Garzón, inadvertido en La Haya
El futuro del magistrado La CPI se apoya puntualmente en la figura de un asesor o de un invitado
La posible llegada del magistrado español a la Corte Penal Internacional apenas ha suscitado reacciones en la ciudad que está considerada como capital de la Justicia
La Haya, considerada capital mundial de la Justicia por el elevado número de tribunales internacionales que alberga, podría ser el próximo destino temporal para el juez español Baltasar Garzón. No obstante, lejos de cualquier entusiasmo o polémica, la Corte Penal Internacional (CPI) se lo toma con total normalidad.
Después de que el Consejo General del Poder Judicial en Madrid concediera a Garzón la autorización para trasladarse a la CPI, muchas ha sido las opiniones, contrarias y a favor, desde diferentes sectores políticos españoles. No obstante, en la Corte la medida se ha tomado con una "total normalidad".
"Esto es algo totalmente normal. Aquí, en la Corte, tenemos contempladas dos figuras específicas que son, por un lado, la del fiscal invitado (visiting prosecutor), y por otro, la del asesor especial (special adviser)", explica uno de los portavoces del tribunal. "Aquí en La Haya no hay ni mucha ni poca expectación (por la eventual llegada de Garzón). No nos pronunciamos sobre ese tipo de decisiones. Es algo normal que el tribunal se apoye, puntualmente, en la figura de un asesor o de un fiscal invitado", agrega.
Por otro lado, el experto holandés Thomas Verfuss, que lleva desde 1992 cubriendo la información del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), y más recientemente de la CPI, asegura que "los tribunales internacionales tienen esa posibilidad, y no hay nada anormal en ello".
Muchas han sido las especulaciones en España acerca del supuesto trato de favor por parte del fiscal general del CPI, Luis Moreno Ocampo, en relación con el juez Garzón, a quien cursó personalmente la invitación para trasladarse, en principio por siete meses, a la CPI de La Haya.
El argentino Moreno Ocampo comentó recientemente que está "feliz" de iniciar cuanto antes la colaboración con Garzón. "Estamos muy satisfechos y listos para empezar. En cuanto pueda Garzón, comenzamos, hay mucho trabajo por hacer", aseguró en declaraciones a medios españoles.
"Es facultad discrecional de Moreno Ocampo, o de cualquier otro fiscal, decidir con quién desea contar como asesor en su equipo. No hay nada de qué alarmarse, estas cosas pasan casi todos los días en la CPI y en los otros tribunales internacionales con sede en La Haya", opina Thomas Verfuss.
Baltasar Garzón está suspendido de funciones por presunta prevaricación al investigar los crímenes cometidos bajo la dictadura franquista. Entre sus investigaciones más relevantes destacan los sumarios abiertos en relación con las desapariciones de ciudadanos durante las dictaduras de Argentina y Chile.
Pero la misma serenidad con la cual la CPI se toma el futuro trabajo de Garzón como asesor externo de la fiscalía se detecta en los medios de Holanda, los que, desde que fuera comunicada la decisión de permitir el traslado del juez a La Haya, han dedicado un espacio relativamente limitado a la noticia.
El periódico De Volkskrant resumía hace pocos días en un titular elocuente la situación en torno al magistrado: "el azote de las dictaduras del Cono Sur quiere venir a La Haya". Por su parte, en el Algemeen Dagblad los mayores titulares fueron dedicados al momento en el cual se decidió su suspensión. "El juez de la polémica vendrá a Holanda", afirmaba la semana pasada la radiotelevisión pública holandesa NOS.
Lo cierto es que a Garzón se le acumulan las tareas. Poco después de recibir confirmación de que podrá viajar a La Haya, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciaba, al margen de la VI cumbre entre la Unión Europea y América Latina y Caribe (UE-ALC), en Madrid, que había decidido ficharle como "asesor" para ayudarle a reformar el sistema judicial del país andino.
La Haya es, sin dudas, la capital jurídica mundial. Alberga el TPIY, el CPI, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una parte del Tribunal de Naciones Unidas para Sierra Leona (la otra está en Freetown), y la agencia europea Eurojust, que coordina las acciones en materia jurídica en toda la Unión Europea (UE).
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