más comprobamos que sólo se nos exige la responsabilidad a nosotros".
En su comparecencia, admitió las negociaciones con el Gobierno a través de intermediarios: "He considerado la posibilidad de convocar elecciones, es mi potestad y diversas gentes me han interpelado a ello; mi voluntad es agotar todas las vías, pero no se dan las circunstancias para celebrar las elecciones con todas las garantías". "No acepto estas medidas que esconden las ansias vengativas de un Estado", manifestó desde la sede del Palau de la Generalitat.
La medida es una derrota de los moderados del PDeCAT; en especial, del ex presidente Artur Mas, del consejero de Empleo, Santi Vila -que dimitió anoche- y de la coordinadora general del partido, Marta Pascal. "Puigdemont se ha visto superado por la situación, y lo confió todo en este núcleo duro", explicaba un parlamentario de ERC en el Parlament. Al poco de saberse esta posibilidad, ERC advirtió que rompería el pacto de gobierno y la CUP comenzó a enviar a manifestantes a la sede del PDeCAT. El diputado republicano Rufián los acusó de venderse por "155 monedas" y hasta dos parlamentarios del PDeCAT anunciaron la dimisión de sus escaños. Puigdemont volvió a rectificar, a pesar del ridículo en el que ha incurrido.
El Pleno que se había convocado en el Parlament se recuperó, pero Puigdemont no intervino, tal como estaba previsto. Con gesto cansado, descompuesto, asistió a una sesión donde era evidente la ruptura de la confianza entre el PDeCAT y ERC. Los socios tampoco se fían del otro y no digamos la CUP.
Entre las razones de Puigdemont para intentar llegar a un acuerdo no sólo figura la paralización del 155, sino la difícil situación penal a la que se enfrentará si declara la independencia.
En las reuniones que hubo durante la madrugada del jueves en el Palau de la Generalitat se llegó a hablar de la opción de que el presidente solicitase asilo en la Embajada de Bélgica. Si hay proclamación, la Fiscalía actuará por un delito de rebelión contra el presidente, pero también es posible que persiga a los diputados que voten a favor en caso que esta propuesta se someta a voto. Éste es otro de los asuntos que divide al bloque soberanista. La CUP y ERC no quieren votar porque entienden que ya hay un mandato de las urnas que es vinculante. De hecho, la ley del referéndum, anulada por el Constitucional, sostiene que la república será proclamada una vez conocidos los resultados.
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