El destierro del dictador

1 de abril de 1940. Francisco Franco firma un decreto para construir su penúltima morada, el monumental Valle de los Caídos, para perpetuar la memoria de los que cayeron "en nuestra gloriosa cruzada". Su proyectada grandiosidad se justificaba así: "Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíe al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor".

Domingo 23 de noviembre de 1975. Un camión Pegaso conduce desde la Plaza de Armas del Palacio Real de Madrid el armón de artillería sobre el que se deposita el féretro de Franco y lo conduce hasta el termino municipal de San Lorenzo de El Escorial, a 58 kilómetros de Madrid, a esa grandilocuente finca de 1.377 hectáreas también conocida como Culegamuros, donde es enterrado bajo una losa de 1.500 kilos de hormigón.

Jueves 24 de octubre de 2019. El féretro será bendecido por el prior, Santiago Cantera, que oficiará luego una misa en el cementerio de Mingorrubio (adonde se trasladarán los restos en helicóptero para evitar altercados y sabotajes en carretera), fin de trayecto del reinhumado sátrapa, acompañado por el sacerdote Ramón Tejero, hijo del protagonista del 23-F. La estampa, muy familiar, entre allegados y reminiscencias de golpes de Estado, la completará la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su calidad de Notario Mayor del Reino de España, y un forense.

Intimidad

Todos pasarán por un detector de metales para evitar la introducción de cualquier dispositivo de grabación. Además, antes de la extracción del cuerpo, se colocará una carpa con techo sobre la tumba para garantizar la privacidad, a la que solo accederán los operarios, Delgado, el forense y un nieto de Franco -Cristóbal Martínez-Bordiú-. Hasta 22 familiares del dictador sacarán luego el féretro a hombros sin los honores militares que reclamaban para trasladarlo al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde reposará junto a los restos de su mujer, Carmen Polo, en un panteón familiar.

La pareja reposará a bastantes de kilómetros de la catedral de la Almudena, el recinto deseado por la familia Franco y que el Tribunal Supremo ha vetado por obvias razones de seguridad recordando a los nietos del dictador que "no gozan de una facultad incondicionada" para elegir el lugar de enterramiento, que en pleno centro de Madrid se habría convertido en un lugar de peregrinación de nostálgicos y en una potencial charca de conflictos de orden público en la que chapotearían los viejos sapos del odio entre las dos Españas.

En la construcción del Valle de los Caídos, que duró 18 años, participaron miles de presos políticos, sometidos a las normas del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Se inauguró oficialmente el 1 de abril de 1959 coincidiendo con el 20 aniversario del fin de la Guerra Civil y su coste, según investigaciones del hispanista Raymond Carr, ascendió a 1.086 millones de las antiguas pesetas (6.528.758 euros).

Al más puro estilo nazi, en vez de triángulos invertidos los presos fueron obligados a coser en su ropa botones de distintos colores para diferenciar sus condenas. Así, los vigilantes podían identificar fácilmente quién había sido condenado a muerte y quién solo a unos años. Entre los presos más ilustres se cuentan Gregorio Peces-Barbadel Brío, miembro del cuerpo jurídico militar de la República y progenitor de uno de los padres fundadores de la Constitución, y el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz.

Una gran fosa común

La mayor fosa común de España se rellenó con los restos de 33.833 personas (21.423 identificados y 12.410 sin identificar) de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 en 491 traslados desde fosas y cementerios de todas las provincias españolas, salvo Orense, La Coruña, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. La tumba de Franco está en el lugar que el derecho canónico reserva para papas y obispos.

Franco, que quería que el Valle de los Caídos fuera su particular Monasterio de El Escorial, incluyó en el proyecto una basílica y un monasterio, para combinar las formas colosales de la arquitectura fascista con un toque de espiritualidad. El elemento más imperial es la gran cruz de piedra de 150 metros de altura y brazos de 24 metros cada uno. En total, casi 200.000 toneladas de hormigón armado reforzado con un bastidor metálico y recubierto con cantera labrada y mampostería de berrugo. La cruz fue un encargo de Franco y un auténtico quebradero de cabeza para Diego Méndez, el artífice y responsable de levantar “el Altar de España, de la España heroica, de la España mística, de la España eterna”. Sin embargo, la terminó calificándola como "nuestra pesadilla".

En eso se terminó convirtiendo el proceso de exhumación para Pedro Sánchez. Nada más llegar a la Moncloa tras la moción de censura en junio de 2018, el actual presidente del Gobierno en funciones anunciaba a bombo y platillo que el nuevo Ejecutivo sacaría en poco tiempo a Franco de su mausoleo. Se apresuró. Tenía por delante más de un año de pleitos judiciales de la familia Franco, que se ha resistido con uñas y dientes.

Doblegados ante la Justicia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que ha avalado la exhumación ha rechazado este martes pasado un penúltimo intento de la familia del dictador de poner puertas al campo. El Alto Tribunal ha desestimado el recuso de reposición de los nietos contra la providencia del pasado 10 de octubre en la que los jueces puntualizaron a la familia que su sentencia es "título legítimo bastante" para acceder al recinto y sacar el cuerpo. Los deudos del dictador impugnaron esta providencia al considerar que viola el acuerdo con la Santa Sede porque se vulnera la inviolabilidad de la basílica ante la negativa del prior administrador a autorizar la entrada para acometer las actuaciones.

Los magistrados tienen aún sobre la mesa varios recursos de reposición que contienen reclamaciones para tratar de parar in extremis los trabajos que el Gobierno tiene previsto acometer este jueves en la Basílica. Han sido presentados tanto por la familia del dictador como por la Fundación Franco y la comunidad benedictina del Valle, que es la que gestiona desde 1959 el complejo y recibe las subvenciones, los beneficios del restaurante y de la hospedería del memorial franquista. Asimismo, este mismo martes, un juez ha mandado a la cuneta el último "intento desesperado", reza el auto, de la Fundación Francisco Franco de demorar la exhumación. Pedían una "medida cautelarísima" para suspender la licencia de obra, pero el magistrado la ha desestimado alegando que llueve sobre mojado y el escrito de los dolientes "poco o nada aporta sobre lo ya decidido".

El prior administrador de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos ha sido el último eslabón de la cadena de religiosa oposición a sacar a Franco. Tan místico como terrenal, Santiago Cantera hizo sus pinitos en la política: fue candidato de Falange en las elecciones generales de 1993, como número 32 de la lista por Madrid para el Congreso, y en las elecciones al Parlamento Europeo de 1994.

La Iglesia ha seguido la doctrina Osoro (Carlos, cardenal y arzobispo de Madrid), que estipula no interferir en el proceso y acatar las decisiones de los jueces, esmerándose en sus mensajes para que no arrecien las críticas por identificarse con los sectores de la feligresía más próximos al franquismo. La situación era delicada para el clero, habida cuenta de que en amplios sectores de la sociedad se valora muy bien el papel de Franco a la hora de detener la persecución religiosa que se desató en toda España durante la Segunda República y, más concretamente, en el Madrid rojo, en la Guerra Civil: entre 6.000 y 6.800 religiosos fueron asesinados por facciones del bando republicano.

Unas represalias en las que Franco no se quedó corto: muchas de sus miles y miles de víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por toda España, a menudo fuera de los cementerios y diseminadas por el campo, sin que su muerte constara en los registros civiles. En diciembre de 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que pretende hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas del franquismo para equipararles a las víctimas del otro bando, y ha establecido un mapa de fosas y víctimas, en constante actualización.

Este jueves se acaba la grandilocuente comunión de Franco con la historia, va a ser desterrado de su colosal templo, aunque sacarlo del pensamiento colectivo de los españoles va a ser más complicado que la extracción de la momia del ignominioso mausoleo.