Irene Montero, ante un año clave: del "sólo sí es sí" a la ley trans o la reforma del aborto

2021 será el año en el que vean la luz las primeras leyes impulsadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero: la primera y más esperada, la de la garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del sólo sí es sí, pero también se abordarán la polémica ley trans y la reforma del aborto.

Tras un primer año convulso al frente de la cartera de Igualdad, marcado por la pandemia y por la confrontación de distintas corrientes del feminismo, Montero afronta el segundo año de su mandato con la perspectiva de poner en marcha una ambiciosa agenda legislativa, ayudada por la llegada de los fondos europeos y el calendario de las Cortes Generales.

La primera que llegará al Congreso de los Diputados será la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del sólo sí es sí, que reformará la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para, entre otras cosas, acabar con la distinción entre abuso y violación y convertir el consentimiento en el núcleo de la consideración de estos delitos.

El anteproyecto, que fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2020 tras algunas tensiones con el Ministerio de Justicia y que sufrió distintas modificaciones a lo largo del año, está a la espera del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llegará como pronto a finales de enero.

Ya ha sido analizado por el Consejo Económico y Social (CES), que pidió a Igualdad que "depure la técnica jurídica" del texto y garantice los medios económicos para proteger a las víctimas, y por el Consejo Fiscal, que avaló el anteproyecto por unanimidad y recomendó aclarar la redacción que define el consentimiento y profundizar en la persecución de la explotación sexual.

Una vez se pronuncie el CGPJ, Igualdad valorará si incluir algunas de las aportaciones de estos órganos en el texto antes de enviárselo al Consejo de Estado y de que el Consejo de Ministros apruebe un proyecto de ley definitivo para remitirlo al Congreso.

Podría ser cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer, la fecha elegida también hace un año para presentar un anteproyecto en el que el Ministerio de Justicia empezó a trabajar ya en 2018, tras la polémica sentencia de la Manada.

El proyecto de Igualdad va mucho más allá de una revisión de la tipificación de los delitos sexuales y articula la prevención, atención, sanción, especialización y reparación de todas las violencias sexuales, al igual que la ley 1/2004 hizo con la violencia de género en el ámbito de la pareja.

Los delitos sexuales, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la pornografía no consentida y el feminicidio sexual se considerarán violencias machistas, como mandata el Convenio de Estambul.

Esta ley también cambiará el Código Penal con el objetivo de luchar contra la industria de la explotación sexual: se castigarán el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, es decir, lucrarse del alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres.

Del aborto a la ley trans

El Ministerio de Igualdad ha anunciado asimismo que acometerá una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para acabar con el consentimiento paterno para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar.

En esta modificación se incluirán además los vientres de alquiler, la violencia ginecoobstétrica, las esterilizaciones forzosas o los abortos forzados.

Mientras las anteriores medidas cuentan con un férreo respaldo de todo el feminismo, otro de los grandes proyectos del Ministerio de Igualdad, el de la futura ley trans, no concita tanta unidad y ha sido contestado por un sector del movimiento feminista que considera que el sujeto político del feminismo es la mujer y no se deben abrazar otras luchas al margen de la igualdad plena entre el hombre y la mujer.

El anteproyecto de ley de igualdad plena y efectiva de las personas trans, cuyo borrador estará listo a lo largo de este mes de enero, acabará con la patologización de la transexualidad (que no haya que declararse enfermo no someterse a tratamiento para el cambio de género) e incluirá la autodeterminación del género de las personas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado en el momento del nacimiento.

Se trata, defiende Igualdad, de cumplir las obligaciones internacionales -no exigir procesos de hormonación, terapia psicológica o intervenciones quirúrgicas para hacer el cambio en el registro- y la sentencia del Constitucional que obliga a reconocer los derechos de los menores trans.

El norma eliminará trabas burocráticas y hará los procedimientos más ágiles.

En la fase de consulta pública previa, Igualdad recibió más de 60.000 aportaciones al texto, el 96 % de ellas de apoyo.

"Espero este dato sirva para que las personas trans tengan claro que este año es el año en que sus derechos se van a ver reconocidos en la ley", explicó Montero en el Senado.

Esas declaraciones llegaron tras meses de acalorados debates -en ocasiones duros enfrentamientos- en el seno del feminismo sobre la pertinencia de abrazar la causa de la lucha por los derechos de las personas trans.

La aparición de un argumentario contrario a esa idea avalado por la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro José Luis Ábalos avivó la polémica, si bien Irene Montero ha asegurado que el compromiso del Gobierno es claro y la ministra portavoz, María Jesús Montero, defendió que es compatible la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres con el reconocimiento y el refuerzo a través de una ley de los derechos de las personas trans.

El 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ministra de Igualdad hizo un emocionado llamamiento a la unidad del feminismo y a los pactos entre las distintas voces del movimiento feminista, asegurando que su ministerio es el de "todas las mujeres".

En un mensaje conciliador, abogó por "renovar el pacto entre mujeres", un "pacto feminista que se sostiene con manos de todos los colores" y que ha de sonar a la vez "con varias voces", pero "como una sola voz", ya que ha de ser plural, crítico y resiliente.

Más allá de la ley trans, Igualdad prepara una ley de igualdad LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.