El Gobierno catalán mantendrá la inmersión lingüística"caiga quien caiga"
El portavoz del ejecutivo asegura que, digan lo que digan los tribunales, la Generalitat no piensa ceder "ni un milímetro".
Barcelona/El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado que mantendrán "caiga quien caiga" el modelo de inmersión lingüística en las aulas catalanas, porque lo considera un "tesoro" y una "línea roja" inviolable, pero ha rechazado descartar al PP como socio para impulsar otros temas.
Tras la reunión del Gobierno catalán, Homs ha recalcado que, digan lo que digan los tribunales, la Generalitat no piensa ceder "ni un milímetro" en su defensa de un sistema educativo que cuenta con un "inmenso" apoyo democrático, que favorece la "cohesión" de la sociedad catalana y que ha demostrado su elevado "valor pedagógico".
Pese a los llamamientos de la izquierda catalana a que CiU rompa relaciones con el PP, dada su beligerancia contra la inmersión, Homs ha subrayado que el Ejecutivo no piensa actuar con "sectarismo", cerrando la puerta a acuerdos puntuales con los populares para aprobar, por ejemplo, los próximos presupuestos catalanes. Aunque ha reprochado al PP que "ahora de repente" sitúe como prioridad una cuestión como la inmersión lingüística, por encima de la crisis y el paro, Homs ha evitado cargar excesivamente las tintas contra los populares e incluso ha llegado a arremeter contra el PSOE por promover el Real Decreto de la tercera hora de castellano. En realidad, ha desvinculado la postura del PP en torno al modelo educativo de los potenciales acuerdos que el Gobierno catalán pueda alcanzar sobre otros asuntos con los populares en el ámbito parlamentario: "No ponemos vetos a nadie", ha dicho.
La posibilidad de que el Gobierno catalán intente retrasar al máximo la negociación de los presupuestos catalanes para 2012, para que no se vea enturbiada por la batalla electoral del 20 de noviembre, permite pensar en que el Ejecutivo que preside Artur Mas volverá a jugar con la geometría variable en busca de apoyos externos a sus cuentas. Homs ha dejado claro que el ruido mediático que pueda generar el PP en contra de la inmersión lingüística no será tenido en cuenta a la hora de valorar si conviene aliarse nuevamente con los populares para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat, ya que, a su juicio, no conviene "mezclar una cosa con la otra". Además, en las filas del gobierno catalán hay la convicción de que los argumentos favorables al modelo de inmersión prevalecerán.
El Gobierno catalán presentará su recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da un plazo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que el castellano sea lengua vehicular junto al catalán. Homs no ha querido avanzar los contenidos del recurso, pero ha asegurado que el Gobierno catalán cuenta con "un plus de legitimidad" a la hora de defender la inmersión: "Nos sentimos muy fuertes por todas las razones democráticas, jurídicas y pedagógicas que avalan el modelo".
Según el portavoz, la liquidación del modelo educativo vigente no se justifica si se tienen en cuenta los resultados del examen que realizó el Ministerio de Educación el pasado año a casi 30.000 estudiantes de ESO de toda España. En la prueba de competencias lingüísticas, el sistema educativo catalán ocupó la novena plaza de las 17 comunidades autónomas, con 503 puntos, ligeramente por encima del indicador utilizado como nivel de suficiencia, una nota que demuestra, a su juicio, que los alumnos cuentan con un nivel suficiente de catalán y castellano.
Por todos estos motivos, Homs ha llamado a comenzar el nuevo curso escolar "con toda la normalidad", convencido de que el modelo de inmersión volverá a ser avalado por la justicia.
Homs, que no ha aclarado si se solicitará una paralización del plazo de dos meses fijado por el TSJC, ha afirmado que anteriores sentencias del Tribunal Constitucional avalan la inmersión, argumento que será esgrimido probablemente en su recurso. En caso de no prosperar este recurso, el Govern podría elevar el caso al Tribunal Supremo o incluso al Constitucional, con el convencimiento de que la jurisprudencia del Constitucional le acabaría dando la razón.
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