La relación entre PSOE y Podemos se vuelve a tensionar por la 'ley del solo es sí'

Tras semanas de negociación a raíz de las rebajas de condenas a agresores sexuales por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, no hay acuerdo en el Gobierno de coalición una vez que Unidas Podemos ha rechazado la propuesta del Ministerio de Justicia de volver a las penas anteriores a esta norma.

El departamento que dirige Pilar Llop ha planteado una propuesta que retoma las penas anteriores a la ley del solo sí es sí de entre 1 y 5 años de prisión en el caso de agresiones cometidas empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Y si hay penetración, propone una pena de seis a doce años de prisión.

Mientras, si hay agravantes, las penas volverían a situarse entre los 5 y 10 años de cárcel si no hay penetración, y de 12 a 15 en el caso de haberla.

En el caso de que se pueda imponer una reducción de condena al agresor, remarca que el tribunal tendrá que razonarlo en la sentencia y "siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurran las circunstancias del artículo 180" de la ley.

Asimismo, en las agresiones a menores de 16 años eleva las penas de 8 a 12 años de prisión sin penetración y de 12 a 15 si existe penetración. Mientras, apunta que si concurren dos o más circunstancias agravantes se impondrán estas penas en su mitad superior.

Esa propuesta de Justicia es en la que se basa la proposición legislativa anunciada por el PSOE para reformar la ley, que incluiría un aumento de las penas para los agresores sexuales, pero sin modificar el artículo referido al consentimiento de la mujer.

La intención de los socialistas es evitar la rebaja de penas a los agresores por la rebaja de condenas en los casos en los que hay violencia o intimidación, que hasta este lunes sumaban 338 en toda España.

El PSOE confía en lograr el apoyo de Unidas Podemos, pero advierte de que darán un paso adelante y presentarán la reforma por su cuenta si no hay acuerdo.

La portavoz del comité electoral del partido, Pilar Alegría, ha afirmado este lunes que el PSOE trabaja en un "texto serio y riguroso" para el que espera contar con el apoyo de Unidas Podemos. La voluntad del PSOE, dijo, es "poder presentar un documento conjunto y consensuado y que una vez presentado y registrado cuente con un apoyo mayoritario del resto de partidos políticos".

Con todo, ha dejado claro que la propuesta se presentará independiente de que haya apoyo del socio minoritario y ha negado que la decisión se haya tomado por motivos "electoralistas". "Esta decisión nada tiene que ver con efectos electorales, hemos sido conscientes de la preocupación social que estos efectos están generando y nos parecía lógico, oportuno y adecuado plantear esta reforma", ha sostenido.

La también ministra de Educación y Formación Profesional ha puesto el acento en los "efectos indeseados" de la ley que según sus palabras han provocado "alarma" en la sociedad que además es compartida por el Ejecutivo. Así, ha reiterado que trabajan en la negociación con sus socios de coalición pero que si esta no da frutos el PSOE dará "un paso adelante".

Desde la parte socialista del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, asegura que el consentimiento seguirá "en el centro" de la norma.

Igualdad y Podemos rechazan la propuesta

Fuentes de Igualdad han manifestado a Efe que recuperar las penas de prisión anteriores a la ley supone dejar sobre la víctima la responsabilidad de demostrar que se resistió, que hubo violencia. "Es renunciar al modelo del consentimiento", remarcan.

El Ministerio que dirige Irene Montero advierte de que ninguna reforma penal de la ley "puede frenar las revisiones", y señala que volver al modelo anterior supone hacer pasar a las víctimas por "un calvario probatorio".

Por su parte, Podemos ha rechazado cualquier cambio de la Ley solo 'sí es es sí' que suponga volver al modelo legislativo anterior, algo que aprecia en la propuesta del Ministerio de Justicia ante las "presiones" del PP y sectores conservadores, y sentencia que la modificación del Código Penal no van a acabar con la revisión de penas.

La coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, ha dejado claro que quieren blindar el "corazón" de la normativa, y que el problema no está en el texto sino en aplicación "incorrecta" por parte de una minoría de jueces

La propuesta del Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, incluye un plan de medidas urgentes que van desde la especialización judicial a la formación en violencias sexuales o el incremento de efectivos para la protección de las mujeres.

Entre las medidas que recoge este Plan, que el Ministerio a poner en marcha de manera urgente, está doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas e incluirlas en el Servicio de Atenpro desde 2023; reforzar las unidades de valoración forense integral; o hacer formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e Interior así como de la Educación y de la Sanidad.

Del mismo modo, recoge la necesidad de implementar las ayudas a víctimas de violencias sexuales; de crear el servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; de incrementar el número de agentes que Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual; o implementando los puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas.

Izquierda Unida, por su parte, considera oportunas "modificaciones puntuales" de la ley, aunque preservando el espíritu de la norma como "la cuestión del consentimiento".

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha considerado que "no pasa absolutamente nada" si hay que "retocar" la ley del solo sí es sí para "corregir las consecuencias que no van en el sentido que pretendía" la norma.