El Gobierno afronta una semana clave para medir el apoyo de sus socios

La ley de amnistía reabre esta semana la actividad parlamentaria de 2024, que se retoma con riesgos para el Gobierno de Pedro Sánchez ante la amenaza de Junts de votar en contra de los decretos que el Ejecutivo debe convalidar y que incluyen medidas para frenar la inflación o para subir el subsidio por desempleo, medida esta última de la que depende la recepción de 10.000 millones de los fondos europeos.

El nuevo año se inicia con la actividad parlamentaria en el Senado, que hará las veces del Congreso, ya que el hemiciclo de la Cámara Baja está de obras, por lo que los diputados se trasladarán a la Plaza de la Marina para debatir y votar las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la ley de amnistía así como varias iniciativas de carácter urgente.

Entre ellas, los primeros decretos leyes aprobados por el nuevo Gobierno y que actualmente están en el aire ante el rechazo expresado por Junts, que podría hacerlos caer si el PP no los apoya.

La suma del PSOE, Sumar y de los socios de investidura de Sánchez no es suficiente para convalidar las tres normas: dos de carácter económico y otra vinculada a la administración de la Justicia y que contempla un artículo que no gusta a los independentistas catalanes, ya que puede poner en riesgo la aplicación de la ley de la amnistía.

Mientras algunos socios del Gobierno, como PNV y Bildu, analizan con detalle todos los decretos, el PP ha avisado de que no apoyará el nuevo paquete de medidas contra la inflación, que incluye la bonificación y gratuidad del transporte, porque señalan que no hay rebajas del IVA del pescado y la carne y contempla la progresiva subida del IVA de las energías.

“Ya dijimos a Sánchez que no cuente con nosotros cuando le fallen sus socios”, advierten fuentes de la dirección del PP.

Sin embargo, los populares sí podrían salvar el otro decreto de reforma de la administración de la Justicia al que se opone Junts, y sobre el que ERC aún no se ha pronunciado, ya que se trata de una reforma para agilizar la Justicia y los anteriores proyectos de ley que no dio tiempo a tramitar en la anterior legislatura contaron con el apoyo del PP.

De momento, lo que es seguro es que el primer pleno de 2024 promete nuevos enfrentamientos, sobre todo por la ley de amnistía.

El pleno tendrá que debatir y votar las dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo presentadas por el PP y por Vox y que abogan por la ilegalización de partidos. Aunque los populares ya han precisado que su formación no pretende ilegalizar ideas sino solo formaciones políticas o personas jurídicas que realicen declaraciones de independencia o convocatorias de referéndum ilegales.

La enmienda de Abascal va más allá al apostar por un nuevo tipo delictivo en el Código Penal que castigue “a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional”. Ambas enmiendas se votarán por separado –en un votación previsiblemente telemática ya que en el Senado no hay 350 puestos electrónicos al ser menos senadores– y decaerán con los votos en contra de los partidos que apoyaron la toma en consideración de la ley. PP y Vox podrían votar en contra de las enmiendas de la otra formación.

Un rechazo que verá el hemiciclo del Senado, donde precisamente el PP tiene mayoría pero que la casuística ha hecho que la otra mayoría del Congreso se traslade a la Cámara Alta.

Algo muy parecido se verá durante el debate del techo de gasto y la votación de los nuevos objetivos de déficit, que abrirán el camino a los presupuestos de 2024 que el Gobierno quiere tener listos en primavera y que los populares pretenden frenar en la Cámara Alta. Será la mayoría del Congreso la que avale este miércoles en el Senado la senda de déficit aunque luego tenga que volver a ser votada en esta misma Cámara y sea rechazada por la mayoría del PP.