El 'Parlament' vota la independencia en secreto

Crisis de Estado

70 diputados de Junts pel Sí y la CUP aprueban la declaración e instan al 'Govern' a poner en marcha la ley fundamental de la república

García Albiol reprocha a los soberanistas que no tengan "narices" para votar en público

Diputados catalanes aplauden tras la declaración de independencia.
Juan M. Marqués Perales, Enviado Especial A Barcelona

27 de octubre 2017 - 16:46

Y se cantó Els segadors, pero de un modo que aventura tristeza. Después vinieron los abrazos en los pasillos, pero más que a los de una fiesta se parecían los que se reconocen en el duelo. Los alcaldes independentistas, a los que el día anterior se les invitó a acudir con sus varas de mando, animaron el final de la sesión. El Parlamento de Cataluña votó este viernes a favor de la independencia de la comunidad para constituirse como una república ajena a España, pero lo hizo mediante voto en secreto, en urna, en contra de lo habitual en esta Cámara, y con tres grupos políticos fuera del hemiciclo. PP, PSC y Ciudadanos se marcharon antes de la votación.

Por 70 votos a favor frente a 10 en contra, dos papeletas en blanco y el resto, hasta completar los 135 escaños, en la calle, Cataluña volvió a declararse independiente por tercera vez en los dos últimos siglos. Votaron a favor los parlamentarios de ERC, PDeCAT y la CUP hasta sumar 70. Los diputados de la marca de Podemos y de IU en Cataluña sí participaron en la votación, pero con un sufragio contrario. Cuatro de ellos, entre los que está Joan Coscubiella, mostraron el no de su papeleta. Los separatistas suman 72, por lo que hay dos que se comportaron como botiflers, el apelativo despreciativo con el que se señalaba a los partidarios de Felipe V.

El Poder Legislativo catalán se declara independiente, pero Cataluña está dividida, fracturada, tanto que los partidarios de la segregación nunca han sido mayoría en las urnas, ni en las últimas autonómicas de 2015 ni en los simulacros de referéndum, el del 1 de octubre y el del 9 de noviembre de hace dos años.

El Pleno de la independencia fue poco solemne, rápido, casi fugaz, los diputados casi no hicieron uso de la palabra. No pudieron. A los portavoces de los partidos, por ejemplo, no se les dejó hablar, a pesar que lo solicitaron Miquel Iceta, del PSC, Xavier García Albiol, del PP, e Inés Arrimadas, que consiguió llegar a la tribuna y hablar tres minutos por alusiones. Joan Coscubiella, ex dirigente de IU, que se quedó, pero votó en contra, saltó a la tribuna por su cuenta, con la oposición de la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell.

A pesar de lo trascendental de la sesión, el debate se redujo a la presentación de unas propuestas de resolución que fueron defendidas por los segundos de cada partido, seguidas de una votación abierta, excepto la correspondiente a la república catalana, que fue en secreto. García Albiol llegó a llamarlos cobardes. "Os faltan narices para votar, y queréis declarar la independencia". La líder de la CUP, Anna Gabriel, partidaria de la separación, también se quejó de que hubiese que votar en una urna, una caja de cristal y madera que tuvo que llevar al hemiciclo uno de los diputados, porque los ujieres estaban avisados de que no podían participar en un acto ilegal. Los servicios jurídicos del Parlamento lo habían advertido días pasados y lo volvieron a hacer este viernes. Así que, con independencia de las medidas penales que se apliquen contra el Govern y los parlamentarios insurrectos, el Constitucional podría inhabilitarlos por una reiterada rebeldía contra sus acuerdos.

Carme Forcadell se encargó de leer la declaración de independencia, cuyo texto es el mismo que los diputados independentistas firmaron el 10 de octubre en una sala cercana a la de plenos. Fue el día en que Puigdemont la declaró y la suspendió ocho segundos después. En esos seis folios, definen a Cataluña como una república, independiente y soberana, democrática y social. No hay mención a España, que sí fue citada en las proclamaciones republicanas de 1931 y 1934.

Las formaciones independentistas, ERC y PDeCAT, agrupadas en una única lista electoral, y los anticapitalistas de la CUP presentaron por la mañana dos resoluciones en un Pleno que se convocó bajo el título de dar respuesta a la aplicación del artículo 155. En realidad, la separación ya estaba planificada desde que se convocó el referéndum del pasado 1 de octubre, pero el presidente catalán, Carles Puigdemont, suspendió la proclamación. Lo que se ha hecho ahora es dar curso a la ley fundacional de la república, una suerte de Constitución, como consecuencia del resultado de ese referéndum ilegal, donde no se llegaron a manifestar ni el 50% de los catalanes con derecho a voto.

Todo es tan irregular que hasta se han saltado sus propias leyes. La del referéndum, por ejemplo, explicaba que el Parlamento proclamaría la república, una vez que la junta electoral (la sindicatura) validase los resultados del referéndum. No hubo sindicatura porque todos sus miembros dimitieron para no hacer frente a las multas del Constitucional. No hubo ninguna junta que la sustituyese, nadie ajeno a los convocantes ha confirmado ese resultado.

La primera resolución, la que se votó en secreto, incluye la declaración formal de la independencia y un listado de peticiones al Gobierno catalán para que ponga en marcha la tramitación de la ciudadanía catalana, se asuma a los funcionarios del Estado en su administración, incluidos los de Justicia, y se establezcan los regímenes aduaneros. También se quedan con los inmuebles y otras propiedades estatales. La segunda resolución establece el calendario que se ha de seguir a partir de ahora, y que concluirá en seis meses con la convocatoria de unas elecciones constituyentes para elegir la asamblea que debe redactar la constitución catalana.

Antes de la votación, Carme Forcadell avisó a los diputados de que el secretario general de la Cámara y su letrado mayor advertían que las resoluciones que iban a aprobar son contrarias a las leyes y a la Constitución. Las dos leyes de ruptura, la del referéndum y la de transitoriedad, quedaron suspensas por el Alto Tribunal; en el caso de la primera sí hay ya una sentencia contraria que fue aprobada por unanimidad.

Ya a la salida del Pleno, en la escalinata interior del Parlamento, y entre vítores a Puigdemont, habló la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabaté, que se dirigió a los regidores catalanes que se habían concentrado en la Cámara para pedirles que defendiesen la república. El vicepresidente Oriol Junqueras y el propio Puigdemont también dieron unos pequeños discursos, que finalizaron, de nuevo, con Els segadors. Llamadas a la "serenidad" y al "civismo", en las que Junqueras se permitió elogiar la cultura española. Esta vez se cantó el himno con un poco de más ánimo, o quizás es que la letra del himno catalán sólo hable de guerras perdidas. Carles Puigdemont, el más sonriente, salió a los pocos minutos, con rumbo desconocido. Acompañado de agentes, en su coche, con su chófer y su esposa.

Así entró en vigor la república catalana

La república catalana comenzó a rodar después de que el Parlament instará al Gobierno de Carles Puigdemont a desarrollar la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que es en sí una suerte de Constitución con la que se inicia la legalidad catalana. Una autodefinida como "norma suprema" que sustituye a la Carta Magna española y que estaría en vigor hasta que en seis meses se aprobase la del nuevo Estado. Esta ley, sin embargo, está suspendida por el Constitucional. Lo están las dos leyes de ruptura -la del referéndum y la de transitoriedad-, aunque la propia sesión plenaria también será suspendida en el Constitucional. Lo que hizo el Parlamento catalán fue "instar" -ése es el verbo- a su Gobierno a desarrollar esta norma por la que se crea la nacionalidad, se definen las fronteras, se hace cargo de los controles aduaneros y se asume toda la Administración del Estado en el territorio. Además, la ley establece los plazos. A partir de ahora, se dan 15 días para crear un consejo asesor de la transición, se forma un foro social para un proceso que, en el plazo de seis meses, debe llevar a la elección en urnas de una asamblea constituyente. Una vez elaborada la Constitución, se someterá a su aprobación en un referéndum. La primera fase, la del foro social, consistiría en reunir y consultar con representantes civiles de la sociedad catalana para encauzar el proceso hasta su constitución. La declaración de independencia no se recoge como tal, lo que hicieron los partidos separatistas es introducir en la propuesta de resolución lo que los diputados soberanistas firmaron el pasado 10 de octubre. Ahí se dice: "Constituimos la República catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". Y: "Disponemos la entrada en vigor de la Ley Fundacional de la República". La independencia entra en vigor, pues, al dar carta de texto jurídico a esa declaración de cuatro folios que está redactada con la inspiración de otros textos históricos, como el de Estados Unidos. Éste texto fue leído en la sesión por la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell. Entre los asuntos a los que se insta al Gobierno figura la "expedición de los documentos para alcanzar la ciudadanía catalana", recuperar las leyes y normas anulados en el Constitucional, la asunción de los funcionarios del Estado español en sus estructuras y la creación de un banco público. Los bienes del Estado, como edificios y otros inmuebles, así como las actuales fronteras internacionales pasarían a ser controladas también por la república. El Parlamento también crearía una comisión de investigación para analizar "los delitos relacionados con la vulneración de los derechos fundamentales y colectivos", cometidos para evitar el referéndum del pasado 1 de octubre. Las propuestas de resolución llevan la firma de Marta Rovira (ERC), Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Gabriel (CUP) y Mireia Boya (CUP).

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