Inés del Río sale de prisión y Troitiño es excarcelado

La etarra Inés del Río, de 55 años, ha abandonado la prisión coruñesa de Teixeiro a las 16:25 horas del martes después de que la Audiencia Nacional haya decidido su excarcelación por unanimidad en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una quincena de personas, entre familiares y amigos, han esperado en el centro penitenciario gallego a la antigua miembro del comando Madrid, auxiliar administrativo de profesión, originaria de Tafalla (Navarra) y encarcelada desde julio de 1987. Vestida de negro, Del Río ha repartido abrazos y besos entre la comitiva que la aguardaba y ha sido tapada con una enorme ikurriña para resguardarla del aluvión de flashes de fotógrafos y cámaras de televisión.

Sin hacer declaraciones, Del Río y sus acompañantes -entre quienes estaba su abogada- han abandonado la zona en cuatro turismos, en el último de los cuales viajaba la hasta ahora presa.A su salida, se ha escuchado un contundente "ni olvido ni perdono", proferido por dos personas que, a título particular, sin representar a ninguna organización, se han acercado a Teixeiro. Estos dos hombres, vestidos de traje y con una bandera en la que estaba tachado el escudo, han dicho a los informadores que lo que pretenden es denunciar que el Gobierno de este país "ha claudicado".

En los últimos años, Inés del Río había cumplido condena en TeixeiroInés del Río había cumplido condena en Teixeiro por delitos, entre otros, de atentados, asesinatos, estragos, tenencia de explosivos y falsificación de documentos.

Los 17 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Penal -que preside Fernando Grande-Marlaska- han acordado su puesta en libertad en la mañana de este martes al entender que el fallo del TEDH es claro "y concluyente" y que "desde hoy se consideran extinguidas sus responsabilidades penales por cumplimiento de condena" tras 26 años y tres meses entre rejas.

Tras celebrar una reunión extraordinaria que se prolongó durante una hora y media, los 17 magistrados de la Sala de lo Penal han acordado la salida de prisión de Del Río, que fue condenada a 3.828 años de cárcel por su actividad como miembro del comando Madrid de ETA, en el que cometió un total de 24 asesinatos. El criterio unánime que ha defendido la Sala de lo Penal es que la sentencia de Estrasburgo es firme una vez que se ha pronunciado la Gran Sala y su resolución es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros que suscribieron el tratado por el que se dictó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional defendió el criterio adoptado por la Sala en un informe remitido al Pleno en el que señalaba que la sentencia de Estrasburgo no da "ninguna elección" sobre la puesta en libertad de la etarra, que busca "poner remedio al derecho o derechos declarados vulnerados". "No es otro que garantizar la puesta en libertad de la señora Del Río en el plazo más breve posible", apuntaba el informe.

La Gran Sala del TEDH confirmó este lunes la resolución que condenó a España el julio de 2012 a indemnizar a la etarra con 30.000 euros por daños morales y a pagarle 1.500 euros en concepto de costas procesales, al considerar que España vulneró el Convenio de Derechos Humanos. En concreto, las resoluciones de la Justicia española con respecto a Del Río habrían conculcado el artículo 7 del Convenio, que recoge que "no hay pena sin ley", y el 5.1, que establece "el derecho a la libertad y la seguridad". La aplicación de la doctrina Parot, que contempla la aplicación de las redenciones por trabajos en la cárcel al total de penas aplicadas y no al máximo de 30 años de cumplimiento máximo, alargó la estancia en prisión de Del Río en cinco años, ya que su excarcelación inicial estaba prevista para 2008 y la Sala de lo Penal de la Audiencia la alargó hasta 2017.

El Pleno de la Sala de lo Penal volverá a reunirse el próximo viernes con carácter ordinario para discutir, entre otros asuntos, sobre dos recursos interpuestos por miembros de ETA contra la aplicación de la doctrina Parot. Se trata de las alegaciones presentadas por Josefa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona de ETA y condenada por el atentado al Hipercor de esta ciudad en junio de 1987; y Juan Manuel Piriz López, condenado a principios de los ochenta por el asesinato de un ex militante de la organización, entre otros delitos. La Audiencia Nacional tiene pendientes de resolución otra treintena de recursos de presos de la banda y de una integrante de una organización de narcotráfico que quedaron paralizados a la espera de la firmeza de la sentencia de Del Río. Los abogados de Del Río, además, tienen previsto reclamar la salida de la cárcel de otros 55 presos de ETA a los que se aplicó la doctrina Parot.

Libertad condicional para Troitiño

Un juez británico ordenó la libertad condicional del histórico etarra Antonio Troitiño, detenido en el Reino Unido en junio de 2012 a petición de España, a la espera de que las autoridades españolas resuelvan su caso. El presidente del Tribunal Superior de Londres, John Thomas de Cwmgiedd, aceptó sin reparos la petición de la defensa, encabezada por Mark Summers, de liberar al interesado, que permanece retenido en la prisión inglesa de Long Lartin. "Visto que (Inés) del Río Prado ha sido puesta en libertad, parece apropiado que Troitiño lo sea también", afirmó Thomas, quien recordó que el etarra, en prisión preventiva desde su detención en Londres, "ya ha pasado mucho tiempo en la cárcel". "No tengo ninguna objeción", replicó el fiscal Jonathan Hall. El juez dictó la libertad condicional de Troitiño, que ya cumplió una condena de 24 años en España, a la espera de que la Fiscalía reciba instrucciones de la Justicia española sobre si retira la petición de extradición que pesa sobre él, lo que llevaría a su libertad permanente.

En este sentido, el magistrado dio "siete días" -hasta el martes- a las autoridades españolas para que comuniquen a Hall si quieren o no anular esa solicitud de entrega e indicó que, si no se cumple ese plazo, "los abogados podrán llegar a un acuerdo" sobre cómo proceder en este caso. Thomas de Cwmgiedd autorizó la liberación "lo antes posible" de Troitiño con la condición de que fiche a partir del jueves -cuando se supone que ya habrá salido de la cárcel y llegado a Londres- en una comisaría del barrio de Leyton, próxima al que será su domicilio en la capital británica.

Como condición a su puesta en libertad, el etarra residirá en la vivienda, ya verificada por la Policía, de dos ciudadanos españoles que se han ofrecido a acogerle en el barrio londinense de Walthamstow. Durante los siete días hasta que se retome el caso, tendrá que comparecer en la comisaría de Leyton, a unos 15 minutos andando, entre las 10 y las 12 de la mañana, según dispuso el juez. Además, la defensa propuso como garantía de seguridad que la Policía le requise el documento de identidad, que está caducado, y que no se le permita salir del Reino Unido. Troitiño, de 56 años, fue detenido el 29 de junio de 2012 en un piso de Londres con el presunto etarra Ignacio Lerín a petición de la Audiencia Nacional española, que le reclamaba para aplicarle de forma retroactiva la doctrina Parot, que hubiera alargado su estancia en prisión en España hasta 2017.

El etarra, responsable de sangrientos atentados en los años 80, ya había cumplido una condena de 24 años y fue puesto en libertad en abril de 2011, tras lo cual fue reclamado de nuevo por la Justicia española para aplicarle Parot, cuando ya estaba huido. Su caso de extradición en el Reino Unido, que iba a llegar al Supremo -la máxima autoridad judicial-, estaba pendiente de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la legalidad de aplicar retroactivamente la doctrina Parot en el caso de la etarra Inés del Río.

Antonio Troitiño fue autor, entre otros, de un atentado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid, donde fallecieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos. Tras haberse decretado la libertad condicional, su proceso en el Reino Unido dependerá ahora de la decisión de España sobre su orden de extradición o, si se retrasa, de lo que acuerden eventualmente la fiscalía y la defensa.