Garzón pide el traslado a la Corte Penal Internacional

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) como "consultor externo" de su Fiscalía tras recibir una invitación en este sentido del fiscal jefe de ese órgano, Luis Moreno Ocampo. Así lo han informado fuentes de la Audiencia Nacional, que han señalado que Garzón recibió el pasado día 6 una carta de Moreno Ocampo en la que le invitaba a "asistir" a su Fiscalía como consultor externo por un periodo de siete meses para contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos.

El juez ha pedido este mismo martes al órgano de gobierno de los jueces que le declare en situación de servicios especiales, solicitud que será estudiada por la Comisión Permanente de ese órgano, han informado fuentes del CGPJ. Antes de hacer esa petición, Garzón ha informado al presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que ha dado su visto bueno al traslado. De acordarse la incorporación del magistrado al TPI, ésta sería inmediata y el juez trabajaría en la ciudad holandesa de La Haya, aunque Moreno Ocampo ya le ha comunicado que eventualmente podría desplazarse a lugares como Congo, Uganda o Colombia, donde este tribunal tiene investigaciones abiertas.

La situación de servicios especiales es asimilable a una excedencia, con la diferencia de que no se pierde el destino y no hay que volver a concursar. En cualquier caso, la Comisión Permanente deberá analizar si el cargo al que opta Garzón figura en el catálogo de puestos internacionales que dan derecho a la declaración de servicios especiales.

Estar en esa situación, han explicado fuentes del CGPJ, no implica modificación alguna en el estatus del juez, que seguirá siendo titular de su Juzgado -el Central de Instrucción número 5- y mantendrá la condición de aforado, por lo que las causas que tiene abiertas seguirán tramitándose en el Tribunal Supremo. Estas fuentes han añadido, sin embargo, que en el caso de que en los próximos días se dicte la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, no está tan claro que el CGPJ pudiera acordar su suspensión provisional. La razón es que esta medida cautelar está prevista para apartar del servicio activo a los magistrados encausados penalmente, pero en el caso de Garzón habría perdido ya su objeto.

La situación cambiaría nuevamente cuando finalizara el plazo de siete meses por el que ha solicitado el traslado al TPI y Garzón tuviera que reincorporarse a la Audiencia Nacional, momento en el que, si no ha habido novedades en las causas que se tramitan contra él, debería ser suspendido. Además de la que instruye Luciano Varela por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, que es la más avanzada procesalmente, Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Tribunal Supremo.

Una de ellas se refiere a los fondos librados por el Banco Santander para patrocinar los cursos que el magistrado impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, mientras que en la otra -en la que ayer mismo declaró como imputado- se le investiga por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados.