Juntos en defensa de la unidad, la ley y la democracia

COMO era de prever, el Parlamento de Cataluña se situó ayer fuera de la ley al aprobar una declaración que insta al Govern a dar los primeros pasos para alcanzar la independencia y a desobedecer a las instituciones políticas y judiciales españolas, en especial al Tribunal Constitucional. En otras palabras, la Cámara autonómica catalana entró ayer en rebeldía al dar lo que ya muchos llaman un "golpe institucional", que atenta de forma irresponsable e inaudita contra la democracia, la soberanía y la Constitución.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, compareció ante los medios de comunicación para transmitir a la sociedad un mensaje de firmeza, pero también de respeto a las leyes y a los procedimientos establecidos. Rajoy ha acertado tanto en el camino legal como en el político. Gracias al primero, se han puesto en marcha todos los mecanismos (convocatoria del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, etcétera) para recurrir de urgencia al Tribunal Constitucional, que es el que tiene que certificar (pese a la evidencia) que la declaración del Parlament está fuera de la Constitución y, por lo tanto, no es válida. En la senda política, celebrará hoy un encuentro con el líder del partido de la oposición, Pedro Sánchez, y mantendrá puntualmente informadas al resto de las formaciones políticas y a las instituciones europeas. La divergencia, el debate y la pluralidad política son el alma de la democracia, pero cuando ésta es amenazada, como ayer ocurrió en el Parlamento catalán, la unidad se convierte en un imperativo moral para todos los partidos políticos. Cualquier formación que intente sacar réditos electorales de lo ocurrido ayer en Barcelona será, probablemente, castigada por los ciudadanos.

Además, el Gobierno de la nación acierta cuando hace hincapié en no diluir las responsabilidades en el colectivo independentista y en poner nombres y apellidos a los responsables, que en su día tendrán que rendir cuentas ante la Justicia. En este aspecto, también cuenta con el apoyo del PSOE, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, fue ayer tajante: "Quienes se han situado fuera de ley deberán rendir cuentas". La primera de estas personas responsables es la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que ha permitido que prospere una declaración que a todas luces es ilegal. Los que están fracturando la sociedad catalana, los que están ninguneando la democracia, los que se están saltando las leyes más elementales no deben quedar impunes.