Los socios del PSOE presionan para que el Congreso investigue a Juan Carlos I

Madrid/El reconocimiento de una deuda tributaria de 678.000 euros por parte del rey Juan Carlos I ha recrudecido la ofensiva antimonárquica de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, y de otras fuerzas de la izquierda, al exigir una vez más que el Congreso investigue los manejos financieros del emérito.

Así, mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo analiza el alcance de la regularización voluntaria del anterior jefe del Estado, que según ha recordado el ministerio público afecta a una investigación más amplia, Unidas Podemos ha solicitado crear una comisión para indagar el uso que supuestamente hizo de tarjetas de crédito opacas.

Al mismo tiempo, las formaciones independentistas ERC, Junts per Catalunya, EH-Bildu, CUP y BNG, junto a Más País y Compromís, han reclamado, por quinta vez ya, otra comisión para investigar la "trama" de "presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real", incluyendo al actual monarca, Felipe VI, debido al "conocimiento" que pudiera tener sobre los hechos.

El portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, ha remarcado que al haber abonado el rey emérito su deuda por hechos ocurridos tras su abdicación en 2014, la Mesa del Congreso ya no tendría "excusa" para bloquear la comisión de investigación que pide su grupo.

Cortafuegos socialista

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha augurado corto recorrido a la iniciativa, a la que no ve "mucha viabilidad política" porque frente al peso de Unidas Podemos como cuarto grupo de la Cámara está el de otros mayores, cuya posición siempre ha sido contraria a este tipo de comisiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha recordado que el PSOE y sus socios de Unidas Podemos son dos formaciones políticas procedentes de "culturas" diferentes, y ha hecho hincapié en que Juan Carlos I no tiene ninguna causa abierta por la justicia.

Ha aprovechado Sánchez para reprobar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por haber dicho que el anterior monarca no es un ciudadano más ante la ley, al dejar claro que no tiene ni más ni menos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos.

"Tiene las mismas, ni más ni menos", ha enfatizado.

También ha apuntado que él no ve ningún problema para que regrese a España desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde hace cuatro meses.

Respecto a las exigencias a la Casa del Rey para que dé explicaciones sobre la regularización tributaria, ha señalado que las explicaciones se dan muchas veces con los hechos en vez de con las palabras, al tiempo que ha elogiado y agradecido la "ejemplaridad" y "transparencia" que siempre ha demostrado Felipe VI.

Vídeo de Podemos

También sobre las últimas maniobras de Unidas Podemos, que además ha colgado en las redes sociales un vídeo que liga la monarquía con el dictador Francisco Franco bajo la sintonía de una serie televisiva sobre narcotraficantes, ha hablado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

A su juicio, "el conjunto del Gobierno suscribe el pacto constitucional, del primer al último artículo", incluida la monarquía parlamentaria.

Más allá del Ejecutivo, los pronunciamientos de fuerzas políticas como el PP o Vox han sido categóricos al defender la figura de Juan Carlos I.

"Me quedo con el legado del rey don Juan Carlos, por la democracia, por la Transición y como artífice del período constituyente", ha señalado el líder del PP, Pablo Casado, en Badalona, donde también ha respaldado la "acción actual" del rey Felipe y ha rechazado el vídeo promovido por Podemos.

También desde Cataluña, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido en Barcelona al rey emérito al aseverar que "tiene el mismo derecho que todos los demás a regularizarse", y ha recordado que es "absolutamente libre" de volver a España cuando quiera porque es "un ciudadano libre".

Entre tanto, el mensaje lanzado este viernes por presidentes autonómicos socialistas ha sido muy similar, en el sentido de que Juan Carlos I está sometido a las leyes como los demás ciudadanos.

Lo han recordado el presidente de Aragón, Javier Lambán, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Un debate político acompañado de otro jurídico que sigue sin resolver, pendiente de los pasos que dé la Fiscalía, por los efectos que el pago al fisco de los casi 700.000 euros abonados tendrá de cara a la posible responsabilidad penal del padre del rey.

Como la Fiscalía le avisó hace unas semanas de las indagaciones en marcha respecto al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos de un empresario mexicano, varios expertos dudan de que su regularización elimine por completo su responsabilidad penal, también porque es necesario comprobar si es veraz, completa, y que el dinero utilizado para el pago tiene origen ilícito.

Hay dos líneas más de investigación abiertas en el Supremo sobre don Juan Carlos: una, sobre una supuesta cuenta en Suiza presuntamente atribuida al monarca y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí) y otra más, incoada tras un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).