La Justicia debe resolver la situación de varios líderes 'abertzales'
Históricos como Otegi, Permach o Echebarria tienen aún causas pendientes
Varios miembros de la izquierda abertzale, entre los que se encuentran el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y los históricos Rufi Echebarria o Joseba Permach se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel en las causas que la Audiencia Nacional mantiene abiertas contra la organización ilegalizada y el entorno de la banda terrorista ETA.
La causa más importante que está pendiente de juicio, tras el anuncio de la banda terrorista del "cese de sus actividades armadas", es la que investiga la subordinación de Batasuna a ETA y su financiación a través de las herriko tabernas (sumario 35/02), que debe juzgar la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.
En este procedimiento Otegi, Echebarria y Permach se enfrentan a 12 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigentes. Además, la Fiscalía pide diez años de cárcel para otros 20 miembros de la formación ilegalizada y ocho más para otros 17 procesados en esta causa.
El procedimiento con un mayor número de acusados es el 4/08, que sentará en el banquillo a 43 miembros de la reconstituida Mesa Nacional de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Los procesados -entre los que se encuentran dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena o Juan José Petrikorena, la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro; o las ex diputadas Nekane Erauskin y Karmele Berasategui- se enfrentan a diez años de cárcel por un delito de pertenencia o colaboración con banda armada.
La tercera causa contra las formaciones herederas de Batasuna que está pendiente de ser juzgada es la que se sigue contra D3M y Askatasuna, las organizaciones con las que la izquierda abertzale quiso presentarse a las elecciones vascas de 2009. En este caso la Fiscalía acusa a 13 dirigentes como la portavoz de D3M, Amparo de las Heras, o Arantza Urkaregi a entre siete y nueve años de cárcel.
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