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Marlaska descarta traslados masivos a la península ante la crisis en Canarias

Colapso en Arguineguín

El ministro del Interior presiona a Marruecos para que ponga coto al aluvión de inmigrantes

Escrivá anuncia la habilitación de campamentos con más de 6.000 plazas en las islas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a Rabat este viernes. / Efe / Ministerio Del Interior
Agencias

20 de noviembre 2020 - 19:58

Las Palmas / Rabat/El Gobierno sigue buscando soluciones a la crisis migratoria en Canarias, pero sin trasladar de forma regular a la Península a todas personas que llegan a las islas, una demanda del Ejecutivo autonómico socialista, que se niega a seguir siendo el único territorio que sostenga la presión de la llegada de pateras.

Este viernes, la acción del Gobierno se ha desplegado en Las Palmas de Gran Canaria con la visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y en Marruecos, con el viaje del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Escrivá ha anunciado que se habilitarán con carácter de urgencia campamentos con 6.000 plazas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para ir acogiendo a los inmigrantes que ahora se reparten por 17 complejos turísticos y, de forma paralela, trabajará para dotar de otras 7.000 plazas estables en el interior de inmuebles.

El plan se apoya, en buena medida, en los terrenos e inmuebles cedidos por el Ministerio de Defensa en tres islas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Bankia.

Escrivá ha destacado que "el 90%" de los 18.348 inmigrantes que han llegado en patera a las islas en lo que va de año "son expulsables a sus países de origen" y ha recalcado que los traslados a la Península que puede promover su departamento se ciñen exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad.

Viaje a Rabat

En esta misma línea, el ministro del Interior ha explicado hoy que el Gobierno quiere evitar que Canarias se convierta en la "vía de entrada irregular en Europa".

El ministro ha hecho estas declaraciones en Rabat, adonde se ha trasladado por séptima vez desde su nombramiento en un viaje interpretado como un intento de mayor cooperación del Gobierno marroquí para reforzar las repatriaciones de sus nacionales, dado que son más de la mitad de los migrantes llegados irregularmente a Canarias.

Marlaska respondía a una pregunta sobre los eventuales traslados a la Península: "Cuando se habla de traslado a la Península (digo): hay que luchar contra la emigración irregular y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa".

A continuación ha querido aclarar que "las políticas migratorias son del conjunto de la UE, y no solo de España", al tiempo que ha insistido, al igual que explicó recientemente la ministra de Administración Territorial, Carolina Darias, en que las personas con derecho a protección o vulnerabilidad tendrán trato preferencial, pero que no se contemplan traslados masivos y regulares.

El traslado de los inmigrantes hacia la Península es una reiterada petición del Gobierno canario, cuyo presidente, Ángel Víctor Torres, ha comparecido en Las Palmas de Gran Canaria con el ministro Escrivá.

Ángel Víctor Torres: "Se lo digo con rotundidad al Gobierno de España y a la UE: Canarias no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias"

Ha subrayado que las derivaciones a la Península siguen siendo una exigencia de Canarias porque es una "obligación solidaria" establecida en el pacto europeo de asilo y migraciones, al que se oponen países como Polonia o Eslovaquia, y porque las islas sólo pueden acoger a un porcentaje de los inmigrantes que llegan.

"Canarias se rebela, se revira y se opone a ser el único lugar de España donde tenga que quedarse toda la inmigración irregular. Hay un pacto por la migración y el asilo que dice rotundamente que Europa tiene que ser solidaria con las personas que llegan a los territorios fronterizos (...) Se lo digo con rotundidad al Gobierno de España y a la UE: Canarias no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias", ha señalado Torres, con gesto muy serio.

Además, ha dicho que sólo podrá estar satisfecho "cuando se desmantele" el campamento del muelle de Arguineguín, donde han llegado a hacinarse más de 2.500 personas esta misma semana, Torres ha estimado que "es una buena noticia" que comunidades como la Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Aragón y la ciudad de Barcelona se hayan ofrecido a acoger a parte de los 9.000 inmigrantes que permanecen en Canarias.

Escrivá ha admitido que su ministerio "podría haber llegado antes" a responder a esta emergencia humanitaria, si bien ha estimado que "hay que mirar hacia adelante".

El plan de acogida diseñado por Migraciones supondrá una inversión de 84 millones de euros, de los que 43 procederán de fondos EMAS y 41 de los fondos de recuperación de la UE.

El SUP y la AUGC denuncian descoordinación ministerial

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian lo que consideran una "descoordinación ministerial" ante el fenómeno de la inmigración ilegal que está afecta a Canarias. Esta situación "está provocando graves perjuicios en el servicio policial" y el Ministerio del Interior no ejerce su competencia exclusiva como coordinador de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en la atención de esta crisis de pateras, aseguran los sindicatos en un comunicado. Asimismo, destacan que "llevamos años denunciando las carencias del actual modelo policial por la inacción de los órganos llamados a ejercer su responsabilidad de dirección y supervisión". Un ejemplo de estas carencias es la situación que se vive desde hace varias semanas en Canarias, con la visita de varios ministros "sin que el Gobierno de España haya puesto solución al problema". Los sindicatos de las fuerzas de seguridad piden un refuerzo de las fronteras exteriores, como elemento fundamental para recuperar la confianza pública". Recuerdan que, en 2019, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) ponía en marcha su propio cuerpo policial y convocó un proceso de selección para cubrir 700 plazas de agentes que pasarán a formar parte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que operará a nivel europeo.

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