Montilla defenderá el Estatuto catalán "hasta las últimas consecuencias"
El retraso en la sentencia del Tribunal Constitucional agrava la guerra de nervios
El presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, avisó que defenderá el Estatuto catalán y su constitucionalidad "hasta las últimas consecuencias". En un acto organizado por los socialistas catalanes en Barcelona, Montilla indicó que defenderá el Estatut "con inteligencia y fuerza, con amabilidad y determinación hasta las últimas consecuencias" y defendió que el Govern está desplegando el texto con rigor y ambición.
Estas declaraciones surgen después de que el pasado jueves los periódicos catalanes publicaran un editorial conjunto en el que defendían la constitucionalidad del texto bajo el título La dignidad de Catalunya una comunidad que vive una tensa espera por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a los recursos sobre el Estatuto de Autonomía, un asunto encallado en el alto tribunal desde hace tres años y que ha llevado a un nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP a cuenta de las aspiraciones del autogobierno catalán.
Están en el alero cuestiones sensibles, como la definición de Cataluña como "nación" en el preámbulo del Estatut, los "derechos históricos" de la comunidad, la obligatoriedad de conocer el catalán o los denominados "símbolos nacionales".
La cuestión de fondo es que, por primera vez, el TC deberá dictaminar sobre una ley orgánica después de que no sólo haya pasado los filtros del parlamento autonómico y de las Cortes españolas, sino también el aval de un referéndum ciudadano.
En este contexto están en juego las consecuencias que puedan derivarse de un "conflicto entre democracia y ley", tal como lo definió el escritor Javier Cercas, sobre todo en función de si la sentencia sólo es interpretativa o si bien recorta aspectos claves del texto.
Por ello, el Constitucional está en el punto de mira, no sólo de Cataluña sino también de los dos grandes partidos españoles que propusieron a los doce miembros del tribunal, de los que finalmente dictaminarán diez, puesto que Roberto García-Calvo falleció y Pablo Pérez Tremp fue recusado por el PP y apartado de las deliberaciones.
Hubo otras dos recusaciones, que fueron rechazadas, una del PP en contra de la presidenta del TC, María Emilia Casas, y otra de la Generalitat contra Jorge Rodríguez Zapata.
Hay que recordar además que cuatro magistrados siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato y que con otros cuatro jueces está a punto de ocurrir lo mismo.
El consenso entre PP y PSOE es imprescindible para renovar el TC ya que se necesitan las dos terceras partes de los diputados para ello. Pero este acuerdo es a día de hoy imposible, a la espera de la reunión que mantendrán en diciembre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy.
La mayoría de los partidos catalanes consultados por Efe creen que si el TC no falla ahora se entrará en una fase de total indefinición que, de no renovarse el TC, podría posponer el fallo a después de las elecciones catalanas, previstas para otoño del 2010.
Son hasta siete los recursos en el TC en contra del Estatut. Además del formulado por el PP sobre 114 artículos, están los recursos del Defensor del Pueblo y de cinco comunidades autónomas: Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y el gobierno balear.
La trascendencia de la decisión del TC también hay que verla en un plano electoral, puesto que el horizonte de las autonómicas catalanas ha abierto una pugna entre el PSC y CiU por ver quién lidera una eventual respuesta al TC.
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