Garzón investiga sobornos de la red de Correa a políticos de Madrid y Valencia

El empresario Francisco Correa, cabecilla de la red de corrupción desarticulada el pasado viernes en la Operación Gurtel (correa en alemán), había fundado un total de 23 empresas con el único objetivo de hacerse con contratos de instituciones de la Comunidad de Madrid y Valencia empleando para ello "dádivas" y "sobornos" a funcionarios y autoridades públicas de esas dos regiones, ambas gobernadas por el PP.

En su auto de prisión, el juez Garzón, detalla que Correa era el líder máximo de ese conglomerado empresarial donde los otros dos detenidos, Pablo Crespo y Antoine Sánchez eran, respectivamente, su "persona de confianza" y una "pieza clave" para desvincular a Correa de estas empresas.

Garzón considera que hay indicios suficientes como para probar que estas empresas, entre las que están Orange Market, Special Events o Pasadena Viajes, se establecieron para "nutrirse de fondos de entidades públicas para obtener un beneficio propio" utilizando para ello "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad se está investigando, aclaró el juez, pese a que la información proporcionada en el auto permite deducir que los cargos sobornados pertenecían a instituciones gobernadas por el PP.

El juez señala también que se "entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero" para "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado y, así, obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas". El auto pone de manifiesto que Correa era el que "daba instrucciones al resto de los integrantes de la organización" y que era también quien daba las instrucciones para realizar las dádivas a los funcionarios públicos.

Las empresas de Correa se podían dividir entre las que se dedicaban a operaciones inmobiliarias y las de gestión -eventos, viajes y actividades administrativas-. Además de sus actividades en España, Correa invirtió en países como China, Azerbaiyán y Miami (EEUU).

El magistrado señala que el empresario planeaba salir de España el día 7 por lo que, siguiendo las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad, fue detenido el día 6 junto a otros cuatro implicados. Correa tenía intención de obtener residencia en un país de Centroamérica. Garzón justificó el envío a prisión porque si los "imputados estuvieran en libertad se dificultaría gravemente esa investigación por la eventual destrucción de pruebas".

Por su parte, el PP, tal y como anunció el pasado miércoles, presentó dos escritos ante la Audiencia Nacional. El primero para personarse en la causa y el segundo para solicitar la recusación del juez Garzón alegando su "animosidad" contra el PP. Los encargados de llevar ese escrito ante el Ministerio Público fueron la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo.

Ambos dirigentes argumentaron que Garzón, que el pasado fin de semana participó en una cacería con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en plena operación contra esta trama tiene un "interés directo o indirecto en el pleito" y que profesa una "enemistad manifiesta" con el PP que le priva, según reza el escrito, de la "exigible imparcialidad". Sáenz de Santamaría explicó también que el PP "no ha roto" el Pacto por la Justicia, pero que sí "suspende la interlocución" sobre el acuerdo mientras dependa de Bermejo

Fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien dio la réplica al PP. El jefe del Ejecutivo recordó a los populares que "atacar a los demás no resuelve los problemas internos" al tiempo que achacó a la "exageración" las críticas a Bermejo, por lo confió en que "las cosas vuelvan a su cauce".