Investigan a Maroto por un sobrecoste de 370.000 euros en su etapa de alcaldeEl juez confirma que continúa la causa contra Pedro Antonio Sánchez

Vitoria murcia/El Tribunal de Cuentas del Estado investigará un presunto sobrecoste de 370.000 euros pagado a la empresa FCC por parte del Gobierno municipal de Vitoria durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto.

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento de este órgano fiscalizador, con el fin de que "lleve a cabo la correspondiente investigación", según consta en un escrito del Tribunal. El texto fue dado a conocer ayer por EH Bildu, formación que hace dos semanas remitió toda la documentación en torno a estos presuntos sobrecostes.

Los documentos enviados por la coalición al órgano fiscalizador se refieren a un posible sobrecoste de 370.000 euros en el pago por dos camiones comprados por FCC -empresa adjudicataria del servicio de limpieza en Vitoria- en la anterior legislatura, en la que Maroto era alcalde de la capital alavesa.

El magistrado instructor del Tribunal Superio de Justicia de Murcia, Julián Pérez-Templado, en un auto notificado ayer, confirma la continuación del procedimiento por los trámites del abreviado contra Pedro Antonio Sánchez, por el caso Auditorio en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, por los delitos de prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones públicas, y prevaricación o fraude de fondos públicos.

El instructor estima en parte el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de fecha 7 de julio de 2017, que ordenaba la continuación del caso. En concreto, reforma la resolución incluyendo la posible responsabilidad penal del arquitecto M. L. en un tercer delito por su cooperación necesaria en el delito de prevaricación continuada; además, ordena la continuación del procedimiento abreviado contra C. G. V. por dos presuntos delitos: prevaricación continuada y prevaricación o fraude de fondos públicos.