Laura Borràs, cuenta atrás para el principio del fin

El escrito de acusación de la Fiscalía contra Laura Borràs, trámite que hace su juicio casi inevitable, activa la cuenta atrás de un proceso del que pende no sólo el futuro de su cargo como presidenta del Parlament sino también su carrera en política, amenazada por penas de más de 20 años de inhabilitación.

Una causa penal que acecha a uno de los principales activos electorales del espacio posconvergente: tras ser consellera de Cultura con Quim Torra al frente de la Generalitat y haber liderado las candidaturas de JxCat en las últimas autonómicas, Borràs ha acabado por erigirse en presidenta del partido, con el ex conseller Jordi Turull, condenado por el procés, como secretario general.

La Fiscalía presentó el jueves su calificación penal contra Borràs, para quien pide una pena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque la exculpa de los de malversación y fraude por los que también la procesó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Las fiscales del caso entienden que Borràs delinquió al fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que dirigió de 2013 a 2018 para poder adjudicárselos a dedo a un amigo, pero como el precio de los trabajos no estaba inflado descarta la malversación, el delito de los que le atribuyó el TSJC que más pena conlleva, de hasta 8 años de cárcel.

Con el escrito de acusación del Ministerio Público, el juez instructor no tiene otra opción que dictar el auto de apertura de juicio oral, un trámite clave para que el Parlament discuta si suspende a Borràs de su cargo, pero que aún podría demorarse por el recurso contra el procesamiento que presentó su defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, que también lo es de Carles Puigdemont.

Ese movimiento de su abogado y el mes de agosto -inhábil a efectos procesales- podrían dar un respiro a la presidenta del Parlament, cada vez más acuciada por las invitaciones a que dimita, pero nada impide que el TSJC dicte el auto de apertura de juicio oral en cuestión de días, sin resolver el recurso, ya que no tiene efectos suspensivos.

La falta de concreción del artículo 25.4 del Parlament -aprobado en 2017 y que obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción- se ha convertido en un balón de oxígeno para Borràs, que insiste en que la Fiscalía la ha exculpado de fraude y malversación, los delitos que se asocian con el abuso en el ejercicio del poder público.

De hecho, el Código Penal no cuenta con un apartado que defina como tales a los delitos vinculados a la corrupción, por lo que clasificar el de prevaricación puede ser objeto de discusión jurídica.

Lo cierto, no obstante, es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye la prevaricación -castigado sólo con inhabilitación- entre los delitos de corrupción, junto a los de malversación, cohecho, tráfico de influencias o fraude, entre otros.

El delito de falsedad documental que la Fiscalía atribuye también a Borràs suele acompañar los delitos de corrupción: en este caso el Ministerio Público lo vincula a los presupuestos falseados que los acusados confeccionaron presuntamente para simular que eran varias las ofertas que optaban a los contratos de la ILC.

Mientras las filas de ERC redoblan su presión para que dimita, la presidenta de JxCat sigue tratando de concitar apoyos políticos -se lo han brindado desde los ex presidents Artur Mas o Torra hasta Turull- y aferrándose a que el artículo 25.4 del Parlament adolece de un "problema democrático".

El artículo, que prevé la suspensión de los diputados sin necesidad de que lo vote el pleno de la Cámara, se incorporó al reglamento del Parlament en 2017, en vísperas del referéndum del 1-O, tras ser impulsado por la CUP y consensuado con Junts pel Sí -que englobaba a posconvergentes y ERC- para combatir la corrupción.

Para evitar su suspensión, Borràs podría escudarse en que su procesamiento tiene motivaciones "políticas" y tratar de que la Comisión del Estatuto del Diputado apruebe un dictamen en ese sentido, lo que en cualquier caso requeriría el apoyo de ERC y la CUP.

De hecho, ni ella ni su entorno dudan en proclamarla víctima de la "represión del Estado" en una causa que se inició a raíz de una investigación por tráfico de drogas y falsificación de monedas que los Mossos d'Esquadra abrieron a su amigo Isaías H. en 2017.

Un sobre con billetes falsificados que Isaías H. recibió de Holanda dio pie a que los Mossos le intervinieran el teléfono, registraran su domicilio y se incautaran de sus ordenadores, donde hallaron indicios de la presunta contratación irregular en la ILC.