El Gobierno 'cobrará' a los controladores los daños de su huelga sin previo aviso

El Gobierno considera que los daños causados por los controladores por su abandono de los puestos de trabajo el 3 y el 4 de diciembre, que causó el cierre del espacio aéreo español, los deben pagar estos trabajadores y no todos los españoles.

El protagonismo de la última sesión de control del año al Gobierno en el Congreso de los Diputados celebrada ayer, recayó en la actuación del Ejecutivo sobre la crisis provocada por los controladores y el decreto de instaurar el estado de alarma.

Desde el Grupo Popular se lanzó una batería de preguntas que tuvieron que responder el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y los ministros de Fomento, José Blanco, y de Defensa, Carme Chacón, e incluso se registró una interpelación presentada por el mismo partido que fue contestada por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui.

Abrió el debate Chaves, quien en su respuesta al diputado Rafael Merino insistió en que el PP debería aclarar de qué habló con los controladores aéreos antes del caos del puente de la Constitución, a pesar de que el parlamentario popular recordó que fue una reunión en el Senado con todos los portavoces parlamentarios, salvo el del PSOE.

El ministro de Fomento, José Blanco, indicó que "no acepta chantajes" por parte de los controladores y que está dispuesto a aplicar todas las medidas que le permite el Estado de derecho para que no se repitan situaciones como las del pasado 3 y 4 de diciembre.

La interpelación del PP fue defendida por la diputada María Salom, quien pidió explicaciones al Gobierno sobre la situación creada por los controladores, sobre los quebrantos económicos y la pérdida de imagen de España como destino turístico en el mundo.

Salom afirmó que el cierre del espacio aéreo español y las cancelaciones de más de 5.000 vuelos no son el mejor reclamo turístico, sobre todo "en este momento" en que se están contratando desde Alemania y Gran Bretaña las vacaciones de verano.

La diputada mallorquina pidió al Gobierno medidas que permitan paliar la situación de "quebranto económico" que han producido los controladores.

Por parte del Gobierno fue el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, el encargado de dar respuesta a la diputada, e indicó que la actuación de los controladores fue un "sabotaje".

Para Jáuregui, no fue un conflicto laboral, ni los efectos de una huelga legal o ilegal, sino un sabotaje sobre el espacio aéreo del país, que ha violentado la situación, y por ello son los controladores los que deben responder por los daños causados. Sobre la evaluación de daños, el ministro dijo que es demasiado pronto para hacer una valoración económica, y pidió al PP que se sume a los demás grupos en su respaldo a la prórroga del estado de alarma y a las medidas que ha adoptado el Gobierno para paliar la actuación de los controladores.

Con anterioridad, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó de "socialdemócrata y progresista" su política social incluso en época de crisis, frente a las críticas del PP, que aprovechó la última sesión de control al Gobierno del año para recriminarle los recortes sociales del año.

El líder del PP, Mariano Rajoy, y su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, alinearon sus intervenciones en el pleno del Congreso para acusar al Gobierno de ser "el más antisocial" de la democracia y exigirle aclarar si habrá más recortes, pregunta que ha quedado sin respuesta. En opinión del jefe del Ejecutivo, la seña de identidad del Gobierno socialista es que en época de bonanza impulsa "grandes avances" y que, en etapas de "dura crisis económica, austeridad y ajuste", mantiene "en lo esencial" su política social.

Sin embargo, para Rajoy, la política del Gobierno se caracteriza por "improvisar mucho, carecer de un plan y pensar única y exclusivamente en el corto plazo", generando desconfianza dentro y fuera del país.

Tras recordar que se ha duplicado el número de parados durante su mandato, ha acusado a Zapatero de haber gobernado "por sorpresa, usando y abusando del decreto-ley" y presentando un nuevo paquete de medidas "cada dos o tres meses" para suprimir de la deducción de 400 euros del IRPF, bajar el sueldo de los funcionarios, liquidar el cheque bebé o congelar las pensiones.