Junts y ERC apuran las negociaciones con el PSOE para blindar más el terrorismo en la amnistía

Madrid/"Hasta última hora", "hasta el último momento". En vísperas de que la ley de amnistía llegue al pleno del Congreso, Junts y ERC apuran las negociaciones con los socialistas para incluir todos los delitos de terrorismo y garantizar que nadie implicado en el procès queda fuera de la medida de gracia.

Si se sigue el patrón de las últimas semanas, las negociaciones pueden prolongarse hasta el mismo pleno, que comenzará a las 15 horas y donde se votarán las últimas enmiendas que pueden entrar en el texto en el Congreso.

En rueda de prensa en la sede de ERC en Barcelona, la portavoz de este partido, Raquel Sans, ha afirmado este lunes que continuarán negociando las enmiendas "hasta el último momento" para que se apruebe una ley que "tiene que dar cobertura a todas las personas que participaron en las consultas del 9N, en la organización del 1-O" y en las protestas posteriores contra la sentencia.

"La negociación sigue hasta última hora", ha confirmado la portavoz del PSC, Èlia Tortolero.

Fuentes de Junts confirman a EFE que no cejan en su empeño de blindar la ley de amnistía ante posibles actuaciones judiciales.

Por ello, el partido liderado por Puigdemont ha decidido mantener vivas sus enmiendas de cara al Pleno previsto para este martes en el Congreso de los Diputados, donde podrían introducirse si consiguen el apoyo necesario. Este lunes, el diputado del PSC en la Cámara Baja José Zaragoza ha descartado, en una entrevista radiofónica, que los socialistas voten a favor de las enmiendas de Junts y ERC ya rechazadas en comisión.

En la misma línea se expresó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde Bruselas al afirmar que el Gobierno considera cerrada la ley de amnistía.

Pese a todo, fuentes de Junts subrayan que la intención de la formación independentista es negociar hasta el último minuto para enmendar la amnistía de modo que quede blindada frente a la futura acción de los tribunales y abarque el mayor número de personas y causas.

Ningún dirigente político ha querido entrar este lunes en el detalle de los cambios que se negocian, aunque obligatoriamente estos tienen que pasar por las enmiendas ya registradas en la Cámara Baja.

Los principales cambios que mantienen Junts y ERC, con apoyo del PNV, buscan amnistiar todos los delitos de terrorismo cometidos en el marco del 'procés'.

En su punto de mira está, por ejemplo, el caso Tsunami, donde el juez Manuel García-Castellón investiga por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira y estudia la posible relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat.

En otra enmienda conjunta, Junts y el PNV piden amnistiar también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado.

Este lunes el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictó un auto en el marco del 'caso Volhov' en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien intervendrá mañana en el pleno para ratificar el rechazo de su grupo a la ley, ha cargado este lunes contra el Gobierno por "justificar el terrorismo" y ser "más crítico con los jueces que lo investigan" que con los políticos que están siendo investigados por ello.

Frente a esta postura, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha insistido en la necesidad de dotar a la ley de "máxima" seguridad jurídica para blindarla ante los intentos de algunos jueces de "torpedearla".

"Todo vale para los García-Castellón de turno. Allí donde lo que vimos fue un referéndum pacífico algunos hablan de terrorismo", ha afirmado la portavoz de ERC.

Desde Podemos, en la misma línea, Pablo Fernández ha avanzado el apoyo de sus diputados a las enmiendas de los grupos independentistas, ya que hay "jueces reaccionarios con interés político".

"Se va a consumar el golpe de Estado", ha alertado por su parte el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, que augura que el Tribunal Constitucional (TC) acabará dando un "barniz de legalidad" a la ley.