Marlaska asegura que el problema de los migrantes en Barajas está ya resuelto

Madrid/El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que se han tomado las medidas para resolver el problema "puntual" por el colapso sufrido en diciembre en las salas de asilo del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que motivó que tres jueces le remitieran requerimientos para dar una solución urgente.

"Ha sido una cuestión absolutamente puntual, se han tomado las medidas y tenemos ya instalaciones complementarias al respecto", apuntó Marlaska en la rueda de prensa del balance de siniestralidad vial de 2023.

El ministro del Interior añadió que este problema se debió a "unos vuelos muy concretos, con un origen y destino también muy concreto", sin dar más detalles. "Se ha trabajado sobre ese tema, que ha sido muy puntual", dijo al ser preguntado por los requerimientos judiciales solicitándole medidas urgentes.

Falata de policías

El pasado 19 de diciembre, el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) pidió al Ministerio del Interior que adoptara medidas urgentes para evitar el colapso de las salas de solicitudes de asilo en las terminales T1 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ya que, decía, se encontraban "desbordadas" por la presencia de 260 solicitantes de protección internacional, principalmente de Kenia. El CEP señaló que estas personas se estaban acogiendo a la figura jurídica del asilo, prevista para quienes sufren persecución por de raza, religión, nacionalidad, género u orientación sexual.

El sindicato denunció la "acumulación de personas" y de la afectación para los policías destinados en Barajas, tanto en lo relativo a la realización de las entrevistas previstas en la ley para estas solicitudes, como en lo relativo a la custodia de las salas.

En la rueda de prensa en la Dirección General de Tráfico (DGT), al ministro también le han preguntado por la información de ABC relativa al envío a España de la primera remesa de inmigrantes de origen latino, en concreto, 281 nicaragüenses y venezolanos. Grande-Marlaska se ha limitado a decir que son personas "acreedoras del derecho de asilo por ser perseguidas en sus países de origen" y que está contemplando en el "plan nacional de reubicaciones".