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La dificultad de predecir una DANA

Los Mossos, investigados por permitir que los CDR cortasen la autopista

Crisis en Cataluña

La Fiscalía exige al comisario jefe de la policía catalana un informe sobre las actuaciones de los agentes durante los cortes de autopista y el levantamiento de peajes, incluyendo el nombre de los responsables.

Un grupo de CDR levantan las barreras en la salida de la AP-7. / EFE
EFE

11 de diciembre 2018 - 16:42

Barcelona/La Fiscalía de Cataluña ha abierto una investigación a los Mossos por no haber intervenido para desalojar a los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) que permanecieron de forma "injustificada" varias horas durante el Puente de la Constitución cortando autopistas y levantando peajes.

En un decreto, el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, advierte de que, de confirmarse la "ausencia de conminación" por parte de los agentes para disuadir a los CDR de su conducta o la "lenidad en exigir el restablecimiento del orden y la restitución del derecho de los ciudadanos afectados", la actuación de los Mossos podría "dar lugar a responsabilidad", por lo que ordena la apertura de diligencias de investigación.

En concreto, Bañeres ordena al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que en un plazo máximo de diez días remita un informe detallando las actuaciones practicadas por la policía catalana durante los cortes de autopista y el levantamiento de peajes por parte de los CDR.

El fiscal reclama al jefe de los Mossos que precise en su informe quiénes eran los responsables de las operaciones, así como las órdenes o comunicaciones cursadas durante los acontecimientos y una reseña de los incidentes que pudiesen haber surgido durante su ejecución.

En plena polémica por las críticas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a los Mossos d'Esquadra por sus cargas contra grupos que querían boicotear actos de Vox en Gerona y Tarrasa (Barcelona) el pasado Día de la Constitución, los CDR cortaron dos días después, el 8 de diciembre, durante quince horas la AP-7 en l'Ampolla (Tarragona), sin que los Mossos actuaran para desalojarles del lugar.

Posteriormente, el domingo 9 de diciembre, los CDR levantaron sin oposición policial las barreras de peaje en varias autopistas catalanas, en plena operación regreso del puente de la Constitución, propiciando, según detalla el escrito de la Fiscalía, que "la multitud de conductores que circulaban por dichas vías lo realizasen de manera gratuita, con el consecuente perjuicio a la empresa concesionaria".

"Se tiene constancia de que, tanto en uno como en otro episodio, comparecieron dotaciones de los Mossos d'Esquadra, resaltándose -en las diferentes noticias que se hicieron eco de ambos incidentes- que el comportamiento de las unidades destacadas no se orientó a disuadir a los concentrados de su conducta", resalta el escrito del ministerio público.

Según el Fiscal Superior, de las informaciones recabadas se constata también que los Mossos no emplearon ante los CDR, "de haber sido necesaria", la fuerza "imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico ante una actuación ilegal", dando lugar con ello "a una permanencia injustificada" y lesionando los derechos de "multitud de usuarios de la autopista" y de las concesionarias.

Según el escrito, si se confirma la "ausencia de conminación" por parte de los Mossos d'Esquadra a los CDR o su "lenidad" (blandura o falta de rigor) en exigir el restablecimiento del orden, la policía catalana podría haber incurrido en responsabilidades que se deben investigar.

Una vez se reciba el informe del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Bañeres acordará los siguientes pasos que dar en el marco de las diligencias abiertas, que ya ha comunicado a la Fiscalía Superior de Cataluña.

A raíz de los incidentes protagonizados por los CDR en las autopistas catalanas durante el pasado fin de semana, el Gobierno ha alertado a la Generalitat de que ordenará la "intervención" de las fuerzas de seguridad del Estado "en términos de proporcionalidad y necesidad" si los Mossos siguen sin ejercer su función de "garantizar el orden público" en la comunidad autónoma.

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