El PSOE augura que se despedirá a 40.000 profesores por los recortes

El portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Dipuados, Mario Bedera, ha responsabilizado al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, del "despido de 40.000 profesores" del sistema educativo si se aplica el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Durante el debate de este texto en el Pleno del Congreso, el diputado socialista ha señalado que "no se trata de una norma para mejorar el sistema educativo, sino para recortar recursos humanos y materiales". "Se va a producir un despido masivo del profesorado", ha advertido, para añadir que "en cinco meses como ministro ha recortado ya casi 5.000 millones de euros".

Bedera ha reprochado al ministro la "falta de respeto" a la comunidad educativa por permitir que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 20 de abril un decreto que, según ha dicho, "no se ha consensuado" con los sindicatos, profesores, padres o alumnos, entre otros. También ha advertido de que "invade" competencias autonómicas y que las medidas planteadas son "fruto de la improvisación". "Se le va a recortar como el gran recortador del sistema educativo", ha apostillado.

Wert, por su parte, ha defendido que las medidas del decreto son "extraordinarias para un momento extraordinario", pues, según ha justificado, permiten dotar a las comunidades autónomas de una mayor "flexibilidad" para cumplir con el objetivo de déficit público. Sin embargo, ha recordado al diputado socialista que vaticine una destrucción de empleo dando por supuesto que las autonomías "aplican el máximo" rango de las medidas del texto normativo. "Hace una hipótesis sobre el despido de profesores que son interinos y no funcionarios", ha aclarado el titular de Educación, que ha reprochado a Bedera que "dé a entender que todas las comunidades van a ejecutar el máximo y que van a ejecutar todas las medidas del decreto". Es mucho más importante en la calidad educativa, ha asegurado, mantener la motivación de los profesores que una determinada ratio de alumnos por aula (cuyo máximo se incrementa un 20 por ciento).

Criticado sobre la falta de diálogo con el sector educativo, ha indicado que lo más importante era conocer el criterio de las comunidades, que tienen que aplicar el decreto, y fueron convocadas en dos conferencias sectoriales antes de que el Gobierno aprobara el decreto. Además, ha añadido, concurren circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad. También ha rechazado que las medidas tengan que ver con lo ideológico, sino con la búsqueda de eficiencia. "Si quiere que discutamos de ideología educativa -ha dicho Wert al portavoz socialista, Mario Bedera-, con mucho gusto lo haremos cuando discutamos la reforma educativa (...), que está orientada a mejorar la calidad de la educación". Wert se ha mostrado abierto al diálogo de buena fe con el PSOE, no tanto sobre el decreto, contra el que votarán los socialistas, sino sobre la reforma del sistema educativo.

Toda la oposición vota contra el decreto de ahorro en educación

Todos los grupos de la oposición del Congreso se han manifestado en contra del real decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto educativo. El portavoz socialista, Mario Bedera, ha interpretado que se trata de la "mayor agresión" a la educación pública de la democracia, pues no es para mejorarla, sino para "recortar recursos humanos y materiales y derechos en educación". Ha acusado a Wert de ser el "azote" de la educación, con "tachas y sospechas" sobre profesorado y alumnos, de estar "recortando a razón de mil millones de euros por mes" y de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le haya "robado la cartera". "Es una mañana aciaga para el Estado de bienestar", ha insistido en alusión, también, al decreto sobre ahorro sanitario.

Ha dicho Bedera que no puede convalidarse porque invade competencias autonómicas en cuanto a las horas lectivas del profesorado y el plazo para comenzar las suplencias por baja de docentes titulares. Ha asegurado que el Gobierno lo ha aprobado "sin voluntad de diálogo", con "improvisación o precipitación" y con una política de "hechos consumados", así que ha pedido la tramitación como proyecto legislativo. Las medidas tienen un "fortísimo contenido ideológico", según Bedera, que se reflejará en el "desmantelamiento del sistema público a largo plazo".

Ha augurado un golpe "muy duro" a los institutos rurales y al bachillerato de Artes por eliminarse la obligación de estos centros de que ofrezcan al menos dos de las modalidades de esta etapa educativa. Ha dicho que la educación necesita "pincel y bisturí", no "hacha y brocha gorda", además de ofrecer diálogo. "Si no endereza el rumbo -ha dicho Bedera al ministro- va a ser el único responsable de la conflictividad que se pueda originar".

El diputado de CiU Martí Barberá ha rechazado que se culpe a las comunidades del déficit, ha señalado que se "abusa" del decreto-ley y ha aludido a que se interfieren competencias. Cándida García Álvarez, de la Izquierda Plural, ha dicho que es día de "luto ciudadano" porque es una "declaración de guerra" a la educación pública con medidas "arbitrarias" y un "retroceso sin precedentes". "La respuesta estará en la calle -ha advertido- y nosotros estaremos con la gente de la calle".

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha considerado "estrambótico" que en el decreto se introduzca una disposición sobre la ley de sociedades. Ha señalado que "abaratar" costes en sí mismo no es malo, pero en este caso "se elude el debate". Lo malo es, ha continuado, el "cambio subrepticio" del modelo universitario al introducir dos tipos de profesorado: el más joven, ha indicado, dedicado a la docencia y el más veterano, a la investigación.

Por el PNV, Arantza Tapias ha interpretado que se pretende la "recentralización y el recorte" unilateral por el Gobierno, "sin ningún acuerdo" y "desprecio" a la Cámara. "No vamos a tolerar este paso atrás" ni la limitación del autogobierno, ha enfatizado. Dentro del Grupo Mixto, Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) ha opinado que es un "ajuste puro y duro" que tiene "poco de educativo y mucho de sumisión al coyunturalismo económico". Francisco Jorquera (BNG) ha indicado que se quiere justificar el decreto con "manipulación del lenguaje" y "cinismo", pues es un "ataque en toda regla a la educación pública". Joan Tardá, de ERC, ha pedido la dimisión de Wert por "traspasar las líneas rojas" y ha censurado que se quiera "garantizar el poco pastel para los hijos de los ricos, no de la portera".

Sandra Moneo (PP) ha considerado inaceptable que se diga que un incremento de alumnos y horas lectivas pueda poner en peligro el sistema: "No hay ningún ataque a la escuela pública, sino que el mayor ataque es el modelo socialista".