Podemos quiere gastar 96.000 millones más y recaudar 68.700 millones más

El partido de Pablo Iglesias propone un aumento del gasto público que en 2019 sea 96.000 millones superior al actual y recaudar para esa fecha 69.700 millones más fruto de una reforma fiscal -que recaiga sobre las "rentas más acomodadas" y sobre los "sectores de población de mayor patrimonio"- y del "efecto multiplicador" derivado del efecto "expansivo" de la política presupuestaria. Podemos ha presentado hoy un documento con su programa de Gobierno en el que prevé revertir los recortes que se han hecho en España desde el año 2010 e implantar un programa de bienestar social y modernización económica, que incluya una renta garantizada y nuevas inversiones públicas, con una dotación de 24.000 millones de gasto anual.

El partido que dirige Pablo Iglesias plantea llevar a cabo una nueva política económica en la que no se reduzca el gasto público, sino todo lo contrario. En el documento que ha presentado y ha entregado al PSOE para negociar, se prevé que el gasto público pueda incrementarse en 96.000 millones para el año 2019. En su mayoría irían destinados a gasto social, ya que prevé destinar 35.000 millones más a Educación y Sanidad; 30.000 millones más a protección social (con mejora de pensiones, dependencia y renta garantizada) y sólo 3.000 millones más a la transición energética, I+D+i, y otras inversiones públicas.

Podemos prevé lograr ese gasto de casi 10 puntos más de PIB para dentro de tres años mediante la lucha contra el fraude, del que prevé obtener 12.000 millones; una reforma fiscal con la que recaudaría 28.000 millones más y que recaería sobre las "rentas más acomodadas y sobre los sectores de población con mayor patrimonio"; el "efecto multiplicador" derivado del "efecto expansivo" de la política presupuestaria, cuyo impacto evalúan en 29.700 millones de euros. Para equilibrar la recaudación --de la que faltarían 26.300 millones-- con el aumento de gasto, Podemos propone un nuevo calendario de reducción del déficit público y para ello quiere que España promueva, en coordinación con otros países de la UE un proceso de negociación en el seno de la UE para "flexibilizar" la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Su propuesta en relación con el déficit es que su reducción se modere y retrase y aunque prevé que se reduzca en todos los años de la Legislatura, sólo se sitúe por debajo del 3 por ciento en 2018 y en el 2,2 en 2019. Esto es lo que daría un margen equivalente a 26.300 millones de euros. De hecho, en el texto se deja claro que "frente a las exigencias" de la Comisión Europea, el Gobierno del que ellos quieren formar parte "no reducirá" el gasto total del Estado ya presupuestado para 2016 y tampoco reducirá ninguna de las partidas que afectan a servicios públicos fundamentales. Y contempla presentar en el Parlamento una propuesta de "créditos extraordinarios" para atender las prioridades sociales de 2016. No obstante, en el documento explican que la evolución del déficit es "compatible" con una reducción progresiva del peso de la deuda sobre el PIB, que se situaría, según sus cálculos, en el 91 por ciento en 2019.

Además, impulsarán la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria e iniciarán un proceso de modificación del artículo 135 de la Constitución española para, dice el texto, "que no se priorice el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración de política económica, y para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales". Podemos también plantea promover la "reestructuración" de la deuda vinculada a las ayudas públicas al sector financiero, el memorándum de entendimiento y el rescate de la UE y quiere que las instituciones financieras participen en la devolución de los 60.000 millones del rescate aprobado en 2012 para España a través de un "impuesto de solidaridad" transitorio.

En cuanto a la reforma fiscal, supondrá un aumento de la tributación para las rentas superiores a 60.000 euros de base imponible. Se aumentará el número de tramos del IRPF y el tipo marginal de cada tramo desde el 45 por ciento hasta un 55 por ciento para rentas superiores a 300.000 euros anuales. También quieren: corregir progresivamente la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro en el IRPF con el objetivo de avanzar hacia una "tarifa única"; revisar los beneficios fiscales del IRPF y Sociedades; eliminar el régimen de estimación objetiva para las actividades económicas; reformar el impuesto de sociedades con tipos efectivos del 30 por ciento; recuperar y revitalizar el impuesto sobre la riqueza, sucesiones y donaciones y modificar el mínimo exento en Patrimonio.

Además, prevén un tipo superreducido del 4 por ciento de IVA para alimentos y bebidas no alcohólicas, el reducido del 10 por ciento para consumo energético y bajar el IVA para productos culturales. Así como una fiscalidad del 25 por ciento para artículos de lujo. Junto con ello, quieren regular la fiscalidad de las SICAV, controlando situaciones de fraude, verificando el número real de socios y estableciendo un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas. Podemos quiere establecer también una fiscalidad verde, con una reforma del impuesto sobre hidrocarburos y de vehículos, así como establecer un impuesto sobre transacciones financieras.

En materia laboral, Podemos plantea, entre otras cuestiones: aumentar el salario mínimo hasta 950 euros al final de la Legislatura; realizar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue las dos últimas reformas laborales; reformar la contratación laboral y a tiempo parcial de manera que los contratos de obra o servicio de más de un año se conviertan en indefinidos; modificar la regulación por despido, recuperando la figura del despido nulo por fraude de ley y reforzando la causalidad por razones económicas, productivas, técnicas y organizativas e incluyendo como obligatoria la autorización gubernamental para los ERE.

Además, proponen que los convenios sectoriales tengan preeminencia sobre los de empresa; más medios para la inspección de trabajo; regular las horas extra; aplicar el modelo alemán en el que la pérdida de jornada laboral se ve compensada en términos salariales por el Estado; regular el trabajo "paralaboral" o de los becarios y eliminar el contrato para emprendedores.

Para compensar los bajos salarios y el aumento de la desigualdad desde que estalló la crisis, Podemos propone: un programa de renta garantizada que contará de una renta diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza de 600 euros mensuales, que aumentará en función del número de miembros hasta un máximo de 1.290 euros y una renta complementaria para trabajadores con baja remuneración para garantizar unos ingresos mínimos de 900 euros mensuales.

En materia de pensiones, quieren restablecer la edad de jubilación en 65 años, recuperar la indexación de las pensiones al IPC, introducir la financiación por la vía impositiva, aumentar el importe de las pensiones no contributivas y eliminar el tope máximo de cotización. En cuanto a los desahucios, quieren promover una ley orgánica que prohíba los desahucios forzosos sin alternativa habitacional, establecer la dación en pago y con carácter retroactivo, así como la limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado; garantizar el derecho a los suministros básicos de agua, luz y gas; asegurar el alquiler estable.