La reprobación del 'Parlament' al Rey, al Constitucional sin apoyo del Consejo de Estado

El Gobierno ha aprobado por la vía de urgencia, y mediante decreto, la prohibición de las embarcaciones conocidas como narcolanchas, naves neumáticas semirrigidas de grandes dimensiones que se emplean para el tráfico de hachís en el Estrecho. Ha sido una de las medidas que el Gobierno ha tratado en el Consejo de Ministros que ha celebrado este viernes en Sevilla.

Debido a que la ley andaluza que regula la publicidad en tiempos electorales es muy exigente en cuanto a publicidad y anuncios de obras, ayudas o iniciativas de las instituciones, el Gobierno ha optado por sólo informar de asuntos que, como las narcolanchas, tienen una justificación por un estado de urgencia. Es la misma excepcionalidad que se ha esgrimido para otros dos asuntos: el reparto de 40 millones de euros a las comunidades para atender a los menores inmigrantes no acompañados (menas) e iniciar el trámite para la declaración de emergencia de las comarcas andaluzas afectadas por las inundaciones de las últimas semanas.

Después de celebrar la reunión de ministros en la plaza de España, Pedro Sánchez se trasladó al cercano palacio de San Telmo para visitar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Ha sido la primera reunión a solas y en concordia que celebran ambos dirigentes desde el último congreso federal de su partido.

Campaña electoral

Sánchez apenas participará en la campaña electoral, ya que tiene varios viajes internacionales previstos en esas dos semanas. Uno de ellos es el de Cuba, de especial transcendencia para las relaciones entre ambos países.

El Consejo de Ministros se ha celebrado en Sevilla como un guiño a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ahora que se han convocado las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, pero el gabinete de Pedro Sánchez ha optado por la prudencia para evitar críticas o impugnaciones de acuerdos. Así, el decreto de prohibición de las narcolanchas recoge como novedad que las naves se están empleando también para el tráfico de personas en el Estrecho. Este es el motivo de la urgencia, y de que se haya abandonado la idea de hacerlo por ley.

Tráfico de personas

Hace varias semanas que los narcos de Ceuta y del Campo de Gibraltar han ampliado el negocio ilegal a pasar inmigrantes en patera. Se anuncian, incluso en las redes sociales, y fue uno de estos traficantes el que manejaba una lancha que fue tiroteada por la armada marroquí. En este suceso murió una joven estudiante de Tetuán.

La norma afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud igual o inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra embarcación, con independencia de sus dimensiones y potencia, si existen indicios de que pueden ser utilizadas para cometer delitos de contrabando.

Menores inmigrantes

El Gobierno también ha aprobado una ayuda a las comunidades autónomas para atender a los menores inmigrantes. Aunque ésta es una competencia autonómica, el Ejecutivo considera que el alto número de inmigrantes que están acogidos en los centros han terminado por desbordar cualquier prevención presupuestaria.

El caso más grave es el andaluz, debido a la condición de frontera exterior de sus costas. Son 40 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía recibirá 25,5 millones, al ser la comunidad que más ha incrementado esta atención. Según el Gobierno son 3.412 inmigrantes por encima de la cifra del año 2017.

Ésta había sido una demanda de la Junta, desde este verano. De hecho, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios, había criticado que el Gobierno central diese entrada a los inmigrantes del Aquarius por San Roque, y no aportase fondos para acoger a los menores que venían en el buque.

Pese al Consejo de Estado

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, también ha anunciado que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional la resolución del Parlament de Cataluña en la que se reprueba al Rey pese a que el Consejo de Estado ha considerado que este recurso no es el cauce "idóneo". Celaá ha explicado que el Gobierno lo hace por "sentido de Estado", ya que entiende que la resolución del Parlament es "inconstitucional" y que, en todo caso, "respeta" la resolución del Consejo de Estado.

Celaá ha especificado que, de esa partida, 38 millones de euros se repartirán ahora entre las autonomías y se reservarán dos millones para gastos derivados para comunidades que sufran un incremento estacional de menas.

Inundaciones en Málaga y Sevilla

El Gobierno ha estudiado el informe sobre las últimas inundaciones en Andalucía, en las provincias de Málaga y de Sevilla. Tras analizar toda la información remitida por las autoridades autonómicas y locales, ha dado los primeros pasos para asegurar que los afectados reciban la ayuda necesaria para atender sus necesidades inmediatas. Además, está estudiando contemplar la zona afectada como zona catastrófica. Con esa declaración se facilitarían ayudas extraordinarias a los afectados.

Isabel Celaá ha anunciado la concesión de la medalla del mérito de protección civil en su categoría de oro y distintivo rojo al bombero José Gil Gutiérrez, fallecido la semana pasada en acto de servicio mientras intentaba auxiliar a personas afectadas por el temporal.