Pilar Cernuda
¿Llegará Sánchez al final de la legislatura?
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró el pasado lunes que el apoyo a los presos de ETA por parte del diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, pone de relieve que Bildu "está mostrando poco a poco su verdadera cara", al tiempo que evidencia que el Partido Popular "tenía razón" porque Bildu es lo mismo que ETA.
En la sede del Partido Popular, tras celebrar un acto de empleo con Nuevas Generaciones, González Pons comentó así el hecho de que Garitano saliera en defensa de los presos de ETA y la legalización de Sortu aprovechando un acto con motivo de la festividad de San Ignacio.
"Bildu se disfrazó para ir a las elecciones y el Tribunal Constitucional nos metió un gol por la escuadra a los demócratas. Creo que los magistrados del TC se estarán dando cuenta ahora del tremendo error político y jurídico que cometieron. La Policía, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y el PP tenían razón: Bildu es ETA", enfatizó.
Según el responsable de Comunicación de los populares, "hace unos meses estábamos convencidos de la derrota de ETA y ahora nos damos cuenta de que ETA no mata, pero da más miedo que nunca", concluyó.
En el mismo sentido, el parlamentario vasco de UPyD, Gorka Maneiro, consideró que las actuaciones del diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, justifican "la necesidad de ilegalizar" a Bildu, tal como su formación solicitó ya en el Congreso de los Diputados. Además, señaló que el hecho de que considere a los reclusos de ETA como presos políticos "es un disparate suficiente" para declarar la ilicitud.
En un comunicado, Maneiro afirmó que "el saludo provocador de Garitano a los familiares de los presos etarras", en referencia a Etxerat en Azpeitia, "no por ser repulsivo deja de ser esperable y coherente con la trayectoria vital de este personaje".
Asimismo, indicó que "el discurso de que los presos de ETA son presos políticos es un disparate que la sociedad democrática no puede consentir" porque "es tanto como decir que son inocentes, que no tienen culpa y que, por tanto, deben estar libres, a pesar del enorme daño causado". "Supone el negacionismo de la historia criminal, motivo que debería ser suficiente para proceder a su ilegalización", insistió.
Por el contrario, las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) afirmaron que las manifestaciones del diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, están amparadas por la libertad de expresión y no son suficientes para demostrar una "posible vinculación de Bildu con ETA" y, por lo tanto, para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado inicien un proceso en contra de la coalición abertzale.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) también estimó que la actitud de Garitano no fue lo "suficientemente significativa" para reclamar la ilegalización del partido, si bien cree que "una acumulación de todos los actos" de Bildu "puede ir perfilando una morfología que permita vislumbrar si defiende una ideología o ataques al sistema".
Su portavoz, Pablo Llarena, subrayó que los dirigentes de la coalición tienen derecho a exponer sus planteamientos ideológicos pero que "en modo alguno pueden hacer una defensa de valores no democráticos o de aquellas personas que tratan de socavar los pilares de un país y de una democracia". A su juicio, el TC dio un mayor protagonismo a la participación política que al derecho de la ciudadanía a que sus representantes políticos defiendan los derechos constitucionales.
En la misma línea, se posicionó el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, que calificó las palabras del diputado general de Guipúzcoa como unas "declaraciones políticas que no tienen valor para determinar una vinculación con ETA".
Para la asociación, la crítica a la doctrina Parot lanzada por el diputado general guipuzcoano "forma parte de la libertad de expresión" y el conjunto de las reclamaciones de Garitano tienen un "difícil encaje" para estimar que se incumplió la Ley de Partidos o demostrar "una posible vinculación de Bildu con ETA".
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