Prisión sin fianza para Francisco Granados y su socio

El juez Eloy Velasco ha ordenado la prisión provisional sin fianza para el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y para el empresario de la construcción David Marjaliza, quienes han sido interrogados por el magistrado.

Granados ha contestado a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales del caso durante dos horas de esta mañana, y ha negado negocios en común con Marjaliza, quien se ha negado a declarar.

Así, Granados ha negado ante el juez el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y ha asegurado que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad del empresario y presunto conseguidor de la trama de corrupción desarticulada de la operación Púnica, David Marjaliza, según fuentes de la defensa. Granados ha explicado que abrió una cuenta en Suiza en 1996 porque su agente se cambió de banco pero en el año 2000, un año después de su elección como alcalde de Valdemoro, la cedió a Marjaliza y recuperó los 320.000 euros que tenía en este depósito. Según su versión, el banco no le dejó cerrar la cuenta y le pidió que llevara a otro titular, para lo que eligió a Marjaliza, de quien es amigo desde el colegio.

El ex dirigente popular también ha negado haber realizado negocios u operaciones comerciales con Marjaliza, y ha señalado que la transferencia de 1,6 millones que la Fiscalía de Laussanne (Suiza) detectó en 2013 y que motivó la apertura de la investigación por parte de Anticorrupción es en realidad un traspaso que el empresario habría realizado entre dos de sus cuentas. En los últimos meses, además, Marjaliza habría regularizado sus fondos presentando una declaración fiscal complementaria.

La defensa de Granados, que dirige el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, ha destacado tras el interrogatorio la debilidad de los indicios probatorios que existen contra su cliente en relación con la documentación que se le ha exhibido y los pinchazos telefónicos a los que fue sometido. También ha negado haber mediado para favorecer a la empresa Waiter Music, que dirigía el empresario José Luis Huerta, y ha dicho que la única relación que tuvo con él es que le contrató para celebrar la comunión de uno de sus hijos, según fuentes de su defensa. Granados también ha negado que firmara un contrato de compra-venta con la constructora Dico, que operaba en Valdemoro, para adquirir un chalé con un precio superior a los 300.000 euros. Según fuentes de su defensa, al dirigente popular le ofrecieron el inmueble aunque lo rechazó por entender que no le convenía adquirir una vivienda tan lujosa en el municipio. La vinculación del ex dirigente popular con este inmueble fue desvelada por el director financiero de Dico, David Merino, en 2008 en una declaración realizada ante un notario de Madrid en la que sugería que el inmueble nunca fue pagado por el ex alcalde. El empresario aseguró que no sabía si Granados vivía en él o se lo vendió posteriormente a Dico, "o si al final cuando se escrituró, lo escrituró a un familiar suyo, probablemente una hermana".

Según el juez, las "redes clientelares de tráfico de influencias" de la organización de la que formaba parte Granados se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado apuntan que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

Granados y Marjaliza solicitaron anoche comparecer ante el juez de guardia para que se revisara su situación y se les pusiera en libertad, peticiones que les fueron denegadas en la madrugada, por lo que se encuentran en situación de detención judicial. Tanto el ex consejero como el constructor han sido trasladados esta mañana a las 08:30 a la Audiencia Nacional.

Tanto las defensa del empresario como la del político recurrirán ante el Tribunal Constitucional la prórroga de prisión de 72 horas dictada el pasado miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, informaron fuentes de su defensa. El letrado de Marjaliza, José Antonio Choclán, tiene previsto alegar ante el Constitucional que la decisión del magistrado de prorrogar hasta este viernes el plazo de detención policial de 72 horas, que fue prolongado mediante una orden judicial, supuso una vulneración de los derechos constitucionales de su cliente. De igual forma, la defensa del constructor recurrirá en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto del juez Velasco por el que se prolongó su periodo de detención.

Velasco ya envió a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a uno de los supuestos cabecillas y "conseguidor" de contratos públicos de la trama, Alejandro de Pedro Llorca.