Pilar Cernuda
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El grupo parlamentario socialista ha registrado esta tarde de lunes el proyecto de ley de amnistía que beneficia a todos los encausados por el proceso independentista desde 2012 a la actualidad. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de explicarla ante los medios de comunicación, pero no ha ha contestado con claridad a la pregunta de por qué sólo ha sido el PSOE el que lo ha llevado ante el registro del Congreso. Con anterioridad se había indicado que lo presentarían todos los grupos aliados del PSOE, lo que incluía a Junts y ERC. Tampoco lo firma Sumar.
Bolaños, no obstante, ha sostenido que la proposición de ley cuenta con el apoyo del resto de los grupos, un total de 178 votos.
ERC ha evitado firmar al albergar "dudas técnico-jurídicas sobre el redactado". Fuentes han subrayado que priorizan la "máxima seguridad jurídica del contenido de la ley" y, ante las "prisas" de los socialistas por registrar la proposición en el Congreso, han optado por no añadir su firma y seguir revisando el texto, para acabar de cerrar los últimos flecos "en las próximas horas o días", aunque, en todo caso, su apoyo a la ley no peligra.
El PSOE ha registrado lo que denomina "Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde el de enero de 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista de 2014 como el proceso del referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Además del PSOE, la iniciativa iba a llevar la firma de Sumar y de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y Bildu y de los nacionalistas del PNV y del BNG, pero obtener el visto bueno de todos estos grupos ha ido retrasando hasta última hora el registro del texto.
Según confirman a Europa Press fuentes parlamentarias, en el índice de textos registrados este lunes por la tarde figura el título de la ley como presentada por el Grupo Socialista, sin mencionar otras formaciones.
Y de hecho algunos de los socios del PSOE han confirmado a Europa Press que no han llegado a firmar la iniciativa al estar todavía analizando el texto.
Al ser una proposición de ley de grupos parlamentarios, el texto no lleva informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado que serían obligatorios para el Gobierno si se hubiera presentada como proyecto de ley del Ejecutivo.
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