Garzón declara que la defensa "está dentro de la trama Gürtel"

El juez Baltasar Garzón aseguró ayer en el Tribunal Supremo (TS) que ordenar intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los responsables de la trama Gürtel con sus abogados era la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban.

Así lo manifestó Garzón ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que instruye la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez -que representa al empresario José Luis Uribarri, uno de los imputados del caso Gürtel- y ante quien insistió en que al ordenar las escuchas su intención no fue "en ningún momento" la de conocer la estrategia de los letrados. De esta forma, durante sus cuatro horas de declaración, el juez de la Audiencia Nacional subrayó que con el auto por el que acordó intervenir las conversaciones no pretendió "limitar el derecho de defensa", sino averiguar el delito, "evitar la confirmación del mismo y la pérdida de los fondos".

A preguntas del fiscal explicó que los letrados estaban además "presuntamente dentro de la trama, coordinando la actuación y preparando la salida del jefe de la organización -Francisco Correa-, además de datos relevantes para la investigación".

Según el magistrado, "era lógico pensar" que los imputados en prisión "necesitaran de un enlace" para seguir realizando operaciones para mover el dinero de la trama fuera de España.

"Las iniciativas sólo podían salir de prisión, había movimientos de dinero y se corría el riesgo de perderlo, la única vía para evitarlo era la interceptación de las comunicaciones, puesto que los máximos responsables de la organización estaban presos", aseguró el juez de la Audiencia.

Para Garzón, existían indicios de que los imputados podrían hacer llegar a sus letrados informaciones que "podrían dar lugar a nuevos hechos delictivos o a ocultar delitos" relacionados con la investigación. Con este objetivo acordó también la prórroga de las intervenciones una vez que ya estaban personados nuevos letrados -entre ellos Ignacio Peláez-, algo a lo que no se opuso la Fiscalía, de la que además atendió su petición de "expurgar" conversaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de defensa.

Peláez acusa al juez de presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por haber ordenado las escuchas, que fueron declaradas ilícitas el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que Garzón, al ordenarlas, vulneró el derecho de defensa.

Ésta es la tercera vez que Garzón declara ante el TS, después de que lo hiciera el 9 de septiembre del pasado año por su actuación en el caso de las desapariciones durante el franquismo y el pasado 15 de abril, por los cobros supuestamente recibidos del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.