Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
Madrid/El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que las conclusiones sobre la "imputación indebida" de trece operaciones atribuidas a la infanta Cristina en 2005 y 2006 se debe en once casos a un error de notarios y registradores, mientras que en los otros dos se atribuye a un fallo de la propia Agencia Tributaria. "En once casos fue consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria con origen en notarios y registradores figuraba erróneamente atribuida al DNI 14 sin letra de control", asegura Hacienda, que añade que "esto provocó la imputación al único DNI 14 que figuraba en la base de datos", que era el de la infanta Cristina.
"En cuanto a los otros dos registros se produjo un error en el proceso desarrollado por la AEAT al incorporar estas operaciones en sus bases de datos", señala el comunicado difundido este martes, fecha límite dada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para informar sobre las conclusiones de una investigación sobre el error en la información de la infanta.
El departamento que dirige Montoro se remite al artículo 95.1 de la Ley General Tributaria, que regula la cesión de información tributaria, para detallar las diferencias entre una "solicitud de informe" y un "auxilio judicial" por parte del Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca que investiga las cuentas y otros bienes de doña Cristina. En el caso de las cuentas de la infanta, Hacienda asegura que no hubo un auxilio judicial y que, por esta razón, "no era preceptivo un control específico de la información suministrada". No obstante, señala al delegado especial de Cataluña como el responsable de gestionar la cesión informativa relativa a la hija del Rey. "La preparación a la respuesta a la solicitud del juzgado se realizó por la Oficina de Comunicación con Juzgados y Tribunales de la Delegación Especial de Cataluña y se remitió por el delegado especial de Cataluña", asegura el Ministerio.
Sobre la información remitida al Juzgado de Palma de Mallorca por parte de la Delegación de Cataluña de la Agencia Tributaria, Hacienda especifica que "estaba constituido por un conjunto de pantallas extraídas de las bases de datos de la Agencia, en el que no se incorporó ningún comentario o aclaración". Esta es la razón, insiste el Ministerio de Montoro, "por la que el oficio de contestación al juzgado precisa que se trata de información procedente de terceros en cumplimiento de los deberes de suministro de información previstos en la Ley General Tributaria", pero en todo caso información que "con carácter general" no ha sido sometida a "actividad alguna de verificación previa a su automatización" y que "ha permanecido en la base de datos de la Agencia Tributaria tal y como fue imputada, sin haber sido modificada".
Después de atribuir once de los trece errores sobre compraventas de la infanta Cristina a un error transmitido desde notarios y registradores y los otros dos restantes a la propia Agencia Tributaria, Hacienda indica que, a partir de 2007, las informaciones "procedentes de terceros han mejorado sustancialmente, reforzando los criterios de identificación y el automatismo en la carga y tratamiento de la información".
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