El Gobierno pone en marcha la intervención de la Generalitat

El Gobierno ha puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución, que puede llevar a la intervención total o parcial de la Generalitat. Como primer paso, y tal como indica la Constitución, el Gobierno ha enviado un requerimiento a Carles Puigdemont para que aclare si está proclamada la independencia de Cataluña. En función de la respuesta, seguirá el desarrollo del artículo. En su intervención tras la rueda de prensa, Mariano Rajoy ha explicado que seguirá actuando con prudencia.

El artículo 155 de la Constitución nunca se ha puesto en marcha; sólo en una ocasión, Felipe González, amagó con emplearlo a causa de un problema fiscal con Canarias. El supuesto para comenzar a aplicarlo es que una comunidad, como es el caso de Cataluña, incumpla la Constitución o haya atentado gravemente contra el interés general. El Gobierno, con la mayoría absoluta del Senado, puede adoptar "las medidas necesarias" para "obligar" a la comunidad al "cumplimiento forzoso de sus obligaciones". Pero antes, y así se establece en la Carta Magna, Mariano Rajoy debe enviar un requerimiento a Carles Puigdemont. Es cierto que el presidente de la Generalitat ha sido avisado en varias ocasiones por el Gobierno central, pero se ha preferido hacerlo de nuevo para evitar errores de interpretación. Una vez que responda, y si hace caso omiso, será el Senado el que apruebe el conjunto de medidas que el Gobierno propone. Éstas pueden ser desde una intervención parcial de la Generalitat hasta la suspensión de cargos públicos.

El artículo no puede emplearse para modificar por la puerta de atrás ni la Constitución ni el Estatuto, de modo que no cabe anular el autogobierno de Cataluña. Se trataría de una intervención. La medida, además, debe ser temporal.

El problema que planteaba este artículo es que se debe generar una nueva legislación sobre la marcha, ya que no estaba desarrollada con una orgánica El artículo 189 de funcionamiento del Senado explica que el Gobierno debe presentar una proposición clara con las actuaciones que tomaría, y están abiertas a enmiendas. Si se tramitase de modo exprés, se aprobaría en un plazo de tres días. El PP cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara.