El Gobierno quiere que los miembros del CGPJ no tengan dedicación absoluta

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, ha anunciado que, según la propuesta de la comisión de expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el presidente del Tribunal Supremo será el único miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con dedicación exclusiva. Esa es una de las novedades del primer informe que ha realizado dicha comisión de expertos sobre la reforma del Poder Judicial, que ha presentado Gallardón al Consejo de Ministros, y que plantea también que doce de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por y entre los propios jueces y los otros ocho por el Parlamento.

No obstante, el ministro de Justicia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha mostrado dispuesto a negociar con los grupos parlamentarios cualquier punto de la reforma, incluido el sistema de elección de los vocales, ya que considera que el consenso es "extraordinariamente importante", más en las actuales circunstancias que vive el CGPJ tras la dimisión de su anterior presidente Carlos Dívar.

En este sentido, Ruiz-Gallardón ha anunciado que de inmediato iniciará una ronda de contactos con todos los grupos políticos, porque la intención del Ejecutivo es aprobar la reforma en marzo de 2013, antes de que en septiembre de ese año concluya el mandato del actual Consejo, que deberá ser renovado entonces. El PP, tiene mayoría suficiente para llevar a cabo la reforma en las dos cámaras parlamentarias, pero el ministro considera que es imprescindible alcanzar el mayor consenso posible con otras fuerzas políticas, para dotar de permanencia a la reforma y de mayor estabilidad a una institución tan importante como el CGPJ en momentos "sensibles" en la vida interna del órgano de gobierno de los jueces, ha dicho, en alusión a la situación que ha provocado la polémica por los viajes de Dívar en fin de semana.

El informe que ha estudiado este viernes el Gobierno propone que sólo el presidente del Supremo tenga dedicación exclusiva y situación de servicios especiales en su carrera, y que los otros 20 vocales sigan ejerciendo sus respectivas profesiones, lo que a juicio del ministro dotará de máxima eficiencia al funcionamiento de la institución. Además, los criterios de profesionalización para garantizar la independencia, máxima transparencia y eficacia han marcado los cambios previstos en esta propuesta, que todavía no es el anteproyecto de la reforma, y que cambia también algunos de los requisitos para acceder a la presidencia del TS y al CGPJ.

De este modo, para ser elegido presidente del Supremo, cualquier magistrado deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en la categoría de presidente de Sala, y de tratarse de un jurista, se exigirán 25 años de experiencia, para así -ha indicado el ministro- "llevar la excelencia" a la presidencia del alto tribunal. Otra de las novedades importantes es que se crea también la figura del vicepresidente del Supremo, que no formará parte del CGPJ, y que será el sustituto del presidente para evitar duplicidades y problemas como los que se han planteado ahora en el Consejo tras la dimisión de Dívar. Los vocales, por su parte, podrán compaginar su cargo con su función jurisdiccional en el caso de que sean jueces, o con el trabajo que ejercieran antes de su elección, y serán retribuidos con dietas por su trabajo en el Consejo, pero podrán seguir siendo retribuidos en sus respectivas profesiones.

Otra de las propuestas es que el CGPJ esté sometido a las condiciones marcadas por la Ley de Transparencia, como el resto de los órganos constitucionales, en aras del avance que se está produciendo hacia la austeridad en todas las administraciones públicas. En este contexto, ha explicado que la actividad internacional deberá ser coordinada previamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Además, el informe plantea también delimitar las competencias del CGPJ a las materias que le atribuye la Constitución relacionadas con nombramientos, inspección y régimen disciplinario, y que otras funciones, que históricamente ha desarrollado, como la actividad internacional sean coordinadas previamente con el Ministerio de Exteriores.

También se prevé reducir el número de comisiones del Consejo, limitándolas a 3 -Permanente, Disciplinaria e Igualdad- y modifica el sistema de mayorías necesario para la aprobación de los acuerdos, que será mayoría simple en la generalidad de los casos, reservando la reforzada para los asuntos de mayor relevancia.