El PP veta declarar el 18 de julio día contra el franquismo

Madrid/El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con la oposición del PP y la abstención de UPyD, la toma en consideración de la proposición de ley de la Izquierda Plural que pedía declarar el 18 de julio día oficial de condena del franquismo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la represión.

A falta de la votación, el resto de las fuerzas parlamentarias -PSOE, CiU, PNV, ERC y el Grupo Mixto-, ya han anunciado su apoyo al coincidir con el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, en que es necesario el homenaje y la reparación a las víctimas de la dictadura franquista, como se ha hecho por ejemplo en Alemania con las víctimas del nazismo y el Holocausto. El PP, sin embargo, a través del diputado Pedro Gómez de la Serna ha justificado su oposición argumentando que "no podemos condenar a las siguientes generaciones al peso insoportable de la Guerra Civil", y ha replicado a Izquierda Unida que "emanciparse" de esa dinámica forma parte del derecho de los españoles a pensar y decidir con libertad. "Parece que ustedes contra Franco vivían mejor", le ha respondido a Centella, después de que éste asegurara que en la iniciativa no hay ningún ánimo de venganza. "No va contra nadie", ha dicho Centella tras reiterar que su objetivo es cerrar heridas, reconocer a las víctimas perseguidas y asesinadas y culminar la reconciliación de todos los españoles para poder mirar con tranquilidad al futuro. En estos momentos de crisis, ha asegurado el portavoz de IU, es justo reconocer el dolor de millones de españoles que no pudieron enterrar con dignidad a sus familiares, ya que hoy todavía hay más de 100.000 desaparecidos y muchos más enterrados en cunetas y fosas.

La diputada del PSOE Susana Sumelzo ha querido recordar también los logros de la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno socialista y ha lamentado que el PP haya "paralizado" las inversiones en estas medidas que, a su juicio, siguen siendo necesarias para "cerrar heridas todavía abiertas". Por el contrario, el diputado del PP Gómez de la Serna ha defendido que la última victoria del franquismo sería precisamente seguir pendiente de él, y ha criticado que en IU permanezcan aún "prisioneros" del régimen franquista cuando la experiencia del comunismo "no es para dar lecciones a nadie".

UPyD, por su parte, se ha abstenido al considerar que la labor del Parlamento no es hacer valoraciones históricas ni éticas, ni tratar de imponer una "interpretación histórica". En opinión del diputado Carlos Martínez Gorriarán, proponer que el 18 de julio -fecha de la sublevación militar contra la República- sea un día oficial de condena del franquismo, sería rehabilitar la "fiesta nacional", pero con sentido distinto, de "duelo colectivo". "No se puede imponer una verdad oficial desde un poder del Estado al conjunto de la ciudadanía porque sería convertir a los ciudadanos en súbditos", ha afirmado el diputado de Unión Progreso y Democracia.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá, ha aprovechado su intervención para pedir la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña por permitir y apoyar un homenaje a miembros de la División Azul, y se ha preguntado cómo el PP se permite dar "lecciones de ética" tras ese tipo de acontecimientos. "Nada es causal", ha asegurado Tardá, que también se ha preguntado porque iba a pedir ahora perdón el PP, si no lo pidió "antes de ir al infierno Fraga" ni tampoco "el jefe del Estado por su complicidad con los asesinatos de Estado cuando era príncipe de España". A esa petición de dimisión se ha sumado el PNV por boca del diputado Emilio Olabarría, que ha mostrado su acuerdo con la totalidad del argumento de José Luis Centella. También desde CiU, Feliu Joan Guillaumes ha apoyado la propuesta, que, en su opinión, era una oportunidad de condenar el "fascismo de verdad" y no del que "banalizan" y "frivolizan" quienes acusan de nazis a los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, al parlamento catalán o al propio Gobierno de la Generalitat.