El Gobierno modificará la ley para que los jueces elijan a sus vocales en el CGPJ

Madrid/El Gobierno va a promover una reforma legislativa para que los jueces y magistrados elijan directamente a sus doce vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en lugar de hacerlo como hasta ahora las Cortes, con lo que se volverá al sistema de designación previo a 1985. El anuncio lo ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, que ha abierto las comparecencias parlamentarias que todos los miembros del Ejecutivo van a hacer en la Cámara Baja en las próximas dos semanas.

La número dos del Gobierno también ha señalado la intención del Ejecutivo de consensuar una reforma, que tendría que afectar a la Carta Magna, para cambiar el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, para que no estén vinculados a las mayorías parlamentarias en cada caso. Además ha explicado que la sanción penal adecuada a los gestores públicos que gasten por encima de los recursos de que disponen, y que quiere promover el Ejecutivo, sería la inhabilitación. Soraya Sáenz de Santamaría ha esperado a los últimos minutos de su intervención para explicar la intención del Ejecutivo de reformar el sistema de nombramientos del CGPJ, que ya constaba en el programa electoral del PP y se ha llevado por ello el fuerte reproche del portavoz del PSOE, Ramón Jáuregui.

Jaúregui ha pedido la palabra -porque los grupos no han tenido posibilidad de volver a intervenir tras la réplica de la vicepresidenta- para protestar por este anuncio "sorpresivo" que, sin embargo, llevaba tres horas publicado en la web de El Mundo y por el hecho de que la oposición no pudiera después decir al respecto "ni mu". En su comparecencia, la vicepresidenta ha dicho que antes del verano el Gobierno remitirá al Congreso la nueva ley de transparencia.

Una norma que, ha explicado, pondrá a disposición del ciudadano, a través de un portal digital, información sobre cuánto ganan los altos cargos, cuántos funcionarios trabajan en los ministerios o cuánto cuestan las cumbres internacionales en las que participe el Gobierno español. También ha insistido en el compromiso del Gobierno con la austeridad, que reforzará mediante una serie de medidas de ahorro en todos los ámbitos, empezando por el gasto corriente. Como ejemplo, ha asegurado que habrá un control muy estricto del uso de aviones oficiales y se reducirán las delegaciones que acompañen al presidente y a los ministros en sus correspondientes viajes. En pro de esa misma austeridad el Gobierno pondrá en marcha un plan de gestión del patrimonio inmobiliario del Estado, de forma que sedes infrautilizadas recibirán nuevos usos y se bajará el gasto que conlleva determinados alquileres de edificios.

La vicepresidenta ha avanzado por otra parte que el Gobierno encargará una auditoría completa de las cuentas de RTVE y suprimirá el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales previsto en la Ley General Audiovisual y que aún no se ha puesto en marcha. Además, ha anunciado que el Ejecutivo impulsará un nuevo estatuto de personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para profesionalizarlo más y se ha se ha comprometido a comparecer una vez al año en la comisión de secretos oficiales para dar cuenta de esta nueva responsabilidad de su departamento, y volverá a hacerlo siempre que lo solicite la Cámara.

La reforma del Senado, el mantenimiento de la ley de la memoria histórica y la financiación de RTVE, sobre todo tras el recorte de 200 millones anunciado por el Gobierno, han centrado buena parte de las intervenciones de los grupos de la oposición. Jáuregui, además, ha tendido la mano al Gobierno para dialogar y pactar un proyecto ambicioso de reformas para sacar a España de la crisis económica e institucional.

El portavoz del PSOE, al igual que el de IU-ICV-CHA, Joan Josep Nuet, han mostrado su solidaridad con Sáenz de Santamaría tras las palabras del arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en torno a su designación como pregonera de las fiestas de Semana Santa en la capital castellanoleonesa. Nuet incluso ha invitado a la vicepresidenta a estudiar la posible derogación del concordato con la Santa Sede y a elaborar una ley de laicidad, "ahora más necesaria que nunca".

Desde Amaiur, el diputado Rafael Larreina ha asegurado que a esta fuerza política "le preocupa España" y piensa debatir las cuestiones económicas y políticas que afectan al Estado, y ha subrayado la intención de la coalición abertzale de "tender puentes" al Gobierno y al resto de los partidos.