Pilar Cernuda
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Caso gürtel
Madrid/El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a Uruguay el bloqueo de las cuentas que tenga abiertas allí el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, tanto a su nombre como al de la sociedad Tesedul, y que sus autoridades confirmen que está siendo investigado en ese país. Ruz ha adoptado esta decisión en un auto en el que acuerda librar una comisión rogatoria a Uruguay para recabar información sobre la investigación que está realizando un juzgado especializado en crimen organizado sobre Bárcenas, quien en diciembre de 2008 constituyó en Montevideo la sociedad Tesedul con un capital de 90.000 euros para presuntamente ocultar su patrimonio.
El magistrado ha conocido de la existencia de esta investigación a través de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial, a la que la oficina de Interpol Uruguay comunicó que uno de los dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado en ese país están investigando al ex tesorero. Se trata de la primera comisión rogatoria que cursa el juez a Uruguay, aunque son ya 21 los países a los que ha pedido auxilio judicial por este caso, siendo el más requerido de ellos Suiza, donde el ex tesorero llegó a acumular 48 millones de euros y cuyas autoridades han cumplimentado ya 35 comisiones rogatorias.
El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, reclama ahora a las autoridades uruguayas que le informen acerca de esa investigación, calificada por la Policía de ese país como "reservada", "con expresa referencia a los hechos y personas objeto de aquélla". Pide además a Uruguay el bloqueo de las cuentas que tenga en ese país Bárcenas a su nombre o al de Tesedul, sociedad presidida por su presunto testaferro, el argentino Patricio Eduardo Bel, y a la que el ex tesorero transfirió en 2009, al estallar el caso Gürtel, al menos 800.000 euros desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo.
Precisamente, la existencia de esas cuentas en Uruguay, así como las que aún quedan por bloquear en Suiza y los Estados Unidos, son el principal argumento de la Fiscalía Anticorrupción para pedir que se mantenga a Bárcenas en prisión incondicional. En concreto, Ruz solicita que se recabe de esas cuentas "información de titulares, apoderados y beneficiario último", así como sobre préstamos e hipotecas, cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios.
También reclama toda la correspondencia con las personas y entidades y extracto de movimientos y soportes documentales. Entre todos esos datos, el juez requiere informaciones que reflejen las fechas y cantidades de los depósitos e "información nacional e internacional relacionada con las transferencias de dinero o documentos de envío".
Por otra parte, Ruz ha iniciado este martes los trámites para el embargo de los bienes de Bárcenas para cubrir la fianza civil de 43.250.000 euros que le ha impuesto para afrontar las responsabilidades pecuniarias que surjan de una eventual condena, y ha abierto para ello un plazo de tres días para que el extesorero aporte una relación patrimonial. El secretario del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha dictado para ello una diligencia de ordenación en la que explica que, dado que Bárcenas no ha depositado la fianza civil en el plazo establecido, que expiró el lunes, ahora se le requiere que en tres días comunique sus bienes susceptibles de embargo. En esta misma diligencia pide a la Oficina de Averiguación Patrimonial, a través de consulta telemática, que aporte una relación de los bienes de Bárcenas que le consten, para cotejarla con los que aporte el propio imputado.
Esta fianza, cuya cuantía casi duplica los 28,1 millones de euros que pedía la Fiscalía al aumentar Hacienda la cantidad defraudada, responde a las responsabilidades pecuniarias a las que tendría que hacer frente el extesorero si finalmente es condenado y es independiente de la situación procesal de Bárcenas, que permanece en prisión incondicional desde el 27 de junio. Ruz ha cuantificado que las responsabilidades pecuniarias de ser condenado por delitos fiscales, blanqueo, cohecho, falsedad documental y estafa procesal ascienden a 32.405.119 euros, a los que añade el tercio legal para el cálculo de la fianza civil.
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