El PDeCAT rechaza la subida del IRPF a las rentas de más de 150.000 euros
Negociación de los Presupuestos
Los independentistas prefieren que se refuerce la lucha contra el fraude fiscal
Sánchez descarta la propuesta de Podemos de subir los impuestos a los que ganen más de 60.000
Madrid/La negociación de los Presupuestos Generales entre el Gobierno y Unidos Podemos ha experimentado un gran avance con la disposición del Ejecutivo socialista a elevar el IRPF a las rentas altas, pero la idea la rechaza de plano otro de los aliados de Pedro Sánchez, el PDeCAT, que ni siquiera la respalda para las rentas superiores a los 150.000 euros anuales.
El portavoz del grupo independentista catalán, Carles Campuzano, ha advertido de que su formación no es partidaria de subir impuestos y que, en vez de propuestas "simbólicas" como la que negocian el Gobierno y Podemos para elevar el IRPF a las rentas más altas, prefieren reforzar la lucha contra el fraude fiscal, porque "en España hay demasiados ricos que no pagan y demasiada económica sumergida".
El PDeCAT se queja además de que no tiene interlocución con el Ministerio de Hacienda pese a que, según advierte, "la mayoría está complicada" y el Gobierno de Sánchez necesitará más votos.
El presidente del Gobierno rechaza rotundamente que pretenda subir el IRPF a quienes tengan un sueldo anual de 60.000 euros (que es a partir de donde Unidos Podemos quiere enmarcar la subida del IRPF) y garantizó que no se va aumentar "ni un céntimo de euro" la fiscalidad a la clase media trabajadora.
Sánchez hizo estas consideraciones en la conferencia de prensa que ofreció el jueves en Bogotá junto al presidente de Colombia, Iván Duque.
Ante ese debate provocado por las peticiones de Podemos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer que su departamento estudia una subida del IRPF para las rentas superiores a 150.000 euros anuales.
El presidente del Gobierno contestó con un no a la pregunta de si se plantea subir el impuesto de la renta a quienes ganen 60.000 euros y dijo que cree que su Ejecutivo ha sido bastante claro al respecto.
"Este es un Gobierno que tiene muy claro que aspira a construir justicia fiscal y ésta sólo es posible si hay justicia fiscal detrás, es decir que aquellos que más tienen más contribuyan a Hacienda", añadió.
Sánchez explicó que si el Gobierno se ha marcado como prioridad reconstruir los derechos dañados del Estado del bienestar y ganar en cohesión social en una sociedad tan desigual como la española, "el debate sobre la fiscalidad justa es necesario". "Nosotros estamos dispuestos a abrirlo, pero evidentemente nuestro compromiso es que a la clase media trabajadora, que es la que ha sufragado los recortes en forma de mayores impuestos por parte de la Administración anterior, no se le va a subir ni un céntimo de euro vía IRPF, impuesto de sociedades o cualquier tipo de tributación en ese ámbito".
El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró ayer por su parte que la subida de impuestos que el Gobierno está negociando con Podemos no sólo es "insolidaria" sino, sobre todo, "innecesaria" y pone "en riesgo" la recuperación económica. En declaraciones a los periodistas tras reunirse con la dirección regional del PP, Casado recordó que este año va a aumentar la recaudación en 12.000 millones y se van a recaudar más de 200.000 millones. "No puede ser que cada vez que gobierne el PSOE haya más impuestos, que conducen a un menor crecimiento, más despilfarro y más paro. Avisamos que esto se está produciendo", declaró.
Montero niega “enchufes” por parte del Gobierno
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió ayer la prerrogativa del Gobierno para nombrar a los gestores de empresas públicas y aseguró que en los nombramientos realizados no ha habido casos de “enchufes” de familiares o corrupción ni irregularidades de ningún tipo. Montero compareció ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso a petición de Ciudadanos y del PP para explicar los nombramientos del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, así como de los responsables de empresas públicas que dependen de la SEPI o de algún ministerio, como son Correos, Enusa, Cetarsa, Saeca, Paradores Nacionales y Seacsa. “El Gobierno ha hecho uso de su prerrogativa constitucional para conformar los equipos que considera más convenientes para dirigir la acción de la Administración”, afirmó la ministra.