Policías españoles presentan una denuncia ante la UE por la "inacción" del Gobierno frente al 15-M

La Unión Federal de Policía (UFP), integrante de la Unión de la Policía (UPOL) ha presentado en el Comité Ejecutivo de Eurocop en Bruselas una resolución denunciando lo que están padeciendo los agentes desde el 15-M "por la inacción del Gobierno y de responsables policiales y la diferenciación de trato con respecto a otras manifestaciones" Según ha explicado UFP, acuden a la Unión Europea porque consideran que el Gobierno de la Nación "se ha decantado claramente de parte de los llamados indignados, más que de su Policía".

Por eso, van a solicitar a las instituciones comunitarias protocolos de actuación y que proponga directrices nuevas con respecto a la dependencia, "requiriendo una dependencia de jueces y fiscales en lugar de la actual gubernativa, para que no sucedan más tan lamentables incidentes casi a diario como están sucediendo en la actualidad, demostrando, que todo conflicto sociopolítico se acaba convirtiendo en un conflicto policial". "Y nosotros, la Policía, no tenemos la culpa de nada, sólo de trabajar turnos inacabables, de aguantar todo tipo de vejaciones, doblando servicios y dando seguridad a todos, a los que libremente quieren circular por las calles con todos sus derechos, y a aquellos que se lo impiden un día tras otro, infringiendo claramente la Ley. Y ya estamos hartos", ha indicado la Unión Federal de la Policía.

Así, piden que en dicho protocolo se garantice a los ciudadanos un trato no discriminatorio y ajustado a la legalidad y a los policías una protección jurídica ante denuncias individuales contra ellos. "Una sociedad como la española, democrática y basada en el Estado de Derecho no puede permitir que se ponga a la Policía estatal bajo sospecha", ha indicado.

La situación desde el 15-M

Según el informe de la Unión de Policía, en España sólo hay entre 2.400 y 2.800 agentes antidisturbios y, de éstos, 600 están destinados en Madrid, siendo los encargados del orden público y funciones de seguridad en embajadas, controles antiterroristas, etcétera, "una cifra claramente insuficiente y más en comparación con otros estados europeos como Francia, que cuenta con 61 compañías GRS y 15.000 funcionarios para estas funciones".

En su análisis, recuerdan que desde el pasado 15 de mayo, pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, se produjo una acampada de indignados en la Puerta del Sol de 500 personas a pesar de que la Junta Electoral Central comunicó que no era una concentración legal al ser jornada electoral. "No se hizo nada. A partir de ese momento, la Plaza del Sol y los alrededores la han considerado suya, cortando el tráfico por todo el centro de Madrid, incumpliendo la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, durante más de tres meses, pretendiendo arremeter contra el Parlamento en reiteradas ocasiones e intentando asaltar el Ministerio del Interior, e incluso queriendo evitar que los diputados entrasen en la Cámara, incumpliendo la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal", han indicado.

En ese sentido, aseguran que se ha vulnerado durante muchos días el derecho a la libre circulación y que, tras el desalojo, los policías han aguantado "insultos, menosprecios, escupitajos en los uniformes, intentos de orinarles en las botas de los compañeros, personas que se desnudan delante de los policías enseñando sus genitales y la Policía, por orden del político de turno, mirando". "Sólo nos dejaban mirar, aguantar y permitir todo", se quejan los sindicalistas.

Por otro lado, han criticado que el día 17 de agosto se autorizó una marcha antiPapa "en contra de todos los informes policiales" y exigir su paso por Sol. "Una vez más la Delegación del Gobierno claudica y esa tarde se producen múltiples agresiones a los jóvenes y religiosos de las JMJ. La Policía, por órdenes superiores, sólo separó a unos y otros y siguió mirando y aguantando todo tipo de agresiones tanto verbales como físicas", denuncian.

El informe de la Unión de Policía señala que los agentes han tenido que hacer una media de 15 y 20 horas de servicio durante todos esos días, pocas horas de sueño y mucha carga de trabajo. "Se han mofado en nuestras caras, reído de nosotros, tomado el pelo y hemos aguantando las órdenes de ser tolerantes y pasivos con los violentos. Eso sí, sin dejarnos hacer lo más simple para nosotros que es aplicar la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana, que es nuestra única arma para poder sancionar las actitudes chulescas y barriobajeras con la Policía. Pues ni esa nos han dejado aplicar. Además de varias denuncias falsas, archivadas por los jueves, quedando indemne y libre quienes las realizaron", han indicado los firmantes de la denuncia.

Identificación en redes sociales

Por otro lado, se quejan de que en determinadas redes sociales "dominadas por los mismos grupos antisistema y anarquistas" se publican imágenes cuestionando la actuación policial, "intentando personalizar en el policía como causante de la provocación y de la violencia, colgando los rostros de los funcionarios con la intención de su reconocimiento, encaminado a perjudicar claramente su actividad diaria". Por todo ello, la organización sindical pide que se deba aprobar una normativa para impedir la utilización de imágenes que provoquen "situaciones como la recientemente vivida o la caza al policía con dianas de tiro sobre sus imágenes". Unas situaciones que, denuncian, han llevado a la apertura de faltas graves a tres agentes.

La plataforma sindical culpabiliza de esta situación en primer lugar a los indignados por "no querer aceptar el juego democrático de un Estado de Derecho" y después, a la delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, y al anterior ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y al actual ministro del ramo, Antonio Camacho, "porque no han salido nunca a defender a su Policía y han hecho oídos sordos a las quejas reiteradas". "Entendemos que ahora que se va a modificar la Constitución y observando que la dependencia del Gobierno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no garantiza el normal cumplimiento de las misiones encomendadas ni garantiza la seguridad ciudadana ni protege igual los derechos y libertades de los españoles debemos convertirnos en una política judicial independiente, fiscalizada y controlada por órganos judiciales competentes y no sometida al capricho del partido político en el poder, como por desgracia ocurre actualmente, que nos mueve cómo y cuando le interesa", concluye la denuncia que presentarán este jueves ante la Unión Europea.