El Gobierno ya tiene el visto bueno del Supremo para exhumar a Franco

El Alto Tribunal recuerda al prior del Valle de los Caídos que la Constitución "obliga a todos a cumplir las sentencias firmes"

Carmen Calvo celebra que "ya no tenemos que pedir ningún permiso a nadie, el prior no es un obstáculo"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. / Eduardo Parra / Ep

Madrid/El Supremo (TS) despejó este jueves el último obstáculo legal que faltaba para exhumar los restos de Francisco Franco al levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre tres recursos que todavía siguen vivos en el tribunal, de manera que ha autorizado al Gobierno a entrar en la basílica para ejecutar la exhumación. A la espera de que el Constitucional resuelva la próxima semana sobre la medida cautelarísima solicitada por la familia Franco para paralizar la exhumación, el TS solventó en un mismo día los últimos escollos jurídicos para así dar luz verde al Ejecutivo de Pedro Sánchez para entrar a la basílica de Cuelgamuros y sacar los restos del dictador para llevarlos al cementerio de El Pardo.

La Sección Cuarta de lo Contencioso levantó la medida cautelar que el propio tribunal estableció en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros, que afectaba a los procedimientos todavía no resueltos de la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Dicen los magistrados en tres autos, uno por cada recurso, que la suspensión cautelar debe levantarse tras la sentencia del pasado 30 de septiembre que rechazó el recurso de los Franco.

Pero, además, respondió a la petición de la Abogacía del Estado sobre la autorización para entrar en Cuelgamuros, ante la negativa del prior de la Abadía, Santiago Cantera.

El Supremo explica que la sentencia dictada la semana pasada "es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo, y por tanto acceder a la basílica del Valle de los Caídos". Y recordó que "el artículo 118 de la Constitución obliga a todos los españoles a cumplir la sentencias firmes" en alusión al prior de la abadía, que queda desautorizado por los magistrados y que en los últimos días se había convertido en protagonista al no querer dar permiso al Ejecutivo para entrar en la basílica.

El tercer capítulo tiene que ver con el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid, que tiene paralizada la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para actuar en el Valle de lo Caídos.

Aquí los magistrados también son tajantes al asegurar que "es la Sala III del Supremo el único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución", en un mensaje implícito al juez Jose Yusty quien todavía no ha archivado esta causa, aunque poco importa ya, según el criterio del Supremo, que le ha recordado que no tiene competencia.

Los magistrados reaccionaron así al rechazar la personación del particular como parte interesada en el recurso de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.

El Gobierno en funciones esperaba este escenario para tener vía libre para exhumar a Franco pues, como aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo, "ya no tenemos que pedir ningún permiso a nadie", si bien no confirmó si será hoy o el viernes de la próxima semana cuando el Consejo de Ministros apruebe la exhumación.

Lo que ocurre es que la decisión del Supremo parece no ser la última de este capítulo dado que la familia Franco presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo en el que pide como medida cautelarísima que paralice la exhumación.

Este paso supone que el tribunal de garantías deberá pronunciarse de forma inmediata, previsiblemente la próxima semana, sobre si acepta o no la cautelarísima, lo que implica que mientras se resuelve esta cuestión urgente, el Gobierno no podría exhumar aun los restos de Francisco Franco, explican a Efe fuentes jurídicas.

No obstante, añaden las fuentes, la cautelarísima es una medida muy excepcional que se aplica en supuestos muy extremos, de manera que es poco probable que el Tribunal Constitucional la acuerde.

Así, la intención del tribunal de garantías es resolver sobre esta petición urgente de los Franco la próxima semana y si no se adopta esta medida, el Ejecutivo podrá ya ejecutar la sentencia del Supremo y exhumar a Franco independientemente de si el Constitucional admite o no después el recurso de amparo.

Compromís pide la expulsión de los benedictinos de la abadía

El senador de Compromís Carles Mulet pidió al Gobierno que una vez se proceda al traslado de los restos de Francisco Franco enterrado en el Valle de los Caídos "estudie seriamente" la posibilidad de expulsar a los benedictinos de la abadía y la hospedería del recinto monumental. Además, Mulet exige al Ejecutivo la derogación del decreto ley de 1957 que estableció la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y en el cual se atribuyó la titularidad y administración del mausoleo a esta fundación con el fin de "rogar a Dios por las almas" de "todos los Caídos" y por España.

Ante la actitud mantenida por el prior de la abadía, Santiago Cantera, opuesto a la exhumación, el senador reclama también la adopción de medidas por su "desacato" a la autoridad y al Poder Judicial, así como por "atentar contra la memoria democrática".

Mulet, que en otras ocasiones se ha mostrado partidario incluso de "dinamitar" el conjunto monumental del Valle de los Caídos, recuerda que el decreto ley que regula el estatus del enclave fue firmado "por un Gobierno ilegal" de manera que "no tiene sentido que el actual acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida a ilegal".

Y subraya que la Abadía benedictina está encabezada por "un prior fascista" que utiliza su cargo "no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres", como estableció el decreto fundacional, sino "para violentar la convivencia democrática y atentar contra la propia legislación", es decir, contra la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Sin embargo, el profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU San Pablo Jorge Subirán precisa que "la última palabra" sobre la exhumación "no la tiene el Tribunal Supremo" sino el Constitucional y el Tribunal de DDHH de Estrasburgo, ante los que el prior del Valle de los Caídos manifestó el pasado miércoles su intención de recurrir.

"Lo primero que hay que decir es que la última palabra no la tiene el Supremo, sino el Tribunal Constitucional y en su caso el Tribunal de Estrasburgo, por lo que, en mi opinión, se siguen manteniendo las razones por las que se deniega la autorización", puntualizó Subirán.