El Gobierno aprueba los recortes en Sanidad y Educación

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes dos reales decretos-ley que plasman las medidas de ajuste en Sanidad y Educación anunciadas durante la semana y con las que se pretende ahorrar 10.000 millones de euros (siete mil de ellos en Sanidad y el resto en Educación). La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que estas nuevas medidas son necesarias para contribuir a la "consolidación fiscal" y garantizar la viabilidad de los servicios públicos.

Sáenz de Santamaría ha admitido que las medidas estructurales aprobadas respecto a Sanidad y Educación en el Consejo de Ministros son "difíciles", en "un momento difícil", pero este esfuerzo es "imprescindible" para mantener el Estado del Bienestar. Estas medidas, que han sido adoptadas en un Consejo de Ministros "amplio" presidido por Mariano Rajoy, después de que volviera de su visita a México y Colombia, responden, según la vicepresidenta, a un programa de reformas "necesario" para que España pueda superar la crisis y sentar las bases de crecimiento para el futuro.

Medidas que se llevan a cabo con el fin de cumplir los objetivos de déficit ante una caída "muy importante" de los ingresos y los recursos, pero que se adoptaran de forma que se pueda hacer sostenible el Estado del Bienestar. Y son reformas que implican un esfuerzo a "muchos ciudadanos" porque, según Santamaría, es "imprescindible" sanear las cuentas públicas para que el Estado del Bienestar tenga futuro y España pueda salir adelante. Pero en el ánimo del Gobierno está, según sus palabras, adoptar medidas que sean "lo más equitativas y justas posibles", porque el esfuerzo "no puede ser a todo el mundo por igual". Se trata de medidas "importantes", tal y como ha dicho, para lograr la consolidación fiscal de todas las administraciones públicas, con especial incidencia en los presupuestos de las comunidades autónomas, pero también para permitirles tomar medidas administrativas para que puedan lograr cumplir el objetivo de déficit.

Mato justifica los "sacrificios" en Sanidad

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado los "sacrificios" que conlleva la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno en que permitirán a este servicio público "salir de este tiempo de crisis económica" y permanecer "en el futuro". El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario.

Entre las medidas aprobadas destaca el copago farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación. Mato ha señalado, en las rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, que además de garantizar la universalidad de la Sanidad para "todos los españoles" es necesario poner coto a la utilización "ilegal" e "indebida" que hacen algunos extranjeros de este servicio.

La ministra ha anunciado que el Gobierno modificará la Ley de Extranjería, de modo que se exigirá como requisito a los inmigrantes que además de estar empadronados coticen a la Seguridad Social, al igual que cualquier ciudadano español para recibir esta asistencia. La reforma incluye el control del denominado "turismo sanitario" y "fraudulento", mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros. Para ello, se añadirá un artículo que faltaba en la trasposición de esta directiva, que impedirá el traslado a España con motivos exclusivamente sanitarios de los ciudadanos comunitarios.

La titular de Sanidad ha anunciado que se van a revisar algunos convenios internacionales en esta materia, ya que "muchos" países no reintegran el dinero que deben a España por la atención sanitaria a sus ciudadanos. Todas estas medidas, ha apuntado la ministra, conllevarán un ahorro de más de 1.000 millones de euros si se controlan los abusos de los pacientes europeos y de otros 500 si se evita que los inmigrantes traigan a sus familiares sin derecho a utilizar la Sanidad.

Por otra parte, el decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Gobierno, "seguirán siendo gratuitas". La extensión del uso de la Plataforma de Compras Centralizada para fármacos y tecnología, el fomento del uso de los genéricos, el abaratamiento de las medicinas y la adecuación de los envases a los tratamientos son otras de las actuaciones por las que se reducirá el gasto sanitario, para lo que se pedirá "un esfuerzo" a la industria.

En cuanto al copago sanitario, Mato ha reconocido que es "un sacrificio importante para los pensionistas" y ha confesado que al Gobierno no le "gustaría haber tenido que tomar esa decisión", si bien "servirá para que la Sanidad pública siga siendo viable". La titular de Sanidad ha mantenido su compromiso de que no habrá "copago" sanitario, por lo que la asistencia en España seguirá siendo gratuita, y ha pedido a los ciudadanos un "esfuerzo" a la hora de asumir estas medidas, ha precisado Mato, quien ha dicho que el déficit de la Sanidad se eleva a 16.000 millones de euros. Ante esta situación, ha abundado en que la reforma es "imprescindible" para afrontar una situación que es "estructural" y "no coyuntural". La ministra ha defendido que las medidas adoptadas son "equitativas" y "justas", al determinar que "los que más tienen aporten más y los que menos tienen aporten menos o nada".

Mato ha respondido a las críticas de los socialistas de que esta reforma supone el mayor atentado del Estado de bienestar, al aseverar que el Gobierno está arreglando lo que "ha destrozado" el PSOE y ha pedido a este partido que "intente ser parte de la solución". Preguntada sobre las movilizaciones de protesta convocadas contra la reforma sanitaria, ha lamentado que los sindicatos no estén "colaborando con la salida de la crisis".

Ajustes en Educación

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que permite a las comunidades subir el número de alumnos por aula de colegios e institutos y encarecer las matrículas de las universidades públicas, desde el curso próximo, para cumplir el objetivo de déficit autonómico de este año, del 1,5 por ciento. La norma, que deberá convalidar el Congreso, ofrece a las administraciones una serie de posibilidades para ahorrar 3.000 millones de euros en el conjunto de los presupuestos autonómicos, pues cada una decidirá qué medidas aplica y cómo, según sus necesidades.

Sáenz de Santamaría ha indicado que se trata de una "racionalización en la gestión del gasto educativo", a la que seguirá una reforma del sistema. En la rueda de prensa posterior al Consejo, ha explicado que se busca "compensar" la aportación de recursos de la sociedad para que todos los alumnos estudien en igualdad de oportunidades con el esfuerzo de éstos. En la educación universitaria, se limita la incorporación de personal de nuevo ingreso y los alumnos de grado y los de máster que habilitan para ejercer una profesión tendrán que pagar entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de la titulación (la media era del 15 por ciento hasta ahora). Las condiciones se endurecen aún más para los repetidores, que deberán asumir entre el 30 por ciento y todo el coste de los estudios, según el número de veces que necesiten matricularse para aprobar.

Las comunidades, en diálogo con las universidades, fijarán el número mínimo de alumnos que ha de tener una titulación para que sea "viable". También subirá la dedicación docente de aquel profesorado sin "sexenio activo o vivo" (los que no están investigando) y, por el contrario, se reducirá para los que muestren excelencia científica. Se incorpora el principio de estabilidad presupuestaria de las universidades tanto en la redacción como ejecución de las cuentas, con un sistema "punitivo" que aplicarán las CCAA a aquellas que incumplan.

En la enseñanza no universitaria, el tope de alumnos por aula se incrementa el 20 por ciento de forma "coyuntural", vinculado a las tasas de reposición de vacantes de funcionarios docentes (un 10 por ciento en 2012). Hasta ahora eran 25 estudiantes como máximo en primaria y 30 en secundaria obligatoria. El profesorado de infantil y primaria tendrá que dar temporalmente al menos 25 horas de clase semanalmente y 20 en el resto de enseñanzas, sin perjuicio de las reducciones por el ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro. Se aplaza hasta el curso 2014-2015 de la implantación de los módulos de 2.000 horas de los ciclos formativos de grado medio y grado superior y se elimina de forma transitoria la posibilidad de crear nuevos complementos retributivos o retribuciones variables.

Como medidas de carácter estructural, las bajas laborales inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro. Se elimina la obligatoriedad de ofertar al menos dos modalidades de bachillerato. Esta semana, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado a las comunidades autónomas el plan de "ajuste", que implica reformar parcialmente las leyes orgánicas de Educación, de 2006, y de Universidades, que había sido modificada en 2007.