Pilar Cernuda
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España
Madrid/El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a devolver al ex presidente catalán Carles Puigdemont a España, pero no explicó que regresaría de Bélgica con una "alfombra roja".
Bendodo ha reaccionado así en una rueda de prensa a la retirada del delito de sedición en el procesamiento contra Puigdemont decidida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en aplicación del nuevo Código Penal impulsado por el Gobierno.
"Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido, pero no nos dijo de qué forma", ha denunciado el dirigente popular, para quien el ex presidente catalán podrá venir ahora, tras la eliminación del delito de sedición, con una "alfombra roja", lo que ha considerado un "auténtico disparate".
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también ha responsabilizado al presidente del Gobierno de la retirada del cargo de sedición al político independentista y le ha acusado de ser "duro con los españoles" y "dócil con los delincuentes". "Nos llamaron agoreros pero nuestras previsiones se están cumpliendo: violadores en las calles, corruptos perdonados y golpistas con las manos libres para preparar nuevos golpes sin consecuencias penales", ha escrito Garriga en la redes sociales.
Desde Ciudadanos, Begoña Villacís ha lamentado que el juez Llarena, al que ha descrito como un "servidor público ejemplar", ha pagado un "alto precio por serlo" y ha visto "su trabajo de estos años desbaratado por Sánchez". En su opinión, son "las consecuencias de edulcorar el Código Penal al gusto de delincuentes y golpistas".
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado que Puigdemont sigue teniendo una condena pendiente, al igual que otros condenados por el procés catalán, y que deberá responder ante la justicia española cuando vuelva al país. Además, la portavoz ha incidido en que la reforma del Código Penal se ha homogeneizado y armonizado con el resto de la legislación penal europea, lo que constituye un compromiso que tenía España con los demás países de la eurozona.
En referencia a las herramientas que tendría el Estado ahora para frenar otro 1 de octubre, la ministra de Política Territorial ha destacado que la Cataluña actual no es la misma que en 2017 y que el mejor instrumento en política es el diálogo.
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha declarado que la decisión del juez Llarena es una "consecuencia lógica" de la modificación del Código Penal. "Quiero recordar que hace alguno años, cuando se tramitaban las peticiones de extradición, uno de los problemas jurídicos y procesales a los que se enfrentaba la justifica era precisamente esa falta de homologación de nuestro Código Penal", según Sánchez.
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