Pilar Cernuda
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Madrid/El Ministerio e Igualdad ha propuesto que las ayudas por fallecimiento de una víctima de violencia machista a sus familias -actualmente 90.000- se equiparen a las que reciben las de terrorismo -250.000 euros- dentro de una "política de reparación que debe ser asumida por el estado".
Lo han explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tras la reunión del comité de crisis convocado para evaluar los últimos asesinatos machistas. "Cuando decimos que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de Estado, una buena propuesta es la equiparación de esas cuantías a las victimas del terrorismo", ha asegurado Rodríguez.
Es la tercera vez que Igualdad reúne el comité de crisis -en el que participan también Justicia, Igualdad, Fiscalía y comunidades autónomas-, una medida puesta en marcha en julio de 2022 para analizar periodos con una "alta concentración" de asesinatos por violencia de género, como ocurre en mayo con cinco crímenes machistas.
"Es un comité de crisis convocado tras lamentar esos cinco femicidios, que es la media del mes de mayo desde que se contabilizan los casos; en total se han producido 105 feminicidios" en ese mes, ha comenzado explicando la secretaria de Estado, quien ha incidido en la necesidad de aplicar una política de reparación asumida por el estado "cuando se ha llegado tarde y no se ha hecho todo lo que se podía hacer".
Como el aumento de las ayudas por asesinatos machistas hasta equipararlas a las del terrorismo: "Son 160.000 euros de diferencia", ha añadido.
"Toca reflexionar también sobre el fondo de garantía de alimentos para que sea modificado e incluya no solo a los menores sino también a dependientes hasta los 26 años si lo necesitan", ha indicado la número dos de Igualdad, quien plantea aumentar el umbral de renta para percibirlo y la cuantía de 100 a 500 euros "para evitar esas situaciones de vulnerabilidad económica".
Dos de las asesinadas en mayo estaban embarazadas y dos menores de edad -una niña de dos años y una adolescente de 12- han presenciado el asesinato de sus madres, ha recordado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Igualdad quiere que en la orden de protección que se dicte para la madre embarazada se incluya ya la protección de su hijo. "En el caso de estas mujeres embarazadas que denuncian debe extenderse esa protección hasta que nazca el niño, para que la mujer no esté obligada luego a pedir la protección para su hijo".
"Ya se hace en algunos casos esta buena práctica y nos gustaría que se dictara en todos, para que el padre esté alejado cuando nazca". Los menores son víctimas directas y en esos asesinatos ninguno de ellos tenían su orden de protección que debería ser generalizada cuando viven con la madre, ha lamentado.
Interior anunció que iba a facilitar a las mujeres que habían denunciado información sobre sus agresores de Viogen, pero Igualdad quiere "ir más allá", y reclama también facilitar con las "debidas garantías" los antecedentes no solo de violencia de género de los supuestos agresores a las mujeres "que aún no están en condiciones de denunciar o que están dudando si hacerlo".
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