El Gobierno está ultimando más leyes emblemáticas tras la reforma educativa

Madrid/Una vez aprobada definitivamente la ley Celaá, el Gobierno tiene otros emblemáticos proyectos legislativos en cartera, a la espera de ser entregados al Congreso para su tramitación parlamentaria en el próximo período de sesiones, como la Ley de Memoria Democrática o la ley contra los delitos sexuales.

Además hay otras importantes iniciativas surgidas desde los grupos parlamentarios, proposiciones de ley que han contado en su origen con el aval de los partidos del Gobierno de coalición, cuya aprobación por las Cortes se espera para los próximos meses.

Es el caso de la Ley de Eutanasia, en la recta final para su ratificación por el Senado, o la reforma de la normativa reguladora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concebida para impedir que este órgano realice nombramientos mientras esté en funciones, ya en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia del Congreso.

Con esta modificación legal el Ejecutivo presiona al PP, a través de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, para que se avenga a pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, mientras deja aparcada otra propuesta anterior que plantea eludir el bloqueo de los populares rebajando la mayoría necesaria para elegir parte de los vocales del Consejo.

La Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto ha superado el trámite de audiencia pública, está a la espera de que el Consejo de Ministros lo apruebe como proyecto de ley para ser remitido al Congreso con la idea de que entre en vigor antes del verano.

Los presupuestos ya han incluido partidas por valor de 11,3 millones de euros que permitirán aplicar sus previsiones para la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura o la creación de un banco nacional de ADN, entre otras medidas.

Libertad sexual

Procedente del Ministerio de Igualdad, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual o ley del "solo sí es sí" aguarda también dictamen del CGPJ para su próxima aprobación por el Ejecutivo como proyecto de ley.

Este departamento prepara además una nueva Ley de Igualdad de las personas trans, con su anteproyecto ya avanzado, y planea una ley de Igualdad de las personas LGTBI, así como una reforma de la Ley del Aborto, que tendrá su recorrido para más adelante.

Está por ver cómo modificará el Ejecutivo los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, unos cambios muy controvertidos y de máxima relevancia política por la repercusión que pueda tener en la situación de los independentistas condenados por sedición en relación con el impulso del "procés" soberanista catalán.

Además, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que esta modificación normativa incluirá el refuerzo del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Otra norma a falta de luz verde del Gobierno para iniciar su andadura parlamentaria es el anteproyecto de la nueva Ley Audiovisual que el Consejo de Ministros sometió a audiencia pública el pasado mes de noviembre.

En el Congreso de los Diputados aguardan la reanudación de la actividad parlamentaria varias iniciativas surgidas desde el Gobierno de coalición, como la Ley de Trabajo a Distancia o la reforma de la ley de la Cadena Alimentaria.

La Comisión de Derechos Sociales tramita la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, y la de Transición Ecológica tiene entre manos otro de los compromisos más significativos del Ejecutivo para esta nueva etapa, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Sujetas todavía a sucesivas ampliaciones de los plazos para la presentación de enmiendas parciales están la proposición de ley orgánica que modificará la llamada Ley Mordaza o Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, presentada en su día por el grupo parlamentario del PNV.

Hay también otras ochenta iniciativas firmadas por los grupos de la Cámara Baja sobre muy diversas materias a la cola para que el pleno debata su toma en consideración, si bien tienen menos posibilidades para salir adelante.

Más factible es que prospere la reforma constitucional parcial a la que se ha comprometido el Ejecutivo para cambiar el artículo 49 de la Constitución de manera que se prohíba toda discriminación de las personas con discapacidad y se elimine la palabra "disminuidos" utilizada en la Carta Magna desde 1978.