El Gobierno impugna la declaración soberanista del Parlamento catalán

El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña, lo que para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, supone "cortar la vía del diálogo". El pasado 23 de enero, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración soberanista que definía a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el diálogo se mantiene y ha apelado a la lealtad institucional y a la colaboración entre las administraciones, "muy especialmente con la Generalitat".

La impugnación, de admitirse a trámite, supondrá la suspensión temporal de la resolución y, según palabras de la vicepresidenta, es "la tercera vía que permite la Constitución" ya que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad, ni de un conflicto de competencias. Según el artículo 161 de la Constitución, "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo. Santamaría ha insistido en que con esta decisión el Gobierno "lo que hace es cumplir la Constitución y hacerla cumplir" y ha advertido de que "todos" deben "estar en el principio de respeto a la legalidad".

Preguntada sobre si hay fecha para la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, para tratar de este y otros asuntos, Santamaría ha respondido que todavía no está cerrada, aunque existe un "gran interés" en que se celebre para "poder hablar de muchas preocupaciones que son comunes a todos". La vicepresidenta ha asegurado que no quiere anticiparse a los "acontecimientos" al ser cuestionada por la posibilidad de que Mas no acate la decisión del Constitucional.

Previamente a conocerse esta decisión, Mas había calificado de "completamente fuera de lugar" la posibilidad de que el Ejecutivo optase por recurrir al Constitucional. "No sé qué es lo que harán, pero todo apunta a que el Gobierno aprobará un recurso de una declaración que no es una ley, no es una decisión en firme, sólo es una declaración", ha avanzado.

Santamaría ha dicho esperar que del mismo modo que el Gobierno respeta que la Generalitat u otras administraciones impugnen disposiciones del Estado, el Ejecutivo catalán "entienda" que el Gobierno ha actuado de esta manera en "su obligación de cumplir y hacer cumplir las reglas del juego". "Cuando el Gobierno utiliza los instrumentos de la Constitución no significa que no haya voluntad de diálogo", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha insistido en que existe la "máxima voluntad de diálogo" con la Generalitat, con la que aspira a trabajar "conjuntamente".

El Gobierno ha tomado esta decisión tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado que avalaba la posibilidad de que el Ejecutivo presentase recurso ante el Constitucional. El informe de este órgano consultivo, preceptivo pero no vinculante, fue solicitado por el Gobierno el pasado 8 de febrero y se une a otro informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación. Entonces, la vicepresidenta explicó que el informe de la Abogacía concluía que la declaración del Parlamento catalán vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución Española al definir a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano".