PP y Ciudadanos rubrican su pacto de investidura

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han presidido en el Congreso la última reunión de sus respectivas delegaciones en la que se ha certificado el acuerdo de investidura. A la cita en la Cámara Baja han asistido los equipos negociadores de ambos partidos. Al término, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, han firmado el acuerdo que lleva por título 150 compromisos para mejorar España.

Hernando y Girauta han firmado el documento, de casi medio centenar de páginas, y han posado sonrientes ante los informadores gráficos, estrechándose la mano. Los dos portavoces fueron los que firmaron el pasado 19 de agosto el acuerdo por la regeneración y contra la corrupción que recogía las condiciones que impuso Ciudadanos para abrir la puerta a la negociación de investidura.

Los negociadores de PP y Ciudadanos trabajaron el sábado contrarreloj para cerrar los últimos flecos de la negociación que venían manteniendo desde la semana anterior. C's ha arrancado al PP numerosas medidas sociales, entre ellas el complemento salarial a las familias con menos recursos o igualar los permisos de maternidad y paternidad y el aumento del gasto en Educación, Sanidad y Dependencia, además del compromiso de reclamar el dinero que se dejó de recaudar por la amnistía fiscal y que los de Rivera cifran en 2.800 millones de euros. Una cantidad que quieren destinar a políticas sociales. A continuación un resumen de los 150 compromisos:

Medidas económicas

PP y Ciudadanos se comprometen a no subir el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), rebajarlo en dos puntos una vez que el déficit público se sitúe por debajo del 3%, reformar en profundizar el Impuesto de Sociedades y reclamar el dinero que se dejó de recaudar por la amnistía fiscal. Estas son las principales medidas fiscales incluidas en el pacto de investidura firmado por PP y Ciudadanos y en el que se establece que "la gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar a la mayor eficiencia posible, eliminando duplicidades administrativas, conteniendo el gasto superfluo, repartiendo las cargas y beneficios de la política fiscal de forma justa, asegurando que se premie a los que cumplen y castigue a los que defrauden, y favoreciendo el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de capital humano".

Para ello ambas formaciones se comprometen a realizar una revisión integral e independiente del gasto público para identificar gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas.

También han acordado rebajar el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. "Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF", se afirma en el documento.

Impuesto de sociedades

PP y C's se comprometen a reformar "en profundidad" el Impuesto de Sociedades para cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto, con el objetivo de aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro.

A la mayor brevedad, y en un plazo máximo de tres meses, se aprobará esta reforma con un objetivo de incrementar la recaudación para la financiación de programas sociales. En el ámbito de la reforma de la financiación autonómica, PP y C's se comprometen a avanzar en la armonización de los tributos propios y cedidos a las CC.AA. para evitar discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones.

Lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales

Otra de las medidas fiscales estrella pactada por PP y Ciudadanos es reclamar a los beneficiados por la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012 que tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas. Esto permitiría recuperar en cuatro años un total de 7.000 millones de euros que se dejaron de ingresar, según sus cálculos.

Ambas formaciones también se comprometen a reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes. Se revisará la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la publicidad de sus autores.

Más control de las SICAV

De la misma manera PP y Ciudadanos quieren devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades.

Los dos partidos quieren promover la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos. En particular, se introducirán modificaciones en el régimen de las SICAV para garantizar que estas sociedades se utilicen como instrumentos de inversión colectiva, finalidad para la que originalmente se crearon. Para lograr este fin, sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%.

Revisar la lista de paraísos fiscales

PP y Ciudadanos han acordado revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir a aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. El documento firmado dice que "se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios".

Para luchar contra el fraude, PP y Ciudadanos quieren facilitar el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe y en particular, establecer el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, reduciendo las comisiones.También quieren aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para reforzar su independencia y profesionalidad, incrementar sus recursos hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno, y crear una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la AEAT para reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal.

El Congreso elegirá a los responsables de los organismos reguladores

Otro apartado del acuerdo hace referencia a medidas para incrementar la competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios. En concreto se comprometen a garantizar la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno. Las Autoridades Administrativas Independientes poseerán independencia orgánica y funcional, sus presidentes y consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos.

PP y Ciudadanos han firmado separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes: una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados(en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos; y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia y de protección y defensa de los consumidores y usuarios. PP y Ciudadanos también ha acordado reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes administraciones.

Protección frente a abusos financieros

El acuerdo de investidura contempla crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros.

Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros, por ejemplo, de hipotecas, con el fin de evitar fraudes a los consumidores. Para reforzar los derechos de los consumidores y usuarios se reformará la Ley Hipotecaria para establecer la prohibición de las "cláusulas suelo" que únicamente fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado. Paralelamente, se revisará la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias, así como la regulación de los préstamos no bancarios entre particulares, para evitar situaciones de fraude y estafa.

PP y Ciudadanos abren la puerta a reformar la Constitución pero rechazan cuestionar la soberanía nacional

El PP y Ciudadanos, en su pacto de investidura, abren la puerta a la reforma de la Constitución de 1978, pero también dejan claro que no aceptarán que se ponga en cuestión el principio de la soberanía nacional, lo que excluye de plano referendos de autodeterminación. En concreto, los dos partidos "se comprometen a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia", y para ello se tomará como referencia el informe de 2006 que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó al Consejo de Estado y en el que, entre otras cosas, se abogaba por definir las competencias autonómicas poniendo techo a las transferencias.

Mariano Rajoy y Albert Rivera no llegan a crear una ponencia para la reforma de la Constitución, sino que su compromiso se queda en una fase previa de constituir una mesa de trabajo de juristas y expertos propuestos por partidos para estudiarla. "Se abre la reforma, pero de manera sensata", ha resumido el líder de Ciudadanos. No obstante, ambas partes dejan clara su defensa de la unidad de España y de hecho se asume la idea de Ciudadanos de impulsar un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución, en el que estén presentes todas las fuerzas constitucionalistas. "Los firmantes mantendrán un compromiso firme en defensa de la soberanía nacional y contra todo intento de convocar un referéndum de secesión de cualquier parte del territorio nacional", subraya el pacto.

En cuanto al Senado, trabajarán por una reducción "sustancial" del número de parlamentarios y por transformarlo en "estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado". Entre sus funciones figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte, o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos. Y dentro de la reforma electoral que ya acordaron abrir en el marco de su pacto por la regeneración, PP y Ciudadanos plantean tratar asuntos como la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos de voto de los electores del exterior, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales.

Financiación autonómica

Asimismo, PP y PSOE se comprometen a crear, en el plazo de un mes desde la formación del gobierno, un grupo de trabajo que actuará de forma paralela y coordinada con el existente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ofrecer propuestas sobre un nuevo modelo de financiación territorial. El objetivo es una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas(LOFCA) para "corregir las insuficiencias del sistema y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional". Eso sí, "el nuevo sistema de financiación autonómica establecerá una cartera de servicios comunes para todos los españoles garantizados por el Estado, que podrán ser ampliados por las Comunidades Autónomas, siguiendo el principio de corresponsabilidad fiscal". Se defenderá y potenciará el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), derecho ya reconocido por la Constitución y por el Tratado de la Unión Europea, de tal forma que se igualen las condiciones de partida con las del resto de ciudadanos del territorio nacional.

Asimismo, se reclama una nueva financiación local, de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, avanzando en la delimitación de las competencias que deben corresponder a las Corporaciones Locales y la garantía de una financiación suficiente y estable para dar los servicios que los ciudadanos demandan. Para ello, se fomentará, además, la agrupación voluntaria de servicios prestados por diferentes municipios.

Sobre las Diputaciones

El PP se ha negado a la pretensión de Ciudadanos de suprimir las Diputaciones, pero ambos partidos se comprometen a profundizar en la racionalización de las Administraciones públicas y en la eliminación de duplicidades y organismos innecesarios con el fin de generar ahorros que se destinarán, a medida que se vayan produciendo, a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad. Para proteger a las Diputaciones, el PP ha incluido una salvaguarda para garantizar que "ninguna de las actuaciones pondrá en riesgo los servicios públicos que prestan estas administraciones a los ciudadanos y especialmente los que benefician a los 15.000.000 de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes".

En el ámbito de la Administración, lo dos partidos abogan por desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública para garantizar los principios de mérito y capacidad, y de entrada establecerán el concurso como norma general para el nombramiento de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local, de tal manera que "sólo se podrá proceder a la separación de dichos funcionarios por motivos tasados en la Ley". Paralelamente, se apuesta por homologar las condiciones retributivas de los trabajadores de las distintas comunidades, con opción a establecer una tabla salarial común en todo el territorio nacional.