Garzón solicita su libre absolución por la investigación de los crímenes del franquismo

Madrid/El defensor del juez Baltasar Garzón en la causa por la que será juzgado en el Tribunal Supremo por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, Gonzalo Martínez-Fresneda, solicita la libre absolución del juez por no constituir los hechos denunciados delito alguno. El abogado presentó el jueves ante el alto tribunal su escrito de defensa de cara al juicio en el que defiende la legalidad de todas las resoluciones que adoptó Garzón y expresó sus quejas sobre la situación de "indefensión" sufrida por esta parte al tener que presentar sus conclusiones provisionales cuando aún quedan por resolver por hasta seis recursos que afectan a la nulidad de todo el procedimiento.

Concretamente, la sala aún no ha dado respuesta a la petición de la defensa de Garzón para que se anulen los autos por los que el instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, otorgó plazo y dio instrucciones a las acusaciones populares para que enmendaran sus escritos de acusación, petición a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, que no acusa a Garzón en este procedimiento.

También está pendiente el recurso planteado por Martínez-Fresneda contra la denegación de pruebas solicitadas por la defensa de Garzón, y otro contra la negativa de la Sala de apartar de la causa a Varela, contra quien Garzón planteó dudas de parcialidad. Finalmente, la Sala debe resolver dos recursos planteados por Falange Española y de las JONS contra la decisión de Varela de apartarla de la causa por no entregar escrito válido en plazo.

Vulneración de derechos fundamentales

Ante la existencia de recursos sin resolver, el abogado anuncia a la Sala que se encargará de juzgar a Garzón que de no prosperar ninguno de estos recursos antes de que se fije el inicio de la vista reproducirá sus peticiones en el trámite de cuestiones previas, alegando vulneración de derechos fundamentales. Además de insistir en la invalidez del escrito de acusación de Manos Limpias (que solicita 20 años de inhabilitación para el juez Garzón), Martínez Fresneda plantea una vulneración del derecho fundamental a conocer la acusación formulada, así como la falta de legitimación de esta acusación popular para promover en solitario la apertura de juicio.

También alega la existencia de una vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, tras ser rechazados todos los testigos y pruebas documentales que propuso en su día. De este modo, pide que se requiera la presencia en el juicio de todos los testigos que fueron rechazados durante la instrucción, entre ellos varios expertos internacionales en temas de jurisdicción universal.

"Es indudable que esa manera de terminar la instrucción de este procedimiento, sin dar la oportunidad a la defensa del juez Garzón de practicar ni una sola diligencia de prueba y sin darle la oportunidad de acudir en Alzada ante la Sala para exponer sus razones antes de que la instrucción estuviera finalizada, han generado una indefensión evidente, con consecuencias muy graves, ya que el auto de apertura de juicio oral dictado en esas condiciones ha supuesto la suspensión en sus funciones de mi representado", alega el letrado en su escrito.

42 testigos

En total, la defensa solicita la citación de 42 personas para que declaren en defensa de Garzón, con intención de demostrar que el contenido de las resoluciones adoptadas por el juez hasta que en noviembre de 2008 tomó la decisión de inhibirse en favor de los juzgados territoriales "no son extravagantes ni están notoriamente alejadas de una interpretación al uso". El objetivo del abogado es "probar el hecho de la existencia de una amplia corriente de opinión y doctrinal relacionada con la aplicación del Derecho Penal Internacional (...), los compromisos adquiridos por la Comunidad Internacional para la reparación de las víctimas de los crímenes cometidos en el contexto de crímenes contra la Humanidad y castigo a los culpables y la práctica de la persecución internacional de estos crímenes".

Además, el abogado de Garzón pide también la declaración de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel. Entre los testigos reclamados también está Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.