El Gobierno defiende la subida de tasas para mejorar la justicia gratuita

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado su respeto a las opiniones de los operadores jurídicos sobre la subida de las tasas judiciales y ha defendido esta medida para "llevar a cabo una mejora sustancial del servicio de asistencia jurídica gratuita". En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha señalado que "al Gobierno le corresponde tomar determinadas decisiones que no siempre son fáciles y que no siempre son populares, pero que a alguien le corresponde adoptar".

Sáenz de Santamaría ha recalcado que el Gobierno trata de hacer reformas con el único objetivo de mejorar un servicio público que es muy necesario para los ciudadanos. La vicepresidenta ha apostado por la ampliación de los beneficiarios del sistema de asistencia jurídica gratuita, aunque eso sea a costa de quienes en un determinado momento, teniendo recursos para litigar, deciden acudir a un proceso judicial, ha dicho. Ha argumentado que, "en un ejercicio de equidad", el Ejecutivo y el Parlamento están haciendo un reparto diferente de los costes de la justicia con el objetivo de ampliar la asistencia jurídica gratuita para que quien no tenga recursos suficientes pueda litigar a cuenta de que quienes dispongan de medios tengan que pagar "una mayor parte de los costes".

Sáenz de Santamaría ha precisado que el Gobierno y el Parlamento han trabajado en la ley de tasas judiciales dentro de una "profunda" reforma de la Justicia para reducir el exceso de litigiosidad y ampliar el número de beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. Las tasas judiciales son un elemento común de financiación de la Justicia en toda Europa y, en el caso español, se quedan "muy por debajo" de los porcentajes de financiación de este servicio público que existen en otros ámbitos de la Unión Europea, ha detallado.

Ha apuntado que las tasas judiciales no son nuevas, sino que existen desde el año 2002, sufrieron una actualización en los procesos civiles de reclamación de deuda hace algunos años y ahora se lleva a cabo una actualización y ampliación. La vicepresidenta ha destacado que, en España, hay un sistema de asistencia jurídica gratuita "muy amplio" y que el Gobierno "quiere ampliar aún más". Los servicios de asistencia jurídica gratuita atendieron en España en el año 2011 a 2.076.774 personas y recibieron más de 900.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, de las que se ratificaron 673.514 expedientes.

Jueces y fiscales piden la dimisión de Gallardón y estudian convocar huelga

Jueces y fiscales de ciudades de toda España se han manifestado contra las nuevas tasas judiciales y contra la reforma de la Justicia planteada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, cuya dimisión han pedido frente a la sede del Ministerio, en Madrid, al tiempo que han declarado que estudian hacer huelga. La huelga de jueces y fiscales es una posibilidad cada vez más cercana, según han señalado los portavoces judiciales. Los portavoces han añadido que a comienzos de la semana que viene estudiarán si convocan una huelga, de un día o de una semana, que podría tener lugar entre el 10 al 14 de diciembre.

En Madrid, frente al Ministerio de Justicia, cientos de jueces y fiscales han acudido a la convocatoria de todas las asociaciones que integran a estos profesionales y, al grito de "Gallardón dimisión" y "Qué pasa con las tasas", han cortado la calle de San Bernardo, donde está la sede de este departamento del Gobierno, durante 20 minutos. Mientras, en capitales de toda España se han sucedido también las concentraciones de jueces y fiscales, a las que han acudido así mismo abogados, y en todas ellas se ha leído un comunicado avalado por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, que integra a todas las asociaciones de estos funcionarios.

En cuanto a las tasas, todas las asociaciones están de acuerdo en aceptar unas tasas "moderadas" que "no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas". "Los graves problemas estructurales de la Administración de Justicia requieren una reforma de calado y no parches", ha señalado Armengol, quien ha destacado la unanimidad entre los jueces y el apoyo de los abogados. "Es la primera vez en que todas las asociaciones hemos hecho un frente común", ha añadido Armengol, quien ha recordado que "el tema de la huelga está encima de la mesa", un punto en el que ha coincidido el portavoz de Jueces por la Democracia.