Juan Carlos I sale de España para dar “sosiego” a Felipe VI

La puerta se había entreabierto hacía algunas semanas. Ayer se abrió del todo y don Juan Carlos cruzará el umbral y dejará el Palacio de la Zarzuela después de más de 57 años residiendo en él, primero como príncipe –desde 1963– y luego como rey, tras su proclamación en 1975 días después de la muerte de Franco.

Pero el Rey emérito no deja sólo este antiguo pabellón de caza utilizado por los monarcas españoles desde su construcción en el siglo XVII a instancias de Felipe IV. Don Juan Carlos se marcha de España. Y lo hace para disipar las sombras y, sobre todo, para dar “tranquilidad y sosiego” al reinado de su hijo, Felipe VI.

El rey que pilotó la operación que reinstauró la democracia tras el régimen de Franco ha decidido finalmente abandonar el país, en medio del goteo incesante de informaciones sobre sus supuestos negocios ocultos, por los que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La decisión de Juan Carlos I se produce, además, después de varias referencias hechas a una posible salida del Rey emérito desde las filas del propio Ejecutivo, empezando por su jefe, Pedro Sánchez.

Algunas fuentes cercanas a don Juan Carlos señalaron que éste ya no se encuentra en España. La Casa Real mantiene un hermetismo absoluto sobre el país en el que residirá el Rey emérito, mantiene un silencio total al respecto y no ofrece pista alguna sobre el futuro lugar de residencia del anterior jefe del Estado. Tampoco el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, ofreció el más mínimo dato sobre este particular.

En la carta remitida a su hijo, Felipe VI, en la que el Rey eméritole traslada su “meditada decisión” de trasladarse “fuera de España”, destaca su “más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”.

En el mismo comunicado en el que dio a conocer la determinación de don Juan Carlos, la Casa Real informó del “sentido respeto y agradecimiento” que transmitió Felipe VI a su padre “por su decisión”. El Rey remarcó la “importancia histórica” que representa el reinado de su progenitor como “legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia”. Al mismo tiempo quiso reafirmar los “principios y valores” sobre los que se asienta el sistema político, “en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.

“Gran serenidad”

Don Juan Carlos, que recuerda en la misiva enviada a su hijo que hace un año optó por dejar de “desarrollar actividades institucionales”, comunica a don Felipe que “ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”.

La decisión la toma, recalca don Juan Carlos en la carta a su hijo, “con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona”.

En esta misma actitud enmarcó el abogado del Rey emérito, Javier Sánchez Junco, la predisposición de don Juan Carlos a colaborar con la Fiscalía, que investiga si cobró alguna comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011, “para cualquier trámite o actuación que considere oportuna”.

Entretanto, el Ministerio Público está estudiando la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la investigación que mantienen allí abierta por el supuesto cobro de comisiones y que afectaría al anterior jefe del Estado, y está a la espera de recibir más información. Fuentes de la Fiscalía explicaron que el hecho de que don Juan Carlos haya decidido fijar su residencia fuera de España no tiene por qué perjudicar en principio a la investigación, que continúa centrada en el examen de la documentación suiza.

En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de don Juan Carlos, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a la Sala de lo Penal del Supremo, tribunal ante el que el Rey emérito está aforado desde su abdicación. El fiscal encargado del caso, Juan Ignacio Campos, no ha dado ningún paso concreto de momento, por lo que Don Juan Carlos no está investigado formalmente.

Junio de 2014

Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurrieron con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. Así, de momento, las autoridades suizas han remitido parte de sus pesquisas y es lo que el fiscal Campos está estudiando.

colofón

El anuncio de Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España es el colofón de toda una serie de decisiones que han ido adoptando tanto él mismo como la Casa Real a medida que sus finanzas se han ido poniendo bajo sospecha, sobre todo tras la apertura de la investigación en Suiza y la publicación sobre estas pesquisas en medios españoles, suizos y británicos. El primer paso tuvo lugar hace algo más de un año, con la decisión de don Juan Carlos de dejar de desarrollar actividades institucionales y apartarse de la vida pública. Meses después, el pasado 15 de marzo –el mismo día que entró en vigor el estado de alarma por la pandemia de coronavirus–, la Casa Real anunció que Felipe VI había renunciado a la herencia de su padre “que personalmente le pudiera corresponder” y le retiró la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de Zarzuela.

Éste ha sido uno de los tragos más duros que ha tenido que afrontar Felipe VI en lo personal en sus seis años de reinado. Al Monarca no le ha temblado el pulso a la hora de tomar algunas medidas muy severas en el ámbito familiar. La retirada de la asignación a su padre fue una de ellas. El detonante fueron las informaciones en las que Felipe VI aparecía como beneficiario de la fundación Lucum, a través de la que don Juan Carlos presuntamente movió el dinero oculto. Don Felipe tuvo conocimiento de este hecho en marzo de 2019 y en abril acudió a un notario para renunciar a cualquier beneficio de Lucum y de su padre.

Tras estos movimientos, Juan Carlos I comunicó a Felipe VI su retirada de la actividad institucional a partir del 2 de junio de 2019, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación. Aquel paso se tradujo en un primer momento como un deseo de centrar todo el protagonismo en su hijo, aunque, transcurridos los meses, se ha interpretado más como un distanciamiento por parte de don Felipe ante las informaciones que le habían llegado tres meses antes. Tras la retirada de don Juan Carlos de la esfera pública, don Felipe suprimió la secretaría que se le había creado tras el relevo en el trono, aunque le mantuvo como miembro de la familia real y la residencia en Zarzuela, además de conservar su tratamiento vitalicio de rey. El paso dado ahora por don Juan Carlos refuerza el compromiso que Felipe VI adoptó en su proclamación de mantener una conducta ejemplar para ganarse la confianza de los ciudadanos.