El Poder Judicial reconoce que se produjo "un fallo" que permitió que Del Valle estuviese libre

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha reconocido que el hecho de Santiago del Valle, el presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, estuviese en libertad pese a haber cometido dos delitos con anterioridad ha sido "un fallo del sistema judicial que hay que asumir", e instó a las instituciones a la búsqueda de soluciones para que en el futuro no vuelva a ocurrir.

Así, indicó que es partidario de crear un registro central en el que figuren todas las causas judiciales, de tal manera que no se diese lugar a un "abuso de la suspensión de condenas" y que al mismo tiempo evitaría que los condenados en distintos juzgados, pero sin sentencia firme", tuviesen la opción de beneficiarse de la norma que permite a los que comenten un primer delito no ir a la cárcel cuando su pena es inferior a tres años, atendiendo a su "reincidencia".

Precisamente, esto es lo que ha sucedido en el caso de Santiago del Valle. Según explicó en declaraciones a Europa Press Televisión López, el juez de Huelva encargado del caso de abusos a una menor --el segundo delito conocido del acusado-- no sabía de la existencia de una condena anterior por abusos sexuales de Santiago del Valle sobre su propia hija, que el hombre tenía pendiente por estar recurrida y no ser todavía una sentencia firme.

Por ese motivo, el juez consideró que se trataba de un primer delito y decidió suspender la condena de dos años y medio que le había impuesto, con lo que Del Valle no fue a la cárcel. Más tarde, cuando la condena se hizo firme, ésta le fue notificada al acusado, pero al no encontrarle en su domicilio, se dictó una orden de averiguación de domicilio, que a diferencia de una orden de búsqueda y captura que tiene repercusión a nivel nacional, se circunscribe únicamente al ámbito de ese juzgado.

La consecuencia fue no se produjo el ingreso en prisión del condenado, al que ahora se le imputa un nuevo delito. En opinión de López, si el juez hubiese contado con toda la información, quizá no hubiese aplicado la suspensión de condena, por lo que solicitó la creación de dicho registro central.

No obstante, indicó que desde el órgano de control de los jueces se ha puesto en marcha una investigación para saber qué ha ocurrido y depurar responsabilidades.

Debate sobre la cadena perpetua

López destacó que el grado de reincidencia entre los delincuentes sexuales ronda el "40%", lo que evidencia que se trata de "delincuentes muy peligrosos cuya reinserción es difícil", y a los que debería tratarse de forma "especial".

A la vista de estos datos, la postura del portavoz del CGPJ, aunque a nivel personal, es que es el momento de "abrir el debate sobre nuevas fórmulas de pena".

Al respecto, mencionó dos ejemplos: la ley británica, que permite que después de haber cumplido su pena, se pueda someter a los causantes de este tipo de delitos a una estrecha vigilancia; y Estados Unidos, donde existe la obligación por parte de la policía de hacer saber a la comunidad la existencia de una persona de estas características en su vecindario.

Aunque indicó que en España, el espíritu que persiguen las penas privativas de libertad es lograr la reinserción del sujeto, esencia que sería negada con la cadena perpetua, López no descartó la posibilidad de establecer fórmulas que contemplasen juicios revisorios que transformasen esta pena en una pena de una duración concreta, que una vez cumplida, supusiese la puesta en libertad del acusado.

Por último, quiso hacer un llamamiento para evitar la alarma social y la pérdida de la confianza en la justicia que el caso de Mari Luz ha podido crear, señalando que "con carácter general, la justicia española funciona de forma eficiente, aunque sea duro tener que decir esto hoy".